Durante el Operativo Blindaje Coatzacoalcos, entre 2014 y 2015, se registraron más de 50 desapariciones en ese municipio en las que se presume la participación de elementos de las fuerzas policiacas.

Algunas personas siguen desaparecidas, otras habrían sido torturadas y luego liberadas; algunas más fueron halladas en fosas clandestinas o basureros con “narcomensajes”, y en otros la autoridad reportó su asesinato durante presuntos enfrentamientos con grupos de la delincuencia organizada.

Desde su desaparición, las autoridades no han entregado los videos de cámaras de videovigilancia que antes de las desapariciones aseguraron funcionaban y estaban enlazadas a la Policía Naval, señala el informe preliminar “Análisis de contexto de las desapariciones forzadas ocurridas en el marco del Operativo Blindaje Coatzacoalcos” elaborado por el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia.

El 26 de mayo de 2014, el entonces gobernador Javier Duarte anunció la puesta en marcha del Operativo que tenía como objetivo principal la prevención y sanción de diversos delitos en dicho municipio, para ello se incorporaron 535 nuevos elementos de seguridad: 325 de la SEDENA, 100 de Marina, 100 de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y 10 de la Policía Federal, mismos que se sumarían a los 290 elementos que ya operaban en el municipio, haciendo así un total de 825 elementos.

Apenas cinco meses después de su puesta en marcha, el 2 de septiembre de 2014, cinco jóvenes: Nathanael Fernández Alcántara, José Armando Jiménez de la Cruz, Erick Leobardo Solís López, Miguel Ángel Ángeles Manzano y Éber Arturo Castillo Díaz iban a bordo de un vehículo cuando fueron desaparecidos en un retén policiaco ubicado entre Cosoleacaque y Minatitlán.

Una de las madres recibió una nota anónima que llegó a su casa y en la que le informaban que la policía estatal tenía a los muchachos. La nota iba acompañada con la fotografía de los desaparecidos recargados contra una barda, golpeados y maniatados; por ello interpuso una demanda de amparo en contra del Mando Único (Policía Naval) en Coatzacoalcos, con el objetivo de que dicha autoridad entregara a los jóvenes desaparecidos. Tras ello, los familiares fueron amenazados –algunos incluso de muerte– por elementos de la Fuerza Civil cuando exigían la aparición, en vida, de los jóvenes.

A finales de septiembre de 2014, Nathanael Fernández Alcántara fue encontrado en una fosa clandestina ubicada en la localidad de Pilapillo, en el municipio de Tatahuicapan; había sido detenido en diciembre de 2012 junto con Jesús Orozco Sobrino, quien fue asesinado en marzo de 2019 en Coatzacoalcos.

Otros cinco jóvenes desaparecieron

El 11 de mayo de 2015, Roberto Gallegos Osorio y Jhonit Enríquez Orozco fueron privados de su libertad en el domicilio ubicado en la colonia Villas del Sur, en Coatzacoalcos; un grupo de aproximadamente 10 sujetos, vestidos con uniformes de color azul, chalecos antibalas –que algunos testigos refieren que al menos un de estos decía “fuerza civil”–, pasamontañas y armas de grueso calibre, entraron al domicilio, golpearon a los jóvenes y los metieron en una camioneta negra de vidrios polarizados.

Ese mismo día, unos minutos después –a las 16:00 horas–, Héctor Manuel Facundo Ramos fue privado de su libertad por un grupo de sujetos cuando se encontraba dentro de su domicilio de la colonia Villas del Sur. Los sujetos también se llevaron el celular de la concubina de Héctor Manuel.

Cerca de la medianoche, Elliaquim Alvarado Villafuerte fue sustraído de su domicilio, ubicado en la colonia Nueva Obrera; los sujetos también se llevaron los teléfonos celulares de la concubina y de la sobrina de Alvarado Villafuerte.

Unos minutos después, ya martes 12 de mayo a las 00:30 horas, José Manuel Cruz Pérez fue privado de su libertad cuando se encontraba en su domicilio, ubicado en la colonia Constituyentes de Coatzacoalcos. Diversos vecinos advierten que a las 00:20 fueron vistas dos patrullas de Fuerza Civil y una camioneta pick up del otro lado de la calle, en frente del domicilio de José Manuel.

El sábado 16 de mayo de 2015, en la misma semana en la que habían sido desaparecidos al menos cinco jóvenes de diversas colonias de Coatzacoalcos, fueron “levantados” Iván Alberto Arévalo Pérez y Diego Antonio Corro Ruiz en la avenida Veracruzana de Coatzacoalcos.

