Prefacio.
A diferencia de otros “emisarios del centro”, el nuevo delegado del Comité Nacional del PRI en Veracruz, Jorge Meade Ocaranza, no llegó buscando asumir una “dirigencia virtual” de ese organismo político. *** Por el contrario, llegó a sumarse al intenso trabajo que realiza el comité estatal, encabezado por Marlon Ramírez Marín. *** En su primer mensaje desde la sede estatal del PRI, Jorge Meade advirtió: “Nadie va a enseñar a los veracruzanos a hacer política; quienes hemos estado en el partido toda la vida, siempre hemos dicho que Veracruz en el PRI ha sido lo primero de lo nuevo, y hoy no puede ser lo último de lo viejo”. *** El nuevo delegado se mostró optimista de que muy pronto ese partido habrá de recuperar las posiciones que ha perdido: “Hace muchas generaciones que nuestros adversarios han dado el acta de defunción al PRI y nos hemos recuperado. A pesar de los momentos complicados en todo sentido, es el único partido histórico en el mundo que perdió el poder y lo recuperó. No es un escenario nuevo el que estamos enfrentando y vengo a sumarme al trabajo y talento de ustedes, de mujeres, hombres y jóvenes”. *** Lo que encontró Jorge Meade en Veracruz fue un intenso ritmo de trabajo, casi concluido el proceso de renovación de los 212 municipales y muy, pero muy avanzado, el plan de acción hacia el proceso electoral del 2021 donde -están convencidos- habrán de dar pasos contundentes para la recuperación del partido.
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Que la Presidenta del Tribunal Superior de Justicia en Veracruz (TSJV), Sofía Martínez Huerta, sea incompetente, es realmente grave. Pero lo es más, si no se ha sabido rodear de especialistas en los temas jurídicos que le competen, para que la guíen en el óptimo desempeño de sus funciones.
Apenas el pasado martes tres integrantes del Consejo de la Judicatura (el magistrado Andrés Cruz Ibarra y los consejeros Carla Rodríguez González y Humberto Oliverio Hernández Reducindo) volvieron a exhibir la ineficacia de la titular del Poder Judicial y su presunta participación en actos que implican presuntas violaciones al marco jurídico que nos rige.
En una misiva dirigida por los consejeros a la titular del TSJV le expresan a Sofía Martínez su “preocupación” por “el uso y ejercicio que usted y el anterior Director General de Administración –entre otros servidores públicos- han dado, al menos, aproximadamente, a 60 millones de pesos, sin autorización del Consejo de la Judicatura”.
En el texto enviada a la Presidencia del Poder Judicial, los consejeros hacen referencia al oficio 0168/20 que les hicieran llegar desde la oficina de la magistrada Sofía Martínez, apenas el pasado lunes 21 de septiembre, documento que –afirman- está plagado de “falacias”.
Niegan los consejeros que existan 13 actas de sesiones extraordinarias del Pleno del Consejo de la Judicatura que se encuentren “en proceso de firma” por parte de los consejeros; niegan que exista autorización para transferir recursos “por cambio de capítulo, del Tribunal al Consejo”, y rechazan que el Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de marzo del 2020 le autorice a realizar adquisiciones sin tomar en cuenta al Consejo de la Judicatura.
Y advierten:
“De los puntos anteriores se desprende su reconocimiento de que –sin autorización del Pleno del Consejo de la Judicatura- ha comprometido y ejercido el gasto público sin ajustarse al marco jurídico aplicable al Consejo es decir, ha realizado procesos de adquisición, adjudicación, servicios, contrataciones y obras, sin observar los principios de legalidad, transparencia, imparcialidad, austeridad, honradez y eficiencia”.
En el oficio de respuesta enviado por los consejeros le solicitan a la Presidenta del tribunal una sola cosa: que convoque al Pleno del Consejo de la Judicatura a una sesión extraordinaria pública “con carácter de urgente”, en la que se incluya en la orden del día el caso que ellos plantean “para tomar los acuerdos plenarios a que haya lugar” .
Cuestionado respecto a este conflicto, el jurista Tomás Mundo Arriasa llamó la atención por un hecho que es punto medular en este conflicto:
“Si el magistrado Andrés Cruz Ibarra y los consejeros Carla Rodríguez González y Humberto Oliverio Hernández Reducindo, no presentan una denuncia por la presunta disposición que hizo -sin autorización- Sofía Martínez Huerta, magistrada presidenta de ese órgano colegiado de más de 60 millones de pesos y ante la existencia de 13 actas apócrifas, “serán copartícipes de esos hechos y, por lo tanto, presuntos responsables.
Y es que el artículo 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales advierte que “quien en ejercicio de funciones públicas tenga conocimiento de la probable existencia de un hecho que la ley señale como delito, está obligado a denunciarlo inmediatamente al Ministerio Público, proporcionándole todos los datos que tuviere” y que “quien tenga el deber jurídico de denunciar y no lo haga, será acreedor a las sanciones correspondientes”.
Sin lugar a dudas, sin restar responsabilidad a los anteriores titulares, en la actualidad el Poder Judicial del Estado pasa por su peor momento, debido a la incapacidad y soberbia de quienes están al frente de ese organismo.
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Epílogo.
En el país se acumulan ya 710 mil 049 casos confirmados de Covid-19, así como 74 mil 949 fallecimientos, informó este miércoles la Secretaría de Salud. Aunque en las últimas 24 horas se confirmaron 601 nuevos fallecimientos, el director de Epidemiología, José Luis Alomía Zegarra, dijo que se ha reducido en 47% el número de defunciones a causa del Covid-19 en todo el país. *** El funcionario admitió que si bien tienen confirmados 710 mil 049 casos acumulados de contagios, si se le aplica el porcentaje de 38% de positividad, los casos reales podrían llegar a 743 mil 435, de los cuales sólo 33 mil 489 serían casos activos, es decir, personas que han presentado signos y síntomas de Covid-19 en los últimos 14 días. *** En los hospitales públicos del país se han analizado a un millón 620 mil 878 personas. De las 30 mil 707 camas generales para atender a pacientes graves con Covid-19, sólo el 29% se encuentran ocupadas. La ocupación de Veracruz es del 34%. *** Mientras tanto, de las 10 mil 702 camas con ventilador mecánico para pacientes críticos, 2 mil 677 (25%) se encuentran ocupadas en todo el país. *** El nuncio apostólico, Franco Coppola, participará en dos celebraciones religiosas en su visita a Xalapa los días 23 y 24 de octubre de este año. El vocero de la Arquidiócesis de Xalapa, José Manuel Suazo Reyes, afirmó que la primera será en la catedral por la celebración del centenario de la llegada a Veracruz del obispo Rafael Guizar Valencia, y la segunda se llevará a cabo en el auditorio Miguel Sáenz, con la presencia de fieles laicos que representan los diferentes grupos y movimientos de la Arquidiócesis. *** La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) “le dio palo” al Congreso de Veracruz al anunciar que se invalida parte del artículo 17 de la Ley de Asistencia y Prevención de la Violencia Familiar del Estado de Veracruz (publicada en la Gaceta Oficial del Estado el 8 de agosto de 2019), por considerar que vulnera el principio de seguridad jurídica. *** La principal objeción es que la dicha norma permite vías alternativas para resolver casos de violencia intrafamiliar o violencia de género, es decir, intenta evitar que los jueces intervengan y dicten sanciones penales o medidas preventivas a cambio de que las partes lleguen a un acuerdo. La Acción de Inconstitucionalidad fue promovida por el Poder Ejecutivo Federal.
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