Lorenzo Córdova, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), explicó que la consulta popular que pretende llevar a cabo investigaciones contra actores políticos se aplicará el primer domingo de agosto del 2021 y que no costará 8,000,000,000 (ocho mil millones) de pesos como se ha especulado.
La consulta recientemente declarada como constitucional por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) guarda la intención de llevar procesos de investigación contra los ex presidentes de México de 1988 a 2018 (Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto), y no es ningún secreto que esta propuesta ha sido promovida por el actual mandatario nacional Andrés Manuel López Obrador y el partido político que lo llevó a su actual cargo, Movimiento Regeneración Nacional (Morena); aunado a esto, el jefe del ejecutivo federal también quiere que se aplique el día en que se celebra la justa electoral del próximo año y, para que esto se pueda materializar, debe de haber una reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), misma que ya se está promoviendo en el Senado de la república.
En este contexto es donde las palabras de Córdova Vianello cobran más fuerza, pues el doctor en Teoría Política explicó que a menos que pretendan violar la Constitución o cambiarla, la consulta popular se hará hasta después de celebrar los comicios electorales donde se renovará la Cámara de Diputados y se elegirán 15 nuevas gubernaturas.
“A veces es bueno leer la Constitución, la consulta se va a realizar el primer domingo de agosto, a menos que violemos la Constitución o que la cambiemos […] Creo que hay que darle estabilidad a la propia Constitución. Hay quien dice ‘Es que la consulta popular no tiene que ver con el proceso electoral, por eso podemos cambiar la fecha, para que se haga el mismo día de la jornada electoral’, lo que pasa es que si se hace el mismo día se van a estar cambiando las reglas sobre las cuales se va a realizar esa elección”, declaró el máximo representante del instituto descentralizado de México.
Respecto al costo de la consulta, agregó que es imposible saber si será por la cantidad que muchos medios de comunicación dieron difusión, pues ni siquiera se ha establecido el programa de actividades para realizarla, mucho menos se tiene una cotización que aproxime los costos. Sin embargo, en ejercicio de transparentar el proceso todo lo posible, el consejero adelantó que el instituto está considerando diversos mecanismos operativos que, cuando se determinen cuáles y cómo se aplicarán, se harán del conocimiento público.
“Esa cifra que ha circulado es el costo de una elección de la complejidad como la que vamos a tener el 6 de junio, pero evidentemente, muchos de los gastos de las actuaciones para que la elección del 6 de junio se lleve a cabo, van a servir de asidero para que no tenga que replicarse o duplicarse cuando se haga la consulta popular. Es decir, hay muchos mecanismos que ahora el INE está analizando y que al final de mes haremos públicos. De estas actividades que por primera vez tendrán que realizarse para que haya una consulta popular y cuál va a ser el impacto electoral, que ni de lejos va a ser replicar una elección. Quien diga una cifra hoy, está especulando”, especificó.
Como parte de las estrategias que contempla el INE, mencionó que se extendería el contrato de los trabajadores temporales del instituto durante dos meses más. Es decir, se tiene contemplado que para que se realicen las elecciones 2021 a nivel federal, se contratarán un número determinado de personas durante siete meses para que presten su servicios en lo relacionado a los comicios hasta junio; sin embargo, se podría extender el contrato de algunos de ellos dos meses más para la consulta. “No es lo mismo pagar siete meses, que es la cifra que está circulando, que pagar sólo dos meses más”, explicó.