Presenta Punto de Acuerdo ante la Cámara de Diputados para que ASF, FGR y Función Pública averigüen sobre presuntos actos de corrupción en el proceso de incautación de bienes.
Hasta la falsa rifa del avión está entre las múltiples irregularidades, señaló.
Paradójicamente, el ‘Instituto Para Devolver al Pueblo lo Robado’ se convirtió en el ejemplo de la corrupción de este gobierno; los responsables deben ser ejemplarmente castigados.
Palacio Legislativo de San Lázaro, Cdmx, 30 de septiembre de 2020.- El diputado federal Héctor Yunes Landa presentó este ante el Pleno de la Cámara de Diputados un Punto de Acuerdo para que la Auditoría Superior de la Federación, la Fiscalía General de la República y la Secretaría de la Función Pública investiguen la existencia de irregularidades financieras y administrativas, anomalías u omisiones que puedan ser vinculantes con actos de corrupción en el proceso de incautación de bienes a cargo del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep).
En su iniciativa, el legislador veracruzano se refirió a los señalamiento del ex director del Indep, Jaime Cárdenas, quien aseguró que durante su gestión en el Indep, detectó irregularidades administrativas en los procedimientos de valuación, así como el detrimento de las condiciones imparciales para otorgar contratos a empresas, mutilación de joyas incautadas, conductas de servidores públicos contrarias a las normas, entre otras.
Yunes Landa lamentó que hasta la falsa rifa del avión forme parte de las irregularidades del Indep. Puso como ejemplo la entrega de 2 mil millones de pesos que debía realizar el titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz, desde febrero de 2020, como recuperación de un presunto fraude al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. “A cambio, lo entregó directamente al Presidente”, dijo.
Destacó que al momento de la salida de Jaime Cárdenas se encontraban interpuestas distintas denuncias administrativas en el Órgano Interno de Control, y ya se habrían presentado las querellas penales correspondientes en la Fiscalía General de la República por la manipulación de bienes incautados.
“Se trata de delitos graves, no de politiquería como intenta justificar el Presidente. Por ello, es necesario que se inicie de oficio una investigación amplia y exhaustiva sobre la posible presencia de irregularidades en la gestión del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado y su posible impacto en actos vinculantes de corrupción por parte de sus funcionarios, o la intromisión de terceros, así como desahogar las denuncias presentadas por el propio Instituto”.
Recordó que hasta agosto de este año, el Indep habría llevado a cabo seis eventos presenciales de subasta de bienes, acumulando un total de ventas de 238 millones de pesos desde el inicio de la actual administración. En estas subastas, dijo, el gobierno asegura haber recaudado poco más de 170 millones de pesos para invertir en mayor infraestructura de atención de crisis en el marco de la pandemia del COVID-19.
“Al igual que sucedió con la rifa del avión, no conocemos el origen, los montos y el destino de estos recursos. La discrecionalidad ha facilitado la corrupción y el robo, sin que hasta la fecha se haya devuelto nada al pueblo, como reza el organismo. Paradójicamente, el Indep se convirtió en el ejemplo de la corrupción de este gobierno, por lo que sus responsables, deben ser ejemplarmente castigados” señaló.