Al parecer, la Presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), Sofía Martínez Huerta, ha decidido vestirse con un chaleco cargado de dinamita: si cae ella, que reviente el Poder Judicial.

Tras los escándalos por su falta de perfil, capacidad y carrera judicial, de desacato a la ley, de nepotismo y corrupción donde están involucrados sus hijos, de enfrentamientos y descalificaciones personales con magistrados, de impedir que los nuevos funcionarios administrativos nombrados por el Consejo tomarán posesión y hasta por el uso de la fuerza pública para resguardar oficinas, Martínez Huerta inició una guerra frontal con los miembros del Consejo de la Judicatura, quienes han pedido a los Presidentes de Sala que se le llame a cuentas con la intención de removerla del cargo.

Ante la negativa de la Presidenta de convocar a una sesión extraordinaria del propio Consejo para que explicara sobre el ejercicio irregular de más de 60 millones de pesos que intentó justificar con la elaboración de actas apócrifas de sesiones que nunca se realizaron y la fabricación de documentos ($60 millones, el desfalco de la Presidenta del TSJE, razones y pasiones, 22 de septiembre 2020), ahora el Consejo ha pedido a los magistrados que integran el Pleno para que se convoque a una sesión extraordinaria y que la Presidenta “rinda cuentas sobre las acciones u omisiones en que ha incurrido”.

La solicitud la hicieron acompañar de un sólido expediente de documentales que da cuenta de la caótica administración de Martínez Huerta en la Presidencia del TSJE. Refieren que ni siquiera se ha tomado la molestia de dar respuesta a su solicitud de convocar a una sesión extraordinaria del Consejo.

Además, desoyó la convocatoria a tres sesiones extraordinarias que tenían el propósito de atender los exhortos que se han hecho en las Mesas de Coordinación para la Construcción de la Paz al Poder Judicial para revisar escrupulosamente que los criterios de los jueves no se aparten de la ley, algo que el propio Gobernador del Estado ha denunciado. Es decir, ni siquiera el llamado de Cuitláhuac García le ha hecho mella.

También acusan de negarse a entregar el informe con relación a las observaciones derivadas de la entrega-recepción de la Dirección General de Administración. De hecho, negó a la nueva Directora entregar tal información a pesar de que se trata de un órgano auxiliar de la Judicatura y no de la Presidencia.

En su escrito girado ayer a las magistradas y magistrados presidentes de Sala, el Consejo de la Judicatura también refiere no se permitió la revisión de los nombramientos expedidos por la Presidenta sin la autorización del Pleno, en franco incumplimiento a la norma interna; los nombramientos son facultad del Pleno del Consejo y no son un acto de autoridad individual de su Presidenta.

Aunque los argumentos de los magistrados de la Judicatura son estrictamente jurídicos al amparo de sus responsabilidades, no exime la soterrada lucha política al interior del Poder Judicial. Sin proponérselo, la convocatoria a sesión del Pleno –contra la voluntad de Martínez Huerta- es un claro llamado para que los presidentes de sala se definan: están con ella o contra ella.

La osada ignorancia de la Presidenta no es infinita. Su remoción es inminente, pero si logra superar este escollo, será evidente la protección y complicidad de quienes decidieron –y hoy permiten- que se mantenga en el cargo.

Veracruz alcanza calificación BBB+ de Fitch Ratings

Como hemos referido aquí antes, el tema de la deuda pública fue el eje de la campaña política de Miguel Ángel Yunes que lo llevó al gobierno estatal. Y fue el discurso más utilizado durante su administración, haciendo detenciones y supuestas recuperación de bienes que finalmente no se pudieron acreditar.

Lo cierto es que la deuda pública de Veracruz dejó de ser un escándalo y se volvió un asunto administrativo. Ya no es bandera política.

Ayer se informó que Fitch Ratings subió la calificación del estado de Veracruz a ‘BBB+’, lo que significa que la perspectiva crediticia es estable y refleja un adecuado sistema de pago y una cobertura real del servicio de la deuda pública, adquirida por administraciones pasadas. De hecho, deja al estado a un paso de los mejores escenarios a pesar de una contingencia que ha puesto a prueba la fortaleza financiera del gobierno.

El Secretario de Finanzas José Luis Lima Franco presumió el dato y explicó que Veracruz ha alcanzado un crecimiento económico histórico en los dos últimos años debido tres principios: política de orden, transparencia y disciplina financiera. Tras los años de tormenta, se logró superar la peor calificación crediticia recibida del 2016 al 2018, en donde se plasman las calificaciones recibidas por Fitch Ratings, HR Ratings y Moody´s durante los últimos seis años.

¿Sirven de algo la opinión de las calificadoras? En términos financieros no, sin embargo es un referente crucial para las instituciones de crédito y sobre todo, para la inversión de capital. Y en efecto, la confianza no tiene precio.

Las del estribo…

1. Coatzacoalcos es otro ejemplo de lo que sucede en el país y el comportamiento electoral de la gente. El viejo Puerto México está quebrado, la gente se ha ido, hay matanzas que se han olvidado y no ha habido justicia. El alcalde tiene una reputación terrible. Sin embargo según TRSearch, hoy Morena ganaría con 44% de los votos frente a 11% del PAN. Acaso el único riesgo está en los independientes (12.6%) e indecisos (17.3%). Increíble pero cierto.
2. Hoy las Cámaras de Diputados –la de San Lázaro y la de Veracruz- estarán que arde; allá se discutirá la desaparición de más de un centenar de fideicomisos y acá se busca aprobar una reforma electoral de último minuto. Morena se está jugando mucho en ambas votaciones, lo que permitirá acomodar el tablero electoral del próximo año. Con una mayoría simple, el tema local parece de mero trámite; lo de Ciudad de México es de pronóstico es reservado.