Una de las banderas que durante décadas han enarbolado los partidos y movimientos de la izquierda en México y Veracruz ha sido el de los derechos políticos y sociales de la mujer; sin embargo, la actual administración estatal del gobernador Cuitláhuac García y algunos gobiernos municipales de Morena y del PRD han quedado a deber en esta materia.

Veracruz no sólo es la segunda entidad con el mayor número de feminicidios en el país, únicamente superado por el Estado de México, según estadísticas oficiales, sino que algunos alcaldes morenistas y del partido del sol azteca han sido denunciados también por violencia política de género.

Una referencia del aparente desinterés gubernamental es que a la fecha el Instituto Veracruzano de la Mujeres (IVM), cuyo edificio fue vandalizado el pasado fin de semana, ni siquiera cuenta aún con una titular sino que es dirigido todavía por una “encargada”: Rocío Villafuerte Martínez.

La semana anterior, María de la Cruz Jaimes Huerta, directora del Colectivo Feminista Cihuatlahtolli declaró que el IVM no funciona y que esta administración se encargó de desmantelar la única estructura que durante años fue adquiriendo experiencia y formación para brindar una mejor atención a las mujeres veracruzanas víctimas de violencia y para llevar a cabo acciones preventivas.

La activista refirió que, en su momento, el mayor número de profesionistas en el país que se certificaron para atender a mujeres violentadas fue en Veracruz.

Y si el IVM no funciona, los institutos municipales están peor, pues la feminista dijo que no sólo son manejados con una visión política que nada tiene que ver con los derechos de las mujeres, sino que además sus titulares no cuentan con la formación necesaria –ya no se diga idónea–, fingiendo que “hacen algo” pero sin brindar siquiera apoyo jurídico a las mujeres víctimas de violencia.

¿Acaso las encargadas de los organismos municipales van a proceder contra los alcaldes que las nombraron ahí? ¡Obviamente, no!

La semana antepasada, por ejemplo, la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en cumplimiento a lo dictaminado por la Sala Superior del TEPJF en el recurso de reconsideración SUP-REC-108/2020, modificó la sentencia del Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) que había resuelto la existencia de violencia política en razón de género perpetrada por el alcalde perredista Juan Carlos Mezhua contra la regidora cuarta del Ayuntamiento, determinando que sólo hubo obstrucción del munícipe en el ejercicio del cargo de la edil.

El 6 de agosto, la misma Sala Regional Xalapa del TEPJF también confirmó sendas sentencias emitidas por el TEV que, entre otras cuestiones, declararon fundada la violencia política en razón de género, por una parte, ejercida por el presidente municipal de Altotonga en contra de la regidora quinta del Ayuntamiento, derivada de la obstaculización del ejercicio de su cargo y, por otra parte, la ejercida por diversos integrantes del Ayuntamiento de Coatzacoalcos, en contra de la regidora decimoprimera.

Recientemente, también, la Sala Regional Xalapa del TEPJF determinó que el presidente municipal de Coatzacoalcos, el morenista Víctor Carranza Rosaldo, ejerció violencia política de género en contra de la Síndica única, Yazmín Martínez Irigoyen.

Otros alcaldes acusados también de violentar a sus ediles son el tuxpeño Juan Antonio Aguilar Mancha (PAN-PRD), denunciado por la regidora quinta Beatriz Piña Vergara, y el de Alto Lucero, Javier Castillo Viveros, por la síndica María Griselda Mora.