Luego de años y costosas reformas electorales, el próximo jueves el Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso local podría dar un estrepitoso salto al pasado, con el propósito hacerse del control total en la organización del proceso electoral del próximo año.

En sesión extraordinaria se pretende aprobar una reforma al Código –la tercera reforma electoral en menos de seis meses- para desdentar al OPLE y al Tribunal Electoral, convirtiéndolos en apéndices burocráticos incapaces de garantizar elecciones limpias y equitativas.

Esta nueva reforma pretende derogar el artículo 49 con lo que se deja a los partidos políticos y candidatos en indefensión sobre el monitoreo a los medios de comunicación impresos y electrónicos, internet y las redes sociales, así como de espectaculares, bardas, unidades de servicios públicos y cualquier otro medio apto para difundir mensajes electorales. No habrá forma de saber lo que se contrató en publicidad, lo que favorecerá a los candidatos morenistas.

De aprobarse el dictamen, ahora el PREP lo realizará el OPLE y no una empresa, a pesar de las serias limitaciones técnicas y presupuestales que le han impuesto. Con un PREP sumamente vulnerable a cualquier ataque cibernéticos y con cómputos de Ayuntamientos que se realizarán en los distritos y no en los municipios, el resultado podría conocerse hasta el día siguiente, en medio de un polvorín de protestas.

Además, se pretenden la reutilización del material electoral, es decir, las urnas que se usaron en la elección de gobernador, lo que da lugar a la manipulación de las casillas. Si el propósito es el ahorro, la propuesta no es mala, sin embargo, el trasiego de las urnas provocará que haya impugnaciones suficientes para anular aquéllas que sean necesarias.

Los debates serán de manera virtual, lo que protege a los candidatos de Morena que no tienen experiencia, discurso ni propuesta. También le da la facultad al OPLE de demandar la perturbación del voto público y el fraude electoral en cualquier etapa del proceso electoral, algo a lo que estarían obligados algunos de los consejeros que han decidido alinearse con el morenismo aldeano.

Por último, le quita al Tribunal Electoral el personal de base, y al mismo tiempo, le reduce el personal, sólo a lo que permita de presupuesto. Sin personal de carrera y con experiencia, sólo habrá empleados de confianza que serán impuestos desde las oficinas de gobierno o buscarán ser afines a algunos personajes relevantes del morenismo.

De aprobarse la iniciativa de reforma presentada apenas el viernes pasado, se concluirá un largo y bien planificado proceso de reformas que inició con la armonización del decreto presidencial –en el que se excluyó momentáneamente la figura de la revocación de mandato a nivel estatal-, una primera reforma al Código Electoral que debilitó al OPLE como organismo autónomo y maniató financieramente a los partidos políticos, y ahora con la supresión de los mecanismos de control en los que descansa la certeza y equidad del proceso.

Tal vez sea la única iniciativa que esta Legislatura habrá de dictaminar en menos de una semana. De no hacerlo antes del viernes, las pretendidas reformas no serían aplicables para este proceso electoral sino hasta el 2024. De ahí su urgencia.

La primera serie de reformas aprobadas apenas en julio pasado, en medio de la pandemia, se concentró en tres aspectos importantes: establecer un nuevo método para asignar el financiamiento público a las organizaciones políticas tanto para partidos políticos locales como a partidos nacionales con registro local con lo que su financiamiento se reduce a la mitad.

Además, se impusieron al OPLE medidas de austeridad y eficiencia en el gasto público al desaparecer los Consejos Municipales y que su función la realicen los Consejos Distritales. De esta forma, los Consejos Distritales estarán facultados para expedir la constancia de mayoría a la planilla ganadora en un municipio,

La reforma también cambió la fecha de inicio del proceso electoral, al pasar de los primeros 10 días de noviembre a la primera semana del mes de enero del próximo año. Y en concordancia con la ley federal, armoniza con los periodos electorales, la elección de los Ayuntamientos para que sean concurrentes con la elección de los integrantes del Congreso como con procesos electorales federales. Es decir, en el 2024 nuevamente volveremos a elegir todos los cargos de representación popular.

A diferencia de la reforma electoral anterior, las autoridades del OPLE han guardado ominoso silencio, a sabiendas que cualquier inconformidad o insurgencia lo verán reflejado en la reforma electoral y su proyecto de presupuesto –más de mil millones de pesos- para realizar los comicios del próximo año.

Sin PREP, ni monitoreo, ni Tribunal, Morena pretende elegirse a sí mismo.

 Las del estribo…

  1. “¡Pinches gorditos ya se cansaron!”, gritaron feministas a policías que ayer resguardaron su marcha en Xalapa. Volvieron a salir a las calles los demonios verdes del morenismo; tras largos meses de cuarentena, las movilizaciones feministas han vuelto a las calles, amenazando la frágil estabilidad que presumía el gobierno. Como una hidra de mil cabezas, se vuelve a gestar la verdadera y genuina oposición que amenaza con derribar al gobierno.
  2. No se recuerda a un Secretario de Finanzas que haya recorrido el estado como pretende hacerlo José Luis Lima Franco. Si bien el propósito es cabildear con los Ayuntamientos la reducción de su deuda bursátil, los cierto es que muchos –de adentro y de fuera- verán pretensiones electorales en el trabajo del funcionario. Su activismo no agrada dentro del gobierno, pero si logra convencer a los municipios de oposición, será un serio aspirantes a muchas cosas.