Descuidado al extremo, el Instituto de Pensiones del Estado requería desde hace años una reforma y mayor atención; el déficit financiero es enorme y sus inmuebles se encuentran muy deteriorados.

Así se podría resumir el reto que enfrentó la actual administración estatal al recibir un sistema de pensiones a punto del colapso.

En diciembre de 2018, al asumir el cargo de gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez nombró a uno de los principales activos de Morena en Xalapa para encabezar el rescate del IPE. Daniela Griego Ceballos llegó a la dirección del Instituto con la instrucción de poner orden.

Como diputada local, la funcionaria fue insistente en la necesidad de modificar el marco legal que rige al IPE; por eso su nombramiento en el cargo podría considerarse lógico.

Daniela Griego explica a la perfección el problema del déficit financiero: en Veracruz hay 97 mil trabajadores activos que cotizan; cada uno de ellos aporta el 12 por ciento, y el patrón; es decir, el gobierno, el otro 20 por ciento para integrar el fondo del 32 por ciento que significan las cuotas.

El problema es que durante años, los pasados gobiernos omitieron ese pago, de tal manera que se acumuló una deuda de cuotas de aportaciones por 800 millones de pesos. Esa deuda fue reducida prácticamente desde el inicio de la actual administración, y se sigue trabajando en la regularización.

En Veracruz unos hay 32 mil pensionados actualmente. Cuando se diseñó el sistema de pensiones de Veracruz, se calculó que entre 9 y 12 activos podrían sostener a una persona pensionada, con sus aportaciones. Lo que no se previó es que el número de jubilados y pensionados crecería a un nivel mucho más acelerado que las cotizaciones, de tal forma que hoy hay 3 activos por cada pensionados.

Así lo resume la directora: se rompió el equilibrio, por lo que el déficit financiero sigue en crecimiento.

La Ley 287 establece que el gobierno estatal es el obligado solidario y tiene que aportar los recursos para asegurar las pensiones; la buena noticia es la disposición de la actual administración para asignar un subsidio suficiente y oportuno, lo que queda claro al constatar el dato de que a diferencia del pasado reciente, en Veracruz el pago de las pensiones no ha sufrido un solo día de retraso en dos años.

Aun así, el sentido común nos indica que en la entidad urge la actualización del sistema de pensiones, a efecto de que el déficit del Instituto no siga, como hasta ahora, en crecimiento.

El IPE, por cierto, no sólo opera gracias a las aportaciones de los trabajadores y de la parte patronal; cuenta con bienes que le permiten sumar ingresos: estacionamientos, edificios en renta y hoteles.

El problema es que esos inmuebles fueron abandonados por años y hoy acusan un enorme deterioro. A ello se debe la necesidad de destinar recursos para su mantenimiento, a efecto de que no pierdan su valor; a fin de cuentas, se trata de un patrimonio importante y cuantioso.

Los hoteles Chachalacas, Xalapa y María Victoria, por ejemplo, ya reciben atención, cuidado y mantenimiento. Además, de forma reciente, el gobernador Cuitláhuac García anunció la reincorporación de la Estancia Garnica, en la capital del Estado, al patrimonio del Instituto.

Es una superficie de más de 7 hectáreas, donde antes se ubicaba un casa de retiro; después se convirtió en un inmueble destinado a Seguridad Pública y hoy regresa al control del IPE, cuya junta analiza el nuevo destino de ese bien; entre los proyectos se encuentra un espacio para la atención de adultos mayores, una sala de conferencias, un espacio cultural y áreas para la recreación y para la práctica del deporte. Así las cosas con el rescate del Instituto de Pensiones del Estado.

@luisromero85