La propuesta de reconfigurar las alertas por violencia de género en los estados, pretende establecer un mínimo de reuniones del Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario (GIM) y la obligatoriedad de los gobiernos para informar sobre sus avances de manera periódica, dijo la Fabiola Alanís Sámano, titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim).

En el informe “Violencia feminicida en México: retos y avances de las declaratorias de alerta de violencia de género contra las mujeres”, señaló que es urgente que en las 31 entidades federativas y en Ciudad de México se cuenten con las unidades de análisis de contexto para garantizar que predomine la perspectiva de género.

Consideró que las alertas de violencia de género contra las mujeres han servido como un acelerador para que los gobiernos estatales incluyan como eje prioritario de su política la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres, pero que es necesario eficientizar el mecanismo, debido a que existen todavía conductas “regresivas” con respecto a la violencia contra las mujeres.

“Reconocemos las actuales limitaciones de las alertas en la articulación y atención de las problemáticas en materia de violencia de género a nivel estatal y no vamos huido a la crítica, al contrario todo abona, todo suma”.

Dijo que se requiere una mayor participación de las organizaciones de la sociedad civil en el Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario porque actualmente la participación de las organizaciones de la sociedad civil se realiza de manera discrecional y variable dependiendo del estado en donde se emite la declaratoria.

A ello se suma la urgencia de crear lineamientos homologados que establezcan que el GIM debe estar conformado por expertas en la problemática denunciada así como por organizaciones peticionarias, con voz y voto, y que deberán participar de manera permanente.

Sobre la ausencia de medidas focalizadas y puntuales para atender problemáticas específicas, dijo que se requieren adecuar y mejorar las recomendaciones para hacerlo mucho más territorial.

“Con un nivel de comprensión mayor y con una participación más activa y dinámica por parte de los gobiernos locales y municipales, más que presupuestos generales necesitamos acciones que impacten y sean construidas con indicadores de evaluación. Proponemos realizar una mayor investigación territorial y de campo así como seguir visitas in situ pero tener una permanencia más amplia, no llegar de ‘pisa y corre’ en los municipios, sino realmente garantizar una presencia territorial de más plazo para tener una lectura más objetiva”.

Alanís Sámano agregó que pretenden homologar criterios mediante una clara metodología como el seguimiento a los GIM, estableciendo un mínimo de reuniones por año, así como la obligación de los estados para informar periódicamente sobre sus avances y establecer parámetros de medición cuantitativos y cualitativos para medir el impacto de las medidas.

“Lograr que las reformas al Código Penal se realicen en un marco de justicia social y seguridad pública y se investigue de oficio las posibles connotaciones discriminatorias por razón de género en actos de violencia contra mujeres y niñas”.

Además, la debida implementación de protocolos especializados con perspectiva de género en la búsqueda inmediata de niñas y mujeres desaparecidas, así como en delitos como feminicidio y trata de personas.

“Requerimos que desde las diligencias ministeriales la prevención en atención a las mujeres para que sea una política de Estado. Las Fiscalías tienen la posibilidad de identificar violencias y factores de riesgo para atender a las víctimas para limitar los daños que puedan sufrir, especialmente los feminicidios”.

AVC

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