La mayoría de medios coinciden en que Iván Alberto Arévalo Pérez y Diego Antonio Corro Ruiz iban a bordo de un Mustang acompañados de dos mujeres y un bebé, presumiblemente esposa, hermana e hijo de Iván Alberto. El automóvil fue interceptado por camionetas de lujo, se conjetura que eran de las denominadas Cherokees; de ellas bajó un grupo de sujetos con armas de fuego que se llevaron a Iván Alberto y a Diego Antonio, así como a su vehículo.

Las testigos refieren que los sujetos iban encapuchados con chalecos de la Fuerza Civil y atrás de las camionetas de lujo iba custodiando una camioneta de la Fuerza Civil (de las verdes). El Mustang fue encontrado el día domingo con cartuchos de armas, mientras que los dos jóvenes continuaban desaparecidos.

El lunes 18 de mayo de 2015, un grupo de personas y los familiares de los dos desaparecidos realizaron bloqueos en las principales avenidas de Coatzacoalcos, los manifestantes fueron desalojados por la Fuerza Civil. Para el martes 19 de mayo de 2015, Iván Alberto y a Diego Antonio fueron abandonados en un sitio indeterminado de Coatzacoalcos, se encontraban golpeados y con rastros de tortura. Se negaron a hablar con medios de comunicación. Hasta ahora no se ha logrado vincular a proceso a más personas como responsables por las desapariciones tanto del 11 y 12 de mayo de 2015.

Desaparecen al menos 30 en 24 horas

Posteriormente, el 25 de septiembre de 2015 al menos 30 personas fueron desaparecidas en diferentes horas y puntos del municipios. En las investigaciones se refiere que las personas desaparecidas fueron vistas por últimas vez al ser detenidas por elementos estatales y desde ese momento se desconoce su paradero.

Cuatro jóvenes fueron vistos por última vez al ser detenidos en un puesto de seguridad cerca del Instituto Tecnológico de Coatzacoalcos. Ese día aproximadamente a las 12:00 horas, sujetos armados llegaron a un taller de reparación de motocicletas ubicado en la avenida Universidad Veracruzana, de la colonia Prócoro Alor, en Coatzacoalcos; ahí se llevaron a Omar Shamed Wreden González, Rosendo Vázquez Peña, Uriel Gorra Gutiérrez y a Odilo Ramírez Reyes, dueño del taller.

El mismo día, a las 16:15 horas, Daniel Alejandro Gonzalez Cruz y Julio Cárdenas Argüelles se encontraban afuera del domicilio, ubicado en la colonia Santa Isabel, cuando sujetos armados con uniforme de policía los privaron de su libertad; en estos hechos participaron por lo menos dos vehículos.

Entre las 16:30 y 17:00 horas, Jacob Vicente Jiménez González, Abraham Elester Torres Barradas, Camilo Efraín Silva Gómez y Carlos Arturo Rojas Valencia, quienes iban a borde del taxi con número económico 4594, fueron detenidos en un retén de la Policía Naval y Estatal en la Avenida Universidad, cerca del Instituto Tecnológico de Coatzacoalcos.

Seis personas han sido vinculadas a proceso por la desaparición forzada de Jacob Vicente Jiménez González, Abraham Elester Torres Barradas, Camilo Efraín Silva Gómez y Carlos Arturo Rojas Valencia, cinco de ellas eran elementos de la Fuerza Civil perteneciente a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Veracruz.

Ese mismo día, el 25 de septiembre de 2015 a las 23:30 horas, aproximadamente, 10 sujetos armados llegaron al domicilio ubicado en la colonia Petroleros de Coatzacoalcos y se llevaron a Iván Ángel Solano. Un día antes de estas desapariciones Iván Alberto Arévalo Pérez, uno de quienes aparecieron golpeados tras su desaparición en mayo de 2015, fue abatido a balazos en la carretera transístmica, a un costado de la estancia de la Policía Naval; diversos medios aseguran que Arévalo Pérez fue perseguido por un grupo armado y acribillado cuando intentó esconderse en una bodega ubicada en dicha carretera.

Este asesinato está relacionado con la desaparición de otros hombres como Jacob Vicente Jiménez González que trabajaba como taxista al momento de la desaparición, pero anteriormente había trabajado como chófer de los urbanos de la línea Coatza 2000 e incluso antes había sido cobrador de la misma línea.

