Dos eventos en los que elementos del Ejército y de la Guardia Nacional habrían realizado ejecuciones extrajudiciales han vuelto a encender el debate sobre el marco de actuación de las fuerzas militares y las funciones que le han sido asignadas en materia de seguridad pública, lo que ha puesto al gobierno mexicano en el radar de los organismos internacionales de Derechos Humanos.

El 24 de agosto se hizo público un video en el que se observa una posible ejecución extrajudicial de un presunto delincuente a manos de un militar luego de una persecución y enfrentamiento entre el Ejército y civiles armados en Nuevo Laredo, en Tamaulipas, mismo que dejó un saldo de 12 presuntos criminales muertos.

Apenas hace dos días, elementos de la Guardia Nacional (GN) fueron acusados de asesinar a una pareja de productores en Chihuahua que participaban en una protesta por el suministro de agua de la presa La Boquilla. El matrimonio fue asesinado durante un ataque a balazos protagonizado por los militares, en un operativo para desalojar a los inconformes, evento en el que los uniformados lanzaron gases lacrimógenos a los civiles.

En sólo dos eventos, las corporaciones rompieron dos de las promesas más importantes del Presidente en materia de seguridad y derechos humanos: devolver al Ejército a las cuarteles y que nunca se utilizaría a los soldados –la Guardia Nacional está integrada en su mayoría por ex militares- para reprimir a la población.

Lo que sí ha hecho el Presidente es una militarización silenciosa del país, poniendo a los mandos castrenses al frente de responsabilidades estratégicas, no sólo en materia de seguridad y de procuración de justicia, sino también de gobierno.

Como se refirió en este mismo espacio, el Ejército “se ha convertido en un gobierno dentro del propio gobierno. Hoy las fuerzas armadas los mismo sirven a la seguridad pública, que construyen aeropuertos y refinerías, transportan combustible, toman control de los hospitales públicos donde se atiende Covid, fabrica uniformes para el personal médico, construyen los bancos del bienestar, actúan como guardia fronteriza y son los responsables de las aduanas del país, más las que se le ocurran al Presidente.”

Esta militarización silenciosa se refleja en el presupuesto de egresos de 2021, donde el gobierno contratará más soldados que médicos para cumplir con las nuevas tareas que les ha asignado.

De acuerdo al paquete económico presentado esta semana, para la Secretaría de la Defensa Nacional se contempla un incremento de ¡14,430 puestos!, un aumento de 6.3% con respecto a la cifra de empleados que tiene la dependencia este año. Mientras, a la Marina se le propone una incorporación de 5 mil 866 elementos, un incremento de 8.5% en comparación con la nómina que opera en 2020.

Hasta hoy, López Obrador ha desplegado a 71,822 efectivos a tareas de seguridad; esta cifra es el doble de Peña Nieto (34,529) y muy superior a la de Felipe Calderón (45 mil) durante su fallida guerra contra el narco.

El Presidente tiene en las calles casi los mismos soldados que Peña y Calderón juntos, más los 14 mil que se sumen el próximo año. En cambio, pese a que también se pretende fortalecer al sector salud, en el caso del IMSS se prevé la llegada de 6 mil 462 personas más, lo que significa un alza apenas del 1.4% respecto a este año.

En realidad, el empoderamiento de las fuerzas armadas se concretó el 11 de mayo pasado, cuando el Presidente López Obrador publicó un decreto mediante el cual, los elementos del Ejército y la Marina podrán ejecutar legalmente doce funciones de seguridad pública que por definición eran competencia exclusiva de los policías civiles en México. Se trataría entonces de policías civiles con uniforme militar.

Estas funciones van desde la implementación de estrategias y operativos para la prevención del delito en general, hasta participar activamente en el resguardo y vigilancia de aduanas, zonas fronterizas, aeropuertos, carreteras federales, puntos migratorios, parques nacionales, instalaciones federales, medios de transporte, entre otros.

Pero eso no es todo. Lo que antes atribuciones exclusivas de la policía, hoy también lo son de los militares. Al compartir por decreto las tareas de la Guardia Nacional, los soldados y marinos pueden realizar detenciones o asegurar bienes posiblemente relacionados con algún hecho delictivo, así como preservar lugares relacionados con crímenes y recolectar evidencia en estos.

En síntesis, pueden intervenir por su cuenta en caso de que se cometa un delito, lo que invadiría incluso el ámbito del ministerio público. También pueden colaborar con autoridades estatales y municipales en acciones encaminadas a preservar el “orden público” y “restablecer la paz” –lo que supuestamente habrían intentado hacer en La Boquilla-, lo que habría justificado su presencia en La Boquilla

¿Qué teme un gobierno que contrata más soldados que médicos y maestros?

Las del estribo…

  1. Durante el gobierno de Cuitláhuac García han sido asesinados tres periodistas: Celestino Ruiz, María Elenal Ferral y Julio Valdivia. En los dos primeros casos la Fiscalía asegura haber resuelto el móvil e identificado al responsable, sin embargo, las familias sus familias dicen lo contrario. En el caso de Julio Valdivia, ya se apresuraron a decir que hay indicios y una sola línea de investigación. Veremos su funciona el exhorto presidencial para resolver el caso.
  2. El gobierno de México está francamente  desesperado en el tema de la vacuna contra el Covid19. Marcelo Ebrard asegura de que será en noviembre cuando se conozca el momento en que se aplicará, a pesar de que ni los laboratorios que la están desarrollando tienen una fecha. Siguiendo el ejemplo de Trump, han apostado todo a la vacuna para ganar la elección.