Julio fue el mes de la paliza al Poder Judicial del Estado. Pero ahora agosto, por las consecuencias jurídicas de sus erráticas decisiones, está resultando crítico para el Legislativo.

Y es que los diputados que integran la LXV Legislatura local apenas estaban pasando el trago amargo de cumplir con la orden del juez federal que amparó al magistrado Marco Antonio Lezama Moo para que sea reintegrado en sus funciones en el Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