Ninguna autoridad de la Fiscalía General del Estado (FGE), de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), y ni de los Poderes Ejecutivo y Judicial de Veracruz se quieren hacer cargo de resolver el problema de invasión a dos mil hectáreas de la Sierra Alta, en el municipio de Coatepec, por parte de los integrantes de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC), señalaron los 54 propietarios afectados y la abogada defensora, Itzel Jurado.

A un año y medio que iniciaron las investigaciones, las autoridades de la FGE sólo acudieron una vez, se niegan a judicializar las carpetas de investigación, ningún juez de control quiere emitir una orden de desalojo y la SSP argumenta que no quiere exponer a sus elementos, porque si es un “gran problema” la invasión por los congregados en la CIOAC.

Señalaron que no han podido solucionar el problema de la invasión “porque hemos tenido las puertas cerradas por una razón muy clara y concreta ningún juez de control se quiere aventar el trompo de sacarlos con la fuerza pública, eso es lo que pasa detrás de todo, es un tema complejo, difícil que no han querido tomar riesgos, nadie quiere tomar riesgos, la Fiscalía nos ha cerrado la puerta con pura violación, les pedimos ustedes judicialicen, pero tampoco se atreven a dar ese paso”.

A pesar de que 54 ciudadanos son afectados por una invasión a sus propiedades, y sus vidas corren riesgo por las amenazas recibidas por parte de la CIOAC, la respuesta de la FGE y la SSP es que no van a arriesgar a sus elementos.

Calificó como “absurdo” las respuestas de autoridades de la SSP y la FGE, en el sentido de que no envían a policías ministeriales y estatales a investigar o hacer presencia en la parte de Sierra Alta donde se registra la invasión porque corren riesgo sus vidas, pero dejan a un lado los derechos ciudadanos.

“Ellos no se atreven a subir policías porque dicen que se exponen, porque está peligroso, nos parece absurdo ese tema. Por esa razón hemos tenido que recabar esos datos de prueba, irnos a México presentar la FGE toda la información irnos al órgano interno de la Sedatu y denunciar todas las irregularidades de los funcionarios públicos” expuso.

Además, ningún Juez de Control del Poder Judicial de Veracruz quiere avanzar con el caso de Sierra Alta, porque quién se haga cargo, deberá ordenar un desalojo, y temen repercusiones.

“Sabemos la carga que tiene cualquier juez de control que tenga que resolver ese conflicto social, sabemos que es un tema complicado, delicado y le correspondería a un juez en caso de ser necesario mandar la Fuerza Pública para el desalojo inmediato de esa zona, cosa que no han querido hacer, por esa razón nos están cerrando la puerta” afirmaron.

Los ciudadanos afectados recordaron que en la última semana de octubre acudieron a la Secretaría Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y a la secretaría de Función Pública (SFP) en la Ciudad de México para entregar oficios en los que solicitan la investigación y separación del cargo de los servidores públicos que se vieron involucrados en el procedimiento del deslinde y que cometieron presuntas irregularidades.

“Los funcionarios de la Sedatu recibieron una constancia de tierras, que no surtía los elementos legales correspondientes, porque esa constancia debía estar certificada por la autoridad municipal, y los de Sedatu aun así le dieron trámite” expusieron.

AVC/Verónica Huerta

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