Abraham Elester Torres Barradas y Carlos Arturo Rojas Valencia, al momento de la desaparición, laboraban como cobradores de camiones urbanos, mientras que Camilo Efraín Silva Gómez trabajaba como taxista. Esto explica porqué los jóvenes acudían al funeral de Alberto Arévalo, “El Beto” Arévalo, quien trabajó como “chismoso” para los camiones urbanos; es decir, como la persona que está en las paradas de los camiones y les mide el tiempo a los choferes.

Medios de comunicación mencionaron que Iván Alberto y Diego Antonio eran miembros del Cártel de los Zetas y que el 16 de mayo de 2015 fueron interceptados cuando salían del penal Duport Ostión, de Coatzacoalcos, en donde habían entrado a jugar fútbol con miembros de los Zetas, internos en dicho penal.

“Este punto resulta relevante porque algunos medios de comunicación refieren que, en los años de Javier Duarte y Fidel Herrera, en el penal de Coatzacoalcos persiste el autogobierno implantado por el grupo dominante en ese entonces, los Zetas”, señala el informe.

Algunos medios aseguran que en el Mustang en el que viajaban Iván Alberto y Diego Antonio se encontraron cartuchos de armas largas, otros rescatan el testimonio de los familiares de que dichos indicios fueron sembrados.

Si bien, de forma general, se establece el aseguramiento de medios, algunos indican que estos individuos estaban involucrados con secuestros y privaciones ilegales de la libertad en Coatzacoalcos y otros refieren que, si bien fueron puestos a disposición del Ministerio Público local e ingresados al Centro de Readaptación Social (CERESO) Duport Ostión, la autoridad federal comenzó la investigación en torno a las armas de fuego, que son de uso exclusivo del ejército y delincuencia organizada.

Pese a ello, la Secretaría de Marina reportó que el 24 de septiembre de 2015 realizó un operativo en Coatzacoalcos pero, a diferencia de lo reportado por los medios, afirmó que no hubo detenidos ni aseguramiento de armas cortas, largas, cargadores, cartuchos útiles o drogas y solo se aseguraron dos vehículos.

Autoridades no han entregado vídeos de cámaras de vigilancia

Antes de las desapariciones en mayo y septiembre de 2015, autoridades aseguraron que las 25 cámaras instaladas en Coatzacoalcos ya se encontraban

funcionando pero posterior a las desapariciones el discurso cambió y se comenzó a hablar de porcentajes respecto al funcionamiento de las cámaras.

Pese a ello, hasta el momento, los videos de las cámaras de videovigilancia de mayo y septiembre de 2015 no han sido aportados a las investigaciones ministeriales y que, de conformidad a lo aludido por diversas autoridades, dichas cámaras eran monitoreadas por la Policía Naval y la Policía Estatal, cuyos elementos son acusados de ser responsables de las desapariciones forzadas en cuestión.

“Levantones” involucran a Fuerza Civil

La madrugada del jueves 24 de marzo de 2016 fueron “levantados” en Coatzacoalcos el comerciante Jonathan Guillén Gómez, y Cristian Francisco Hong, taxista; ambos fueron sustraídos de una casa ubicada en la colonia Playa Sol; el taxi fue hallado con los vidrios rotos y las puertas abiertas.

Por su parte, Mario Antonio Ahedo Guillén, ayudante de albañil, y Carlos Esteban Pérez Tolín, mecánico, fueron “levantados” de un domicilio ubicado en la colonia Rancho Alegre II. En estos casos los testigos coincidieron en que los victimarios portaban armas largas, iban encapuchados y se trasladaban en camionetas de lujo sin placas.

Casi a la misma hora ese día, el comerciante de automóviles Fausto Isaac Cruz Aviña fue sustraído de su domicilio ubicado en la colonia Petrolera. De acuerdo con el testimonio de la esposa, los sujetos se identificaron como elementos de Fuerza Civil y se llevaron también dos camionetas de lujo que se encontraban en la vivienda.

El viernes 25 de marzo las familias de los desaparecidos bloquearon el puente Calzadas, a la entrada de Coatzacoalcos, con la exigencia de que sus familiares fueran localizados y presentados con vida, además de que manifestaron que la policía y la Marina podrían estar involucrados en el hecho.

Poco tiempo después, Jonathan Guillén Gómez, Cristian Francisco Hong, Mario Antonio Ahedo Guillén y Carlos Esteban Pérez Tolín fueron identificados de entre los seis restos hallados en el basurero Las Matas, en la ciudad de Minatitlán, posterior a un enfrentamiento con Fuerza Civil.

Sin embargo, la autoridad asegura que, al menos tres de las personas fallecidas eran victimarios y otros tres víctimas dentro de las cuales una era mujer, pero se tiene conocimiento de que, por lo menos, cuatro de los cinco hombres habían sido sustraídos de diversos puntos de Coatzacoalcos, por lo que bajo esa versión, cuando menos dos de estos sujetos se “auto levantaron”.

