A 13 años de la muerte de Ernestina Ascencio, una mujer indígena de 73 años de edad que habría fallecido como consecuencia de la violación sexual perpetrada por elementos del Ejército Mexicano en Tetlatzinga, Soledad Atzompa, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emplazó al estado mexicano para entregar en los próximos 30 días información justificada y sustentada por el cambio de peritaje médico sobre el deceso, con lo cual el caso fue reabierto.

Durante la audiencia pública del caso, los comisionados de la CIDH cuestionaron a la cancillería mexicana y a la Fiscalía General de Veracruz, las razones de haber variado el dictamen de la necropsia de Ernestina que en un inicio atribuyó la muerte como consecuencia de la violación sexual y luego se modificó para señalar que fue causada por una anemia aguda derivada de sangrado de tubo digestivo.

Los comisionados hicieron al menos un veintena de preguntas ante la postura del estado mexicano sobre este caso, así como la del entonces presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa; también por la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para lograr un nuevo peritaje forense; además, solicitaron información sobre las actividades del 64 Batallón de Infantería durante el día de los hechos en febrero de 2007, las bitácoras de estas, quién estaba a cargo, así como si existían denuncias previas contra los integrantes de este batallón.

La comisionada presidenta de la CIDH, Antonia Urrejola, aseguró que en México hay ya otros casos de violaciones a los derechos humanos de mujeres indígenas lo cual dijo es un tema con trasfondo de política pública que debe revisarse, ya que dijo “cuando se violan los derechos de mujeres indigenas se violan los derechos de un colectivo”.

“México ya tiene casos, y más allá de si existió o no violación, ya hay un antecedentes en México de violencia contra las mujeres que sí han sufrido violencia sexual por medio de las fuerzas armadas; además de la violación al acceso a la interpretación, la justicia y la salud. Más allá de la autopsia y el tema que es, hay un tema d fondo, es un tema específico, tiene un trasfondo de política pública”.

La relatora de la CIDH para México, Esmeralda Arosemena, fue la primera en cuestionar el cambio de peritaje de la necropsia basado en una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), ya que preguntó si era parte de su facultad al señalar que quienes pudieron revisar a la víctima, aún con vida, fueron los peritos.

“Esta facultad de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para intervenir en el análisis pericial realizado por el médico forense, quienes habían determinado en un primer momento a la víctima aún con vida, y solicitar la revisión de los servicios periciales y cambiar de manera completa la información del peritaje de necropsia. Me llama la atención esa facultad de la Comisión Nacional y escuché señalar que el personal médico forense fueron denunciados y se les ha sancionado por el manejo de ese peritaje. En esa información ¿se demostró que hubo negligencia, una falta de pericia o cuáles fueron las razones?”

Además evidenció el cambio rotundo en el peritaje de violencia sexual que determinó la destrucción de los órganos internos de la víctima, como riñones e hígado por el uso de un objeto punzocortante durante la agresión; incluso le cuestionó al Estado mexicano qué tan frecuente es que un Presidente de la República, como en el caso de Felipe Calderón, se pronunciara en torno a una investigación penal y si su declaración en torno a que Ernestina no murió por la violación sexual que sufrió, se hizo durante la investigación en curso o derivado de un análisis ya concluido.

“La fecha de este pronunciamiento ¿en qué etapa de la investigación estaba, había un informe pericial, en qué estaba se produce se pronunciamiento y qué tan normal es que un Presidente de la República se pronuncie en materia penal en un caso de violación como se estaba investigando para determinar que no fue violación, porque eso es lo que dice el presidente, y que murió por otras cosas”, preguntó.

A estos cuestionamientos se sumaron los de la comisionada Julissa Mantilla que aceptó “estar impresionada” por el cambio del primer peritaje de la necropsia al segundo, y demandó conocer el estado actual de esas investigaciones, las actividades del 64 Batallón de Infantería

“Cómo es que se pasa de un informe a otro totalmente distinto. Adicionalmente a eso quisiera información sobre las actividades de ese día, los horarios de entrada, de salida, toda la información de quiénes estuvieron a cargo porque me parece importante; también saber si tienen otras quejas o denuncias por violencia, no solamente sexual, sino en general, contra este batallón”.

El estado mexicano también deberá entregar estadísticas sobre los cados de violencia sexual contra las fuerzas armadas y su estado actual, clasificado por zonas geográficas, así como recomendaciones sobre este tipo de denuncias emitidas por la CNDH; tendrá que informar cuáles son los programas de capacitación a fuerzas armadas en temas de género, interculturalidad e interseccionalidad, sobre todo cuando se instalan batallones en territorio indígena, así como las actividades concretas de la Sedena en cuanto a la investigación y sanción de los casos de violencia sexual; el número de intérpretes asignados por cada zona en comunidades indigenas que cuentan con batallón.

Por su parte, la comisionada Margarette Macaulay cuestionó si desde entonces el sistema de salud y el acceso a sus servicios han mejorado en estas zonas indígenas y cuál es la postura del Gobierno de Veracruz en torno a que Ernestina no pudo recibir atención médica en la unidad médica en Soledad Atzompa debido a que esta se encontraba cerrada, lo cual agravó su condición.

Fiscalía de Veracruz mantiene postura; Ernestina murió por anemia

Durante la audiencia de la CIDH, la Fiscalía General de Veracruz, en voz del fiscal Hernán Cortés, sostuvo que la investigación por el fallecimiento de Ernestina se realizó con apego a la ley y que no hubo violación a sus derechos, lo cual fue respaldado por la cancillería mexicana con la representación de Cristopher Ballinas Valdés.

