El 25 de septiembre, el subdirector de escuelas secundarias de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), Teodoro Iván Méndez emitió un comunicado en el que informaba a los supervisores escolares -quienes a su vez tendrían que transmitirlo a los directores de escuelas secundarias y a los concesionarios de las cooperativas y tiendas internas-, sobre la concesión que había firmado la Secretaría con la empresa Pepsico para otorgar la exclusividad en la venta de sus productos.
El gobierno estatal nunca hizo público el acuerdo, sin embargo, la filtración de la circular permitió conocer que la empresa habría ofrecido una “donación” de seis millones de pesos en contraprestación por la venta exclusiva.
Era un negocio redondo ya que a pesar de su prohibición –algo que las autoridades educativas ya sabían- en 98% de escuelas públicas y privadas hay venta de comida chatarra y en un 74% de refrescos, según los 4 mil 748 reportes realizados en la plataforma Mi Escuela Saludable provenientes de 4 mil 126 centros escolares a nivel nacional.
Pese a quedar al descubierto el negocio, un par de meses después la diputada local Ana Miriam Ferráez defendió apasionadamente el convenio que firmó la Secretaría de Educación con el Grupo Pepsico para vender sus productos en las escuelas secundarias y bachilleratos del Estado. “Los hacemos en beneficio de la niñez” dijo de manera descarada.
En su roznido, la legisladora morenista justificó que se firmó este convenio con la intención de que la empresa entregara dinero para mejorar la infraestructura escolar, sin embargo, nunca se explicó en qué consistiría este mejoramiento. Luego del escándalo mediático y la presión social, el secretario Zenyazen Escobar aseguró que dicho convenio nunca se firmó.
Ahora, en medio del fenómeno mediático que resultó la aprobación del Congreso de Oaxaca para prohibir la venta de productos chatarra a menores de edad, los morenistas veracruzanos se quieren lavar la cara, particularmente la aspirante a la alcaldía de Xalapa, muy acostumbrada a cambiar radicalmente de opinión como cuando dijo que López Obrador “le daba asquito”.
Este martes, la propia Ana Miriam Ferráez fue quien propuso a nombre de su grupo parlamentario (Morena) un exhorto a las autoridades competentes “a sumarse a la revisión de la propuesta de Iniciativa de Ley para erradicar el sobrepeso y la obesidad en niñas, niñas y adolescentes del estado de Veracruz”, y al mismo tiempo, trabajar conjuntamente en la conformación de esta ley por la que se busca controlar los factores que inciden en este problema de salud pública. En efecto, la misma que aplaudía a rabiar el convenio leonino con la refresquera.
En un acto de cínica desmemoria, dijo que según datos de la última Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2018, en México, el sobrepeso y la obesidad se presentan en más de 4.1 millones de niñas y niños. En el estado, los municipios de Veracruz, Xalapa, Coatzacoalcos, Córdoba y Poza Rica ocupan los primeros lugares. Lástima que se haya enterado hasta ahora.
El tema del consumo de comida chatarra en la población no es un tema nuevo, sino que tiene que ver con un largo debate sobre sus consecuencias en la morbilidad de la población no sólo en la edad adulta, sino también desde la infancia.
La diferencia radica en que Morena lo ha puesto en la agenda pública para legitimar la desgastada figura política del Subsecretario Hugo-López Gatell a raíz de las graves consecuencias en el manejo de la pandemia. De hecho, luego de la aprobación de la ley en Oaxaca -y esta semana en Tabasco-, los Congresos locales de Chihuahua, Colima, Jalisco, Hidalgo y Estado de México ya han presentado iniciativas en el mismo sentido.
De lo que poco se habla es que algunas de estas disposiciones ya formaban parte de la reforma educativa promovida desde 2013. Hay que recordar que dentro de esta reforma se adicionó el artículo 24 bis de la Ley General de Educación que disponía que la SEP debía establecer los lineamientos y prohibiciones para el expendio y distribución de alimentos en las instituciones educativas del país.
Y en cumplimiento de esta disposición, el 16 de mayo de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo emitido por los titulares de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Secretaría de Salud (SSA) por el que, entre otras cosas, prohibieron que en las escuelas se vendan alimentos chatarra con alto contenido de azúcares.
Incluso en marzo de 2015, ante el amparo interpuesto por una de las empresas que elabora y distribuye este tipo de productos, un juez federal resolvió como constitucional restringir la venta, distribución y expendio de refrescos que contengan azúcar en escuelas de preescolar, primaria, secundaria y media superior; pero determinó como inconstitucional prohibirlo en escuelas de educación superior porque ahí se trata de estudiantes con mayoría de edad a quienes no se les podía vulnerar su libertad de consumo.
Ahora los próceres de la sana alimentación, sólo exhiben su ignorancia y oportunismo.
Las del estribo…
- Tras el anuncio hecho por el Presidente López Obrador para revocar la concesión del puerto de Veracruz a la empresa paraestatal Apiver hay un grave problema de liquidez. López Obrador quiere retirar la concesión a una paraestatal que él preside y que vigila la Secretaría de la Función Pública. No hay gato encerrado. En realidad lo que se pretende es convertir a las APIS en cajas chicas que ayuden a resolver el gravísimo problema de recaudación a causa de la pandemia.
- Los casos de Álamo y Paso del Macho muestran como corporaciones enteras –no sólo algunos elementos- están al servicio de la delincuencia organizada. Algo similar sucedió en Xalapa cuando desapareció la Policía Intermunicipal. Es falso que el problema haya surgido en esta administración como también es falso que se vaya a resolver en los dos primeros años de gobierno. La hiedra sigue creciendo.