El lunes 28 de marzo de 2016 fue localizado en el tramo de la autopista Cosamaloapan-Ciudad Isla, a la altura del ejido Manzanillo del municipio José Azueta, el comerciante Fausto Isaac Cruz Aviña; tenía rastros de haber sido torturado, portaba un mensaje clavado al pecho cuyo contenido no se hizo público por las autoridades.

Dueño de bar desaparece; apuntan a SSP

El 29 de abril de 2016, Javier Valencia Luviano, dueño del bar El Vergel, fue asegurado por un grupo armado afuera de su negocio ubicado a un costado de la carretera transístmica en la colonia ampliación López Mateos, y subido a una camioneta blanca. Los familiares aseguran que el empresario fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, pero no fue puesto a disposición de la autoridad competente.

Un testigo les informó que el propietario había sido sacado en una patrulla; por ello la familia tramitó un amparo en caso de que Valencia se encontrara detenido, presentó una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) y pidió apoyo a la Comisión Nacional de Derechos Humanos; sin embargo, el 1 de mayo se encontró su cadáver, en la zona interejidal de Villa Allende, con una cartulina que decía “Por pasarse de verga con Samantha, atte. Z el Piraña”.

Con mazos policías habrían sacado a abogado de su casa

El jueves 19 de mayo de 2016 el director de la Fuerza Civil en Coatzacoalcos, Roberto González Meza, ofreció una conferencia de prensa para dar a conocer los resultados de un supuesto enfrentamiento en el que se rescató a una mujer y cinco delincuentes fueron abatidos.

A dicha conferencia acudió la madre del abogado Jorge Álvarez Javier, que manifestó que la madrugada del jueves 19 de mayo de 2016 su hijo había sido sustraído violentamente de su domicilio, ubicado en la colonia Sector Popular de Coatzacoalcos, por los policías de la Fuerza Civil quienes, con mazos, destrozaron los accesos de la vivienda, entraron al lugar y se llevaron a su hijo. Poco tiempo después se supo que el abogado Jorge Álvarez Javier se encontraba entre las cinco personas que murieron en el enfrentamiento referido.

“Lo anterior provocó que algunos medios de comunicación cuestionaron la información aportada por el director de Fuerza Civil y que aseguran que las cinco personas fallecidas habrían sido detenidas, posteriormente ejecutadas y que habrían sido sembradas en la escena del supuesto enfrentamiento. Algunos medios aseguran que Carlos Arturo Rodríguez García, otro de los supuestos delincuentes que perdió la vida, también había sido ‘levantado’ por la Fuerza Civil en su domicilio ubicado en la colonia Cuauhtémoc”.

Cereso “es campo de exterminio”

En el informe se advierte además que en esa zona se encuentra el Centro de Readaptación Social (Cereso) Duport Ostión de Coatzacoalcos, en el que refieren “ha sido controlado por el Cártel de los Zetas”.

Señala que hay testimonios que aseguran que el crimen organizado convirtió dicho penal en un campo de exterminio, haciendo alusión a personas que habrían sido asesinadas por un grupo de la delincuencia organizada entre 2010 y 2018.

Al respecto, existe un mapa y un escrito que asegura que 40 cuerpos –de personas de Coatzacoalcos– están enterrados en el penal. Uno de los sitios señalados en el mapa es conocido como La Gallera y también se indica otra área donde, incluso, en los últimos años se construyeron edificios y hay algunos comercios.

En junio de 2014 fueron privados de la libertad varios ciudadanos, en Oteapan y Chinameca, por personal de la SSP que en ese entonces operaba el duartista Arturo Bermúdez; diversos testimonios dados por personas sobrevivientes señalan que estuvieron recluidas ilegalmente en el CERESO de Coatzacoalcos, o cerca del mismo, bajo la custodia de personal de la SSP.

Autoridades se deslindan de operativo

El informe da cuenta que durante la implementación del Operativo Blindaje Coatzacoalcos se registraron en Coatzacoalcos y sus cercanías diversas privaciones ilegales de la libertad en las que las víctimas fueron hombres en edad productiva, en su mayoría de clase baja o media baja, con ocupaciones como taxistas, choferes de autobuses, albañiles y mecánicos.

Dichas víctimas no fueron presentadas ante las autoridades competentes y, en un gran número de casos, se continúa sin saber su paradero. Por lo que se puede pensar que dichos hechos delictivos se tratan de desapariciones forzadas o cometidas por particulares.

