Resulta que el Congreso local no es capaz siquiera de copiar bien una ley General y replicarla en el ámbito jurídico estatal. Ayer, la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó la Ley 248 de Comunicación Social del Estado de Veracruz debido a que el Congreso local la aprobó por la vía del “fast track”, omitiendo deliberadamente el proceso legislativo requerido por su propia Ley Orgánica.

Esta legislación federal establece las normas a que deberán sujetarse los entes públicos para garantizar que el gasto en Comunicación Social cumpla con criterios de economía, transparencia y honradez, respetando las condiciones de ejercicio que establezcan los presupuestos de egresos. Sin embargo, la contratación de la publicidad institucional, los medios y sus montos, siguen siendo absolutamente discrecionales.

La Ley General de Comunicación Social fue promovida por el PRI luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenara al Congreso federal regular la propaganda del gobierno. Aprobada el 10 de abril de 2018, tuvo el voto en contra de Morena, el PRD y hasta del PAN.

El Congreso de Veracruz no tenía más que elaborar su propio ordenamiento y armonizarlo a la ley reglamentaria del artículo 134 Constitucional, incluso con la posibilidad de corregir las deficiencias que Morena había señalado durante su aprobación. Pero ni eso lo hicieron bien. Optaron por el chambismo de copiar cada coma y aprobar un bodrio que nada tiene que ver con la comunicación social sino con la regulación de la contratación de publicidad institucional.

La aprobación de la Ley de Comunicación Social para el estado sólo fue un trámite administrativo para articular ambos ordenamientos. Mantuvo la confusión de propaganda con información y se privilegió el dinero –vía convenios y campañas de difusión-, sobre los contenidos y el trato con los medios.

La ley invalidada ayer establecía la creación del Padrón Estatal de Medios de Comunicación y buscaba garantizar que el gasto en comunicación social del Gobierno de Veracruz cumpliera “con los criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez”, además de que respetara los topes presupuestales. Estábamos en el peor de los mundos: sujetos a un padrón pero expuestos a la opacidad y la arrogancia de los funcionarios.

Nunca se refirió a la comunicación social ni a la relación entre los medios y el gobierno, sino simplemente a la contratación de publicidad oficial.

Sin embargo, la Corte no se ocupó de esas pequeñeces. Bastó con exhibir que los diputados de Veracruz incurrieron en violaciones a sus normas para dispensar el trámite requerido en la discusión –se pasaron por el arco del triunfo el proceso legislativo, pues-, luego de que fuera la Comisión Nacional de los Derechos Humanos quien presentara una acción de inconstitucionalidad.

En realidad, el bodrio de Ley de Comunicación Social sirvió a Morena para lo mismo que la quería el PRI. Para utilizarla como moneda de cambio y coerción e influir en la relación con los medios de comunicación y sus contenidos. Lo que Morena observó como agravio cuando fue oposición, significó horca y cuchillo para los medios locales ahora que es gobierno.

La elaboración del mentado padrón no se convirtió más que en una vergonzosa aduana donde se manifestaban los afectos y los rencores. Si no se cumplía con una caterva de requisitos, entonces no había padrón y sin padrón, no había convenios. Pero incluso, estar inscritos en el padrón de medios no es garantía ante la arrogante estulticia de los responsables de comunicación social y sus titulares.

Al tratarse de la armonización a una Ley General, el Congreso local sólo habrá de reponer el proceso. Nada cambiará a pesar del nuevo ridículo legislativo.

El TSJE tiene el virus en casa

De manera por demás contradictoria, el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial determinó ayer la suspensión de actividades en los juzgados en 12 demarcaciones mientras en que en el propio palacio de justicia mantiene laborando a la totalidad del personal a pesar de los múltiples casos de Covid que ya se han registrado.

En cumplimiento del decreto del gobernador para restringir la movilidad en varias ciudades del estado, la Judicatura decidió que los órganos jurisdiccionales deberán establecer guardias para garantizar el correcto funcionamiento de todas las áreas del Poder Judicial del Estado. Sin embargo, resulta que al menos en tres áreas administrativas del TSJE ya hay contagios confirmados y acudieron a trabajar ya con el virus activo. Incluso, algunos casos ya son públicos.

Si bien el servicio a la ciudadanía no se ha suspendido, el personal trabaja expuesto, sin acrílicos o medidas de sanidad, mientras que los infectados continuan desarrollando su trabajo. Lo que se espera del Consejo de la Judicatura es al menos un poco de congruencia y consideración a sus trabajadores.

La del estribo…

1. Con mil 314 muertes, ayer el país rompió un nuevo récord para un día; por la tarde se dio a conocer que falleció en Tamaulipas el paciente con la cepa británica del virus; los hospitales de Poza Rica, Xalapa y Veracruz se encuentran cerca de su límite. Desde mañana no podremos circular por el centro de la ciudad –pero sí por los mercados y centrales de abasto, vaya absurdo-. Quedémonos en casa.

2. Con razón no hemos podido traer a Karime de regreso. ¡No hay vuelos entre Inglaterra y Veracruz! Benditas redes sociales.