La rectora sabe con quién juntarse. Ese es, dicen quienes le conocen, su don fundamental. Pero también sabe hacer juntas. Un ejemplo de esta virtud ha sido su paciente y prolongado acto de controlar, mediante el manejo del Consejo Universitario General, la Junta de Gobierno de la Universidad Veracruzana.

Y es que la Junta -de acuerdo a la Ley Orgánica vigente para la UV- ha de nombrar al sucesor de la rectora y ésta espera decidir quién será ese sucesor: uno que garantice cuidar el tiradero.

Hasta la fecha, la señora ha conseguido configurar una Junta dócil, mansa y muy a modo, y todo indica que así seguirá.

Ejemplo del dominio que ejerce sobre los notables es la manera en que dejaron fuera de la terna -de la que ha de surgir un nuevo integrante de la Junta de Gobierno- a Raúl Arias Lovillo, ex rector de la UV, conocedor a fondo de los problemas de la universidad, opositor abierto y crítico de los usos y costumbres inaugurados por la rectora para manejar académica y financieramente a la máxima casa de estudios de Veracruz.

Pese a haber sido propuesto por un sector amplio en diversas regiones de la UV, y de tener la experiencia y el perfil necesario para formar parte de la Junta, a Raúl Arias le faltó el requisito fundamental: ser lacayo de la rectora. Siendo un muy previsible escollo en los esfuerzos de ésta por trascender a través de la imposición de su delfín, el destino de la candidatura del ex rector estaba sellado desde el principio. Y supongo que él mismo lo sabía, de manera que no lo imagino sorprendido por el resultado. Ésta fue la crónica de una exclusión anunciada.

Así, el poder de la rectora sobre la conformación y funcionamiento de la Junta aumenta en los meses previos al término de su administración. Sin embargo, aunque en los hechos los notables de la Junta de Gobierno obedecen cualquier ocurrencia, existe una Ley que deberían acatar, pues el desconocimiento de esa Ley no los exime de su cumplimiento.

En particular, la Junta de Gobierno está obligada a transparentar los métodos y criterios que adoptó para excluir a quienes borró, e incluir a quienes integró en la terna, a saber, Virginia García Acosta, supuesta alfil de la rectora; José Ramón Eguibar Cuenca y José Antonio Seade Kuri; la terna habrá de votarse en el Consejo Universitario General para elegir un nuevo integrante de la Junta de Gobierno, proceso en el que los dados cargados operan ya en favor de la doctora García Acosta.

El derecho de acceso a la información es parte fundamental del derecho a la libertad de pensamiento y de expresión, y encuentra fundamento en los principios de máxima divulgación, publicidad y transparencia. Por ello es inaceptable que la Universidad Veracruzana, la más importante de la entidad y del sur-sureste del país, transite en pleno siglo XXI por caminos de opacidad, vulnerando derechos de la comunidad universitaria al ocultar información sobre sus procedimientos.

Al ominoso proceso que excluyó al ex rector Raúl Arias se suma el caso de una segunda vacante que deberá ser ocupada, y que se procesará sin mediar convocatoria; es decir, a puerta cerrada y en lo más oscurito de la Junta de Gobierno, sobre cuyos procedimientos y criterios la comunidad universitaria tampoco estará enterada.

Es probable que la Junta aún no haya dimensionado que trabajar en la opacidad no solo significa un retroceso en el tiempo, perjudicando a la comunidad universitaria; sino que pueden convertirse en sujetos activos de una violación internacional del derecho humano de acceso a la información (Corte Interamericana de Derechos Humanos, 2006).

Aún es tiempo de que reflexionen sobre la importancia y, sobre todo, sobre que el mandato jurídico sobre su responsabilidad se debe ante la comunidad universitaria y a todo el pueblo de Veracruz y de México, y no frente a los caprichos e intereses de la rectora. @luisromero85