La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), pidió al titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) José Luis Lima Franco, que valide la deuda de poco más de 49 millones de pesos que fue heredada por el gobierno de Javier Duarte de Ochoa.

Al emitir la recomendación 155/2020 el pasado 12 de septiembre, reconoce que, al no validar la deuda de 16 proveedores, integrados a la asociación SOS, se viola su derecho a la seguridad jurídica en relación con garantías judiciales.

Lo anterior, luego de que la Sefiplan omitió revisar y en su caso validar los presuntos adeudos de la administración 2010-2016 a cargo de diversas dependencias y entidades de la administración pública estatal con proveedores y contratistas, en base al acuerdo publicado en la Gaceta Oficial el 26 de septiembre del 2019.

Los adeudos que se heredaron corresponden al pago de al menos 28 facturas que se emitieron a la Secretaría de Seguridad Pública; de Gobierno; de Educación; DIF; Siop; Sedesol, Turismo y Cultura y la Comisión de Agua del Estado de Veracruz.

Los pasivos van desde los 50 mil hasta los 8 millones de pesos, por la prestación de servicios como mantenimiento de parque vehícular y ambulancias, hasta la realización de obra pública. Además, deben libros de texto y juguetes que se entregaron a trabajadores de la SEV.

En el caso de la Comisión de Agua, se exige el pago del sistema de agua potable por bombeo instalado en la localidad Zacate Colorado, en Tihuatlán, el contrato superó los 8 millones 333 mil pesos, además de que se tiene pendiente el pago de estimaciones por 6 millones 879 mil pesos.

La empresaria afectada, detalló que la obra se pagaría con recursos federales; dinero que fue transferido a la Sefiplan, pero no se pagaron las facturas pendientes, por lo que no se descarta desvió de recursos públicos.

El análisis de la CEDH plantea que se violó el derecho a la seguridad jurídica y garantías individuales de las personas físicas y morales que se sometieron al proceso de validación de adeudos.

La queja de los proveedores de la administración de Javier Duarte fue que al publicar un acuerdo para revisar si eran válidas las deudas representaba una moratoria de parte del Poder Ejecutivo y se establecían requisitos y condiciones extralegales para ello. El gobierno de Cuitláhuac García, partió de la premisa que la exigencia de pago de los acreedores era ilícita.

Si bien la CEDH advirtió que no era el órgano competente para determinar si los empresarios eran proveedores del Estado, su exigencia del reconocimiento del adeudo, y la liquidación de los pasivos, es un derecho adjetivo de quienes tienen interés legítimo para hacerlo.

Por lo anterior, se pidió a la Sefiplan revisar y en su caso validar los presuntos adeudos de la administración 2010-2016 a cargo de dependencias y entidades de la administración pública con proveedores y contratistas.

También se pidió iniciar un procedimiento administrativo en contra de los servidores públicos involucrados en el caso, por haber incurrido en las violaciones a los derechos humanos.

Además, tendrán que capacitar al personal en materia de promoción, defensa y garantía de los derechos humanos; y se pidió evitar cualquier acción y omisión que revictimice a las personas físicas y morales.

AVC

Conéctate con Formato Siete:

Colectivos exigen no desaparecer fideicomiso para búsqueda de personas