El fiscal del órgano veracruzano y que fungió como representante del estado mexicano, Hernán Cortés, insistió en que la investigación se realizó apegada a derecho y que aunque “hubo irregularidades” en la investigación de inicio estas fueron subsanadas.

“Si bien es cierto que en un primer momento hubo irregularidades dentro de la investigación las mismas fueron subsanadas para esclarecer los hechos del caso, sin que existieran afectaciones a los derechos humanos de la señora Ernestina Ascencio y de sus familiares, por lo tanto el Estado considera que no se cometieron violaciones a los derechos humanos en el marco de la investigación por la muerte de Ernestina”, señaló durante la audiencia.

Aseguró que en una primera revisión por parte del personal médico del Hospital Regional de Río Blanco y una ginecóloga de la entonces Procuraduría de Justicia de Veracruz determinaron que Ernestina sufrió una violación de tipo anal y vaginal, pero que “tras las evidencias recabadas y mediante un análisis de peritos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos se determinó que hubo omisiones e inconsistencias en la revisión del estado médico y durante la necropsia”.

Justificó que el documento de la necropsia no se sustentaba con estudios que avalaran la violación y que tampoco se observaron datos compatibles con la penetración de un objeto de mayor diámetro en los orificios vaginal o anal y que ante ello se determinó el no ejercicio de la acción penal.

“Se acreditó científicamente que la muerte de la señora Ernestina fue ocasionada por una anemia aguda por sangrado de tubo digestivo secundario; por esas razones el 30 de abril de 2007 se determinó el no ejercicio de la acción penal, situación que fue debidamente notificada a sus familiares, a quienes se les informó que contaban con 10 días para interponer el recurso de queja en caso de inconformidad contra la determinación ministerial, que no fue impugnada y quedó firme”.

Hernán Cortés dijo que como parte de las recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en este caso, la Procuraduría General de Veracruz sancionó a un médico legista de la Dirección de Servicios Periciales y al entonces delegado de Servicios Periciales de Orizaba por su trabajo en la las investigaciones. El fiscal incluso señaló que ahora la Fiscalía General de Veracruz, a cargo de Verónica Hernández Giadans, ofrece a los familiares directos de Ernestina Ascencio “el pleno acceso al expediente”.

En su intervención el canciller Cristopher Ballinas Valdés aseguró que las investigaciones se llevaron a cabo todas las diligencias necesarias para esclarecer su muerte y que “con el apoyo de investigaciones y recomendaciones de la CNDH se corrigieron errores iniciales en el peritaje de la necropsia”.

“No queremos parecer que somos insensibles a las demandas que hace estamos en la mejor disposición de seguir dialogando”, prometió.

Aislaron a la familia para que no impugnaran fallo

Las organizaciones peticionarias del caso, advirtieron que los familiares de Ernestina Ascencio no pudieron imputar el fallo del ministerio público que determinó el no ejercicio de la acción penal porque el Gobierno de Veracruz “los aisló” y mediante engaños los llevó a la Ciudad de México durante 20 días.

Al respecto, Carmen Herrera, aseguró que de manera engañosa y perversa las autoridades del Gobierno entonces encabezado por Fidel Herrera Beltrán, se llevaron a la familia a un viaje a la Ciudad de México para acudir a una misa en la Basílica de Guadalupe; y que a pesar de que el viaje estaba planeado por dos días, lo ampliaron a 20 con lo cual lograron distraer a la familia para que no impugnaran la decisión del ministerio público.

“Los familiares son víctimas de toda la maquinaria del Estado puesta para que haya impunidad en este caso, para que no se investigue a elementos del Ejército; desde el momento en que fueron asilados para que no impugnaran, no se les informó y con engaños fueron invitados a visitar la Basílica, imagínense la perversidad, para apelar a su religiosidad, llevarlos a la misa y luego perderlos durante 20 días al lado de la prensa con la imposibilidad de impugnar”.

Y criticó la posición que el Estado ya que dijo busca confirmar “esa verdad histórica que se acostumbra construir para la impunidad y opacidad”, lo cual dijo resulta lamentable porque muestra el desdén del estado mexicano ante este caso.

“No escuchamos ninguna explicación convincente o de satisfacción al derecho a la verdad, vemos un profundo desdén hacia este caso, hacia las víctimas, hacia las peticionarias; cuando se habla de que se sancionaron a peritos se sancionarían a quienes dijeron la verdad; el hecho e que se nos deslegitime como ha sido la posición reiterada del estado, para pedir justicia y verdad para Ernestina nos parece inaceptable y ha sido el discurso y posición del estado durante toda la discusión de admisión del caso”.

Aseguró que la familia de Ernestina ha sido víctima del aparato estatal y que ello derivó a que mucho tiempo “se encerraron en un cerco muy fuerte”, y ante la posición del Estado llamaron a que la CIDH se pronuncie a la brevedad sobre el fondo de este caso para que se haga justicia para Ernestina y sus familiares.

“Hemos establecido contacto, tenemos testigos cómo fueron aislados, uno de esos testimonios fue presentado a la Comisión; tenemos contacto con uno de sus hijos que ya fue entrevistado y una nieta nos está escuchando. Creemos que ellos muy pronto asumirán una posición de si estarán activos o nos porque viven una afectación que no tiene dimensión. Ellos están de acuerdo en que estamos en esta audiencia y esperamos que poco a poco se construyan las condiciones que se requieren, aunque costará mucho trabajo, para que ellos encabecen esta exigencia”.

AVC/Perla Sandoval

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