La mayoría de los casos sucedieron al interior de domicilios particulares, otros más ocurridos en el interior de negocios (taller/bar) y no fueron poco comunes los automóviles interceptados; en la mayoría se describen grupos de hombres armados con pasamontañas y, en ocasiones, se identificaban como elementos de la Fuerza Civil; otros más viajaban a bordo de camionetas de lujo o patrullas oficiales, antes y durante la privación de la libertad.

En cuanto a las personas que fueron interceptadas en vehículos, en al menos dos casos, fueron vistas por última vez en un retén de seguridad o en un punto cercano al mismo, siendo detenidos por elementos de seguridad.

En un caso citado las personas privadas de su libertad fueron liberadas; en otro, algunas de las personas fueron encontradas en fosas clandestinas en un municipio ubicado a 1 hora y media de Coatzacoalcos; en otros más las personas privadas de su libertad fueron identificadas como fallecidas derivado de enfrentamientos con elementos de la Fuerza Civil; y, en dos casos de personas de mayor poder adquisitivo –el comerciante y el propietario de bar–, sus cuerpos fueron encontrados con un narcomensaje clavado en el pecho en municipios colindantes de Coatzacoalcos. Los demás continúan desaparecidos.

Sobre la coordinación del operativo, el informe señala que los mandos de la Secretaría de Seguridad Pública aseguran que la coordinación la realizaba la Secretaría de Marina, a la cual se le delegó el mando, y que este se realizaba de acuerdo a las necesidades que ordenaba el mando de la Policía Naval, siendo la función de las policías que dependen de la SSP la de reforzar la seguridad de las operaciones de este organismo.

Contrario a esto, existen testimonios de personal de la Policía Naval que aseguran que el Operativo Blindaje Coatzacoalcos estaba desde antes de la llegada de Policía Naval y que no se llevaba a cabo todos los días, sino en determinadas fechas, pero que la Secretaría de Seguridad Pública era la que tenía a cargo y coordinaban todos los operativos blindajes en el estado, mientras que la Policía Naval sólo intervenía como apoyo y en coadyuvancia a la SSP de Veracruz; incluso se asegura que, por lo mismo, la Policía Intermunicipal (Policía Naval) no realizaba bitácoras relacionadas a los operativos blindajes.

Respecto a la detención de personas durante el operativo, los testimoniales de elementos de las corporaciones de seguridad coinciden en que las personas detenidas debían ser remitidas a las instalaciones de la Policía Naval, toda vez que las demás corporaciones no contaban con celdas o separos para las personas detenidas.

En cuanto al registro de las detenciones, por un lado, elementos de la SSP mencionan que el área jurídica de la Policía Naval debía registrar dichas detenciones, mientras que por el otro, elementos de la Policía Naval aseguran que cada organismo llevaba su propio control, pero que la estadística general la levaba la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.

El agrupamiento Coatzacoalcos no contaba con celdas o separos para las personas que eran detenidas por lo que eran llevadas a las instalaciones de la Policía Naval; sin embargo, existen testimonios que aseguran que, dentro de las instalaciones existía un área privada en donde se mantenían a las personas detenidas en lo que se realizaba el trámite de la puesta a disposición.

Otros testimonios comentan que, en ocasiones, había detenciones que realizaban elementos del agrupamiento Coatzacoalcos cuyas personas no eran puestas a disposición del Ministerio Público y que habían casos en que el comandante del agrupamiento realizaba detenciones y no las informaba a la base de operaciones.

Testimonios aseguran que en una ocasión vio a dos elementos encapuchados resguardando el perímetro de la parte posterior de la base, que estos usaban uniforme azul, pero tenían pasamontañas y que, por comentarios de otros compañeros, se decía que había personas detenidas en la parte de atrás junto a la barda, donde hay unos árboles.

El informe también da cuenta que al director de Fuerza Civil era Roberto González Meza, se le conoce por la creación del grupo especial denominado Los Fieles, que acompañaban a altos mandos durante los operativos de mayo y septiembre de 2015.

Agrega que dentro de las operaciones llevadas a cabo por este grupo se cuentan desapariciones forzadas y torturas y que utilizaban la academia de policias El Lencero, ubicada en el municipio de Emiliano Zapata, para detener, interrogar, torturar y ocultar a sus víctimas.

Diferentes noticias y testimonios señalan a Los Fieles de ser el brazo armado que operó y llevó a cabo las desapariciones en diferentes regiones de Veracruz, incluido el municipio de Coatzacoalcos.

AVC/Perla Sandoval

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