Seis personas, entre ellos 3 abogados de Orizaba, desaparecieron el 1 de febrero de 2016 tras acudir a defender a un detenido en las oficinas de la Coordinación de la Policía Federal en Veracruz.

Xalapa, Ver.- Seis personas, entre ellos tres abogados de Orizaba, desaparecieron el 1 de febrero de 2016 tras acudir a defender a un detenido en las oficinas de la Coordinación de la Policía Federal (PF) en Veracruz.

A cinco años de los hechos las autoridades no han dado con su paradero y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación para la Fiscalía General de Veracruz (FGE) así como para la Fiscalía General de la República (FGR) por irregularidades en la investigación.

El día de los hechos elementos de la PF detuvieron a ocho ocupantes de cuatro motocicletas en la zona centro de la entidad, en un vehículo adicional iban familiares de uno de los detenidos que buscaron el apoyo de abogados de Orizaba para la defensa de su familiar.

Se trata de un hombre de 29 años, una mujer de 31 y otro varón de 38 años, todos se desplazaron de Orizaba a la Coordinación de la PF en Veracruz para dar acompañamiento legal a uno de los detenidos, pero tras entrar en las instalaciones no se supo más de ellos.

Luego se dio a conocer que el detenido denunció en una testimonial que tanto su padre como su madre desaparecieron el mismo día de la desaparición de sus abogados durante una balacera en las inmediaciones de un centro comercial en el puerto jarocho.

De acuerdo con la recomendación 80/2020, la última vez que se estuvo noticias de los litigantes fue alrededor de las 4:30 de la tarde de ese 1 de febrero, cuando llegaron a las instalaciones de la PF y fueron atendidos por personal de ahí; se acreditaron como defensores del detenido y les permitieron el acceso; en ese punto ya no volvieron a comunicarse con sus familiares hasta la fecha.

La CNDH señala que parte de las irregularidades detectadas durante la investigación es que no se agotó la línea que señalaba como desaparición forzada este caso, luego de que los últimos en tener contacto con los abogados fueron elementos de la PF.

“Ocho personas servidoras públicas violaron el derecho de acceso a la justicia en su modalidad de procuración de justicia, así como a la verdad, en agravio de las tres víctimas, directas y de sus familiares debido a que incurrieron en ilegalidades en la investigación”, dice el documento.

La autoridad ordenó dos meses después de la desaparición la presentación de los servidores públicos que tuvieron contacto con los abogados, pero aún así uno de ellos no compareció y el ministerio público no ejerció sus facultades de apremio para que lo hiciera.

La recomendación señala que entre la Fiscalía de Veracruz y la FGR no hubo una coordinación para investigar estos hechos y en cambio hubo una dilación en las diligencias como la toma de muestra a familiares de uno de los desaparecidos.

“Llama la atención de esta Comisión Nacional la falta de coordinación entre las Fiscalías, al remitir el expediente en diversas ocasiones entre dichas instituciones, argumentando la competencia, periodos en los cuales se dejó de actuar en la investigación para dar con el paradero de las víctimas, sin enfocarse en determinar con claridad a quien le correspondía conocer de los hechos”.

Del análisis de las diligencias se desprende que aunque el 3 de febrero de 2016 se solicitó al Delegado de los Servicios Periciales de la Fiscalía Regional, Zona Centro Veracruz, ordenara tomar muestras biológicas para obtener el perfil genético y ser comparado con el banco de datos, así como con los cadáveres no identificados, restos humanos y osamentas, hasta el 10 de julio de 2018, no obraba el resultado de esta prueba pericial dilatándose un tiempo aproximado de dos años y cinco meses.

Advierte que además del 7 de septiembre de 2016 al 17 de marzo de 2017, las fiscalías dejaron de investigar la desaparición de las tres personas, pasaron seis meses sin actuaciones, pasando por alto que el tiempo para la búsqueda de personas es un elemento esencial para su pronta localización.

Otra de las irregularidades detectadas es que aunque la autoridad solicitó a la compañía telefónica los datos de localización de un número telefónico de una de las tres personas desaparecidas de Orizaba, proporcionaron mal el número, que no tenía nada que ver con la materia de la investigación.

Parte de la investigación se complementó con datos relacionados con la detención de la persona a quien los abogados acudieron a defender el día de su desaparición; de ello se advierte que aunque 13 elementos de la PF participaron en el operativo de detención, solo tres declararon cómo ocurrió, pero no aportaron datos sobre la desaparición del padre y madre del detenido.

Incluso, la CNDH señala que fue hasta el 19 de octubre de 2020; es decir cuatro años después, que se integró a la investigación el elemento de denuncia sobre la desaparición de sus padres el mismo día de lo ocurrido con sus abogados.

En su declaración, el detenido afirmó tener conocimiento de que tanto sus abogados como sus padres fueron detenidos por elementos de la PF en las inmediaciones de un centro comercial, en donde testigos refieren ocurrió una balacera el mismo día, cerca de las 6 de la tarde; esto es, una hora y media después del último contacto que se tuvo con los abogados.

“Incluso en la inspección del lugar de dicho evento, se recolectaron diversos indicios, entre ellos un zapato, el cual fue puesto a la vista de V6, quien no lo reconoció, desprendiéndose de ello que esta línea de investigación debió ser agotada, para ver si había otros elementos de prueba”, señala el documento.

Como parte de esta investigación relacionada con la detención de una persona y la desaparición de su padre y madre, se solicitó el contenido de las cámaras de vigilancia de las plazas de cobro Fortín de las Flores, Cuitláhuac y Paso del Toro, y a pesar de que fueron entregados los videos la autoridad no solicitó se realizara la extracción del audio y video para su estudio, como ocurre en este tipo de investigación.

Como resultado de estas irregularidades, la CNDH determinó que tanto la FGE de Veracruz como de la FGR deberán reparar el daño causado a las víctimas e inscribirlos a ellos y sus familiares en el Registro Nacional de Víctimas.

La recomendación señala que deben continuar con la integración y perfeccionamiento de los expedientes penales, revisar las indagatorias para la localización de las tres personas desaparecidas; en caso de su fallecimiento identificar y entregar los restos a sus familiares y que se colaboren en el seguimiento de la queja administrativa que se presentarán.

AVC/Perla Sandoval