Cuando Isabel Inés Romero Cruz llegó al Poder Judicial de Veracruz, el gobernador Cuitláhuac García era apenas un niño y el Presidente López Obrador hacía esfuerzos por acreditar sus materias en la facultad de Ciencias Políticas de la UNAM al tiempo que empezaba a hacer carrera política en el priismo de su natal Tabasco. Jamás imaginaron que el destino de los tres se enlazaría casi medio siglo después.
Aunque la nueva Presidenta del Tribunal Superior de Justicia sólo refiere en su currículo su desempeño como juez, fueron muchos años los que tuvo que sobrevivir en la abigarrada burocracia del Poder Judicial, incluso hasta la llegada de este gobierno en que tuvo un tránsito efímero como Procuradora del Trabajo en la Secretaría del ramo. Su vínculo con la familia del gobernador le cambiaría la vida.
La nueva Presidenta del TSJE se desempeñó en diversas áreas menores del Poder Judicial; fue juez municipal en Misantla y luego pasó al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Distrito Judicial de Poza Rica, cargo del que fue separada por el Consejo de la Judicatura en enero de 2018 debido a que llegó a la edad límite de 65 años recién establecido recientemente por la Constitución Política del Estado.
Sin embargo, Romero Cruz –como otros magistrados- promovió un amparo que la devolvió al Poder Judicial hasta la llegada del nuevo gobierno. El próximo mes de enero habrá cumplido 68 años, por lo que logrará cumplir el periodo de su presidencia hasta el 30 noviembre de 2022 no así el periodo para el que fue electa como magistrada.
Romero Cruz no se asume como una magistrada con una larga carrera en el Poder Judicial, sino como una representante del “movimiento” morenista que ha llegado a poner orden al Tribunal, a limpiar la corrupción en los juzgados, reconocer la carrera judicial y enarbolar el cuatro
Esta convicción militante fue lo que marcó algunas diferencias con su predecesora Sofía Martínez Huerta. “Sofía nunca entendió para que la pusieron; no tuvo mano dura para enfrentar la corrupción, incluso no está actuando con limpieza” repetía con frecuencia, incluso meses antes de que se decidiera al cambio en la Presidencia del Tribunal.
Es tal su convicción del “movimiento” que hace algunos meses, cuando el gobierno federal decidió iniciar el periodo de cuarentena a causa de la pandemia, “Chabelita” criticó que el Presidente López Obrador haya cedido supuestamente a la presión del conservadurismo. Como el Presidente, ella también suponía que la pandemia no era más que un ardid de intereses oscuros que buscaban desestabilizar al gobierno.
Ha repetido una y otra vez el dogma morenista de que todo el pasado fue corrupto, particularmente la administración de Javier Duarte. Acuña y aplica los estereotipos del caurtoteísmo al señalar a algunos magistrados de prianistas, de ser beneficiarios de los gobiernos corruptos, entre ellos, el propio ex magistrado Marco Antonio Lezama Moo quien sigue luchando para ser reinstalado.
La nueva Presidenta del Tribunal es la expresión de una de las contradicciones más señaladas de la Cuarta Transformación: profesa una profunda fe cristiana, con un acendrado conservadurismo, pero con un discurso contestatario que busca justificar las banderas ideológicas del lopezobradorismo. A partir del viernes, el Presidente de la República tiene una intérprete en la figura de Isabel Romero Cruz.
Por lo pronto, la crisis del Poder Judicial ya llegó a Palacio Nacional. Luego de figurar en medios nacionales el asalto y la remoción de Sofía Martínez Huerta como Presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado, la mañana de este lunes el Presidente López Obrador dijo que pediría información sobre lo que habría sucedido –y sucede- en la aldea judicial jarocha.
Mientras, pese a las denuncias hechas por unos y otros, hasta ayer nadie había presentado denuncias formales sobre los hechos del viernes pasado. Incluso, ayer mismo se manejó la versión de que Sofía Martínez Huerta estaría analizando la posibilidad de aceptar su adscripción de la Visitaduría Judicial, bajo ciertas condiciones. Sin embargo, el tiempo de negociar se le agotó, sólo le queda pelear en tribunales.
Según el abogado Tomas Mundo Arriasa, los magistrados que votaron el cese de Martínez Huerta podrían haber incurrido en el delito de coalición que se señala en el artículo 321 del Código Penal de Veracruz, ya que se trata de servidores públicos que se habrían unido “para tomar medidas contrarias a la ley, reglamento o disposición de carácter general, para impedir su ejecución o para hacer dimisión de sus puestos con el fin de impedir o suspender la función pública, en cualquiera de los niveles de gobierno.”
Al menos por lo que se escuchó ayer en Palacio Nacional, lo que el Gobernador no hizo en meses, lo hará el Presidente: meter orden en el morenista Tribunal Superior de Justicia.
La del estribo…
- Será el sereno pero como que ya se está haciendo costumbre que tirios y troyanos acusen al Secretario de Gobierno de amenazas. Los han dicho diputados de oposición, presidentes municipales, la directora de El Dictamen y ahora la ex Presidenta del TSJE. Pero con la Fiscalía a su servicio, no tiene de qué preocuparse.
- Antes de que termine el mes habremos llegado a los 90 mil muertos por Covid19 en México. Mientras el resto del mundo regresa al confinamiento incluso con toques de queda, el Presidente sigue pensando en cómo traer de regreso el penacho de Moctezuma y los Códices Mayas.