“Yo hago responsable al Secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos, al Coordinador de la Jucopo, Juan Javier Gómez Cazarín, al Secretario del Congreso, Domingo Bahena. Quien tenga que pagar lo va a pagar; si algo le pasa a mi familia, yo voy contra ellos y los denuncio públicamente…”

La respuesta de Sofía Martínez Huerta al periodista Joaquín López-Dóriga –minutos después de ser destituida como Presidenta del Tribunal Superior de Justicia- fue el corolario de un viernes negro. La disputa por una Presidencia maldita ha vuelto presuntos delincuentes a los funcionarios públicos del más alto nivel en los tres poderes del Estado. Es la ingobernabilidad total.

La destitución de Sofía Martínez Huerta se fraguó días antes cuando el Secretario de Gobierno le habría pedido la renuncia, como ella misma lo narró al periodista. “Cuando yo le dije que no iba a renunciar al Secretario, yo veladamente entendí una amenaza: dijo que no era prudente que la familia estuviera cerca; que él tenía muchas pruebas, que tiene videos y documentos. Entonces yo le dije: preséntelos a la instancia que corresponda porque yo voy a defender mi honorabilidad y mi trabajo…” López-Dóriga no daba crédito de lo que escuchaba.

A partir de esa conversación, se echó a andar la maquinaria para destituirla, sin imaginar los alcances que tendría en su resistencia por dejar la Presidencia del Tribunal.

Un día antes, el jueves por la noche, se filtró a medios la convocatoria a la sesión del pleno donde sería destituida Martínez Huerta; en ella se señalaba la presentación del informe de los miembros de la Judicatura sobre la omisión de la Presidenta a un deber legal por su inasistencia a cuatro sesiones convocadas por algunos de sus miembros. Sin el desahogo de pruebas ni derecho a la defensa, Martínez Huerta fue destituida del cargo.

Junto a la convocatoria también se circuló una captura de pantalla de una supuesta conversación entre el Consejero de la Judicatura Humberto Reducindo y Joana Marlen Bautista, Directora de Administración, donde acuerdan una reunión con el Dip. Juan Gómez Cazarín para destituir del cargo a la magistrada Sofía Martínez Huerta Presidenta del TSJ, acusando que “todo porque quieren realizar sus tranzas con las licitaciones próximas.” Ese es el origen de la acusación de la magistrada en contra de Gómez Cazarín.

“Tenemos una reunión con Cazarín para ajustar detalles. Ya tenemos que deshacernos de esa anciana los días pasan y sigue ahí como jarrón viejo”, escribe Reducindo. “Ay ¡por fin! Ya han pasado días y no deja trabajar en nada. A mí no me deja avanzar en nada y ya ves que tenemos algunos encargos pendientes”, responde la funcionaria, aún cuando la conversación parece haber sido fabricada a modo por sus remitentes.

Y se desató la tormenta. En una improvisada sesión del pleno, el viernes pasado los magistrados Esteban Martínez Vázquez, Sergio Jiménez Maraboto, Claudia Resendiz Aguilar, Isabel Romero Cruz, Roberto Armando Martínez Sánchez y Concepción Flores Saviaga constituyeron en Órgano Electoral y nombraron de manera interina a la magistrada Isabel Inés Romero Cruz como su nueva Presidenta del TSJE, luego de formalizar la remoción de Sofía Martínez Huerta acusada de incumplimiento de un deber legal.

Al más puro estilo de lo que fue el primer nombramiento de la Fiscal del Estado, aprovecharon el día de asueto y tomaron por asalto las instalaciones del Tribunal. De manera feroz y denigrante, en un par de “diablitos” sacaron las pertenencias de Martínez Huerta de su oficina.

El golpe final de consumó con la vertiginosa publicación del número extraordinario 426 en el que se publicó el Acuerdo en sesión extraordinaria celebrada el 23 de octubre de 2020, por el que se revoca la representación concedida a la magistrada Sofía Martínez Huerta, y en consecuencia el cargo de presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial del Estado.

La respuesta de la ex Presidenta fue la de un animal herido. Promovió una expresión de condena por parte de la Conferencia Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados (CONATRIB) y se lanzó a medios nacionales a señalar las amenazas de los hombres fuertes del régimen estatal. Salió por la puerta de atrás, la misma que aún no se cierra.

Los integrantes del Consejo de la Judicatura acusan a Martínez Huerta del incumplimiento de un deber legal –motivo de su remoción- y del ejercicio indebido de 60 millones de pesos; la ex Presidenta acusa de amenazas contra ella y su familia al Secretario de Gobierno y al Presidente de la Jucopo; y sus allegados aseguran que todo es consecuencia de haber destapado los actos de corrupción –entre los que se incluye el manejo de los recursos del Fondo Auxiliar- donde están involucrados ex funcionarios y algunos miembros actuales del Consejo de la Judicatura. Hasta ahora, sobre estos hechos no hay denuncia alguna ni pruebas que lo sustenten.

Donde se debe impartir y garantizar justicia, se disputa una Presidencia maldita que convirtió a todos en presuntos delincuentes. Veracruz sigue siendo nota por los escándalos de corrupción.

La del estribo…

  1. Señora magistrada: como muchos, he dedicado varios espacios a dar a conocer los conflictos internos que existen en el Tribunal a partir de su Presidencia. Lo hice con documentos y versiones corroboradas. No soy afín a ningún actor político de este gobierno; si no ha tenido contacto con medios es porque usted así lo decidió. Este espacio y este medio están abiertos para usted. Qué curioso que su prejuicio de periodistas comprados es el mismo que enarbolan quienes ahora usted acusa de haberla destituido del cargo.