El pasado nueve de diciembre se celebró el día internacional contra la corrupción, conmemoración instaurada por la Asamblea General de la ONU en 2003, año en que también se aprobó la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, documento que entró en vigor en el mes de diciembre de 2005.

Lo anterior con el propósito de combatir esta problemática que se encuentra presente en todos los países del mundo, misma que de acuerdo con el Secretario General de este Organismo Internacional constituye un ataque en contra de las Naciones Unidas, toda vez que, socava el Estado de Derecho e incita a la comisión de otros delitos.

El Foro Económico Mundial, estima que el costo de la corrupción es de al menos 2.6 billones de dólares, cifra que equivale al 5% del Producto Interno Bruto mundial, mientras que el Banco Mundial señala que anualmente se paga más de 1 billón de dólares en sobornos.

Por cuanto hace a nuestro país, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2019, el 15.7% de la población que realizó trámites, pagos, solicitudes de servicios, o bien, tuvo contacto con algún servidor público, menciona haber experimentado actos de corrupción; con base en lo señalado por los encuestados, las entidades federativas con mayor incidencia fueron Durango y el Estado de México.

Lamentablemente este es un problema muy arraigado en México, aunque, es importante destacar que, de acuerdo con un informe realizado por Transparencia Internacional y Transparencia Mexicana, en 2019 nuestro país mejoró su calificación en el Índice de Percepción de la Corrupción, logrando escalar ocho posiciones, luego de varios años de caída.

Sin embargo, aún queda mucho por hacer para desterrar de raíz esta problemática, definida por la Secretaría de la Función Pública como el abuso del poder para beneficio propio y clasificada en: gran escala, menor y política, categorización que se realiza tomando en cuenta la cantidad de fondos perdidos y el sector en el que se produce.

Es necesario mencionar que la citada Secretaría tiene una función primordial en el combate de este lastre que nos afecta a todos, toda vez que se encuentra obligada a constituirse como uno de los factores clave para la erradicación de la impunidad.

Asimismo, el Sistema Nacional Anticorrupción y los sistemas locales juegan un valioso papel en esta importante labor, pues fungen como espacios de coordinación entre las autoridades de todos los órganos de gobierno en la prevención, detección, así como en la sanción de faltas administrativas y hechos de corrupción.

No debe omitirse que la erradicación de este mal social sólo puede lograrse a través de esfuerzos coordinados de los Tres Poderes de la Unión, pero sobre todo mediante la voluntad tanto de servidores públicos como de la ciudadanía, considerando que este problema tiene dos dimensiones: la pública y la privada.

Debe eliminarse del imaginario colectivo la idea que engloba a la corrupción dentro de la cultura e idiosincrasia mexicana, ya que este pensamiento contribuye a minimizar la problemática y facilita la perpetración de conductas negativas; toda acción realizada al margen de la ley debe denunciarse y sancionarse.

Tanto servidores públicos como ciudadanos tenemos la obligación de contribuir a generar una cultura anticorrupción, comprometiéndonos con su erradicación y encaminándonos a la construcción de una nación más honesta y transparente.