Luego de las denuncias hechas en este espacio sobre el próspero negocio que han orquestado las autoridades de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz (UPAV), en el que empresas privadas se encargan de pagar salarios del personal y las cuotas de los alumnos son depositadas a cuentas privadas bajo la fachada de una fundación, autoridades se han dado a la tarea de investigar su origen.

El acoso a funcionarios y trabajadores de todos los niveles incluye la negativa de otorgar licencias por enfermedad, lo que ya provocó el deceso por Covid-19 de una trabajadora y el riesgo de un contagio colectivo ante la negativa de establecer un cerco sanitario, enviar a los trabajadores sospechosos de contagio a sus casas y reducir al mínimo al personal, tomando las medidas sanitarias indispensables.

Así, mientras el gobierno estatal determina el cierre del centro de las principales ciudades del estado, la UPAV –como muchas otras instituciones del gobierno estatal y los otros poderes del estado- obliga a su personal a laborar en condiciones de vulnerabilidad, contraviniendo las disposiciones de las propias autoridades de salud.

Tras el periodo vacacional, incondicionales al rector Ome Tochtli Méndez Ramírez, indagan entre el personal para identificar el origen de la denuncia pública, en lugar de aclarar la razón por las que una institución del Estado recibe recursos de empresas privadas y a cambio de qué.

Como se recordará, el 28 de diciembre publiqué: “El origen del conflicto está precisamente en que la UPAV, siendo una institución educativa de carácter público que forma parte del Sistema Educativo Nacional cubre los sueldos a través de las empresas Omnichannel Solutions and Services S.A. de C.V., (RFC: OSS170512NI3) con sede en Córdoba, y GHP Fiscal Contable S.A. de C.V., (RFC: GFC120305 J78 radicada en Santiago Momoxpan, Cholula en Puebla.”

“Hasta ahora, el personal de la UPAV nada conoce de las empresas de las que reciben su salario ni las razones de por qué son empleados privados y no de la Universidad. A principios de año, el personal académico y administrativo firmó su contrato laboral en el que se establecía un aguinaldo de un mes de sueldo, prima vacacional y el resto de las prestaciones. Sin embargo, en la víspera de la navidad fueron informados de que sólo recibirían 15 días de aguinaldo.”
“Es decir, los trabajadores de la UPAV tienen una relación laboral con empresas privadas, son derechohabientes del IMSS –deberían serlo del IPE por tratarse de una institución del Estado-, y simulan pagos para evadir impuestos ante el SAT. Alguien tendrá que explicarlo porque alguien se está haciendo millonario.”

Y si la corrupción es grave, la situación sanitaria por la pandemia es criminal. El caso más lamentable es el de la joven Rosalba Moreno Estrada, quien tras una semana de hospitalización falleció este sábado a causa de Covid19, según denunciaron sus propios compañeros de trabajo. Tras las vacaciones, Rosalba se presentó a laborar, sin embargo, manifestó el cuadro sintomático del coronavirus, pero al no presentar una incapacidad del IMSS, fue obligada a continuar laborando hasta que tuvo que ser hospitalizada.

Por una semana, Rosalba tuvo contacto con el resto del personal de la Universidad; al solicitar permiso al área de Recursos Humanos, se le advirtió que de ausentarse a laborar se le descontarían los días y se le daría de baja. Murió hace dos días, sin que las autoridades se hagan cargo de los gastos funerarios. Hasta ahora no hay certeza de cuántos contagios podrían presentarse ya que fue hasta apenas este jueves que decidieron que una parte del personal se retirara a laborar desde casa.

Otro caso es el de Víctor Raúl Hernández Gabriel, quien fue internado en un anexo a causa de su adicción al alcoholismo. Ante la situación por su enfermedad, tuvo que ser la madre del trabajador quien acudió a la UPAV para explicar la situación y solicitar un permiso laboral durante el tiempo de recuperación. La respuesta fue enviar a personal de la Universidad al anexo donde se encuentra internado para hacerlo firmar su renuncia.

La furibunda respuesta de las autoridades a la publicación sobre la corrupción que impera en la Universidad ha tomado revancha sobre el personal de la institución. El silencio que han guardado el gobernador Cuitláhuac García y el secretario de Educación Zenyazen Escobar podría romperse una vez que se conozcan más datos sobre los contratos, prestanombres, cuentas bancarias y hasta la nómina familiar que existe en la institución.

Las del estribo…

1. Y en medio de la saturación hospitalaria, resulta que son los “siervos de la nación” y no el personal médico quienes llevan mano en la aplicación de la vacuna contra el Covid-19. El propio gobierno lo confirmó luego de darse a conocer que los brigadistas reciben la vacuna antes que el resto de médicos, enfermeras, que camilleros y personal médico que labora en la primera línea de atención de pacientes. ¡Primero los votos!

2. Verdadera consternación causó la tarde de este domingo la noticia del fallecimiento de Edmundo Martínez Zaleta, un político querido y respetado, quien tuvo una larga trayectoria en la administración pública. Edmundo se suma a la larga lista de personajes políticos que han perdido la batalla contra el Covid-19. El virus es real, es mortal y cada día nos lo demuestra de la peor forma.