La relación entre el Movimiento Antorchista y el actual gobierno de Morena es cada vez más tirante y amenaza con subir de tono.

Se trata de una de las organizaciones más fuertes de su tipo; más de 45 años de lucha social y presencia en todas las entidades del país; muy probablemente es la que tiene más afiliados.

Habría que decir que esta organización se ha caracterizado por ejercer presión contra diferentes gobiernos, a efecto de lograr obras y apoyos para los asentamientos en que tiene presencia.

En el más reciente proceso electoral federal, Antorcha Campesina trabajó a favor del candidato del PRI a la Presidencia de la República, José Antonio Meade; e impulsó a los abanderados de dicho partido en las contiendas por las gubernaturas en juego.

Esa tendencia y esos vínculos políticos con el PRI podrían ser una de las causas de la muy mala relación que tiene Antorcha con los actuales gobiernos de Morena; el caso es que esta es una de las muy pocas organizaciones sociales que se ha enfrentado al presidente López Obrador. Recordemos, por ejemplo, el episodio ocurrido en mayo de 2019, en Coatepec, Veracruz, donde durante un evento encabezado por el Ejecutivo Federal, los antorchistas lanzaron consignas y denunciaron que habían sido excluidos de los programas federales, estatales y municipales. El “miente, señor presidente” se volvió nota nacional.

Ese enfrentamiento, si bien es el común denominador en la relación de Antorcha con los gobiernos de Morena, se acentúa en estados como Puebla, donde es evidente la mala relación entre la organización y la administración de Miguel Barbosa.

Puebla es el lugar de origen de Antorcha y junto con el Estado de México, es la entidad en que esta agrupación tiene mayor peso y presencia.

A esa mala relación, los antorchistas atribuyen las acciones en su contra por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera. Las cuentas de algunos negocios vinculados al Movimiento Antorchista fueron congeladas, al igual que las de algunos miembros de la organización, como el diputado Brasil Acosta Peña. Desde la Fiscalía Estatal de Puebla también se iniciaron acciones contra este grupo, por lo que el dirigente nacional, Aquiles Córdova acusó tanto a Santiago Nieto, titular de la UIF, como al gobernador Barbosa.

“No hay ningún delito que perseguir, los antorchistas no tenemos de que avergonzarnos ni de que atemorizarnos, se trata de una persecución política clara”, apuntó Aquiles Córdova, quien sostiene que el gobierno de López Obrador violenta los derechos humanos, al acusar sin probar…”

Al Movimiento le investigan un presunto caso de lavado de dinero; ante ello, el dirigente aclara que Antorcha comenzó su actividad financiera desde hace 46 años, que incluyó pequeñas inversiones en negocios, como gasolineras y restaurantes, en donde la ganancia se reinvertía en otros negocios, además de la colecta pública por parte de activistas.

Apunta que en nuestro país, Antorcha es la única organización que vive de sus propios recursos, y no cuenta ni con padrinazgos políticos, ni de subsidios como partido político –porque no lo es–, o de otro tipo de dinero bajo la mesa, así la situación, es por ello, que cuestionó que ni Nieto, ni el presidente haya presentado una denuncia ante la FGR.

El gobierno estatal poblano parece dispuesto a aplastar al Movimiento Antorchista y éste seguramente responderá como generalmente lo hace: con una movilización que podría ser mucho más que un dolor de cabeza para el ejecutivo, cuya salud está evidentemente disminuida. Veremos cómo termina este caso. @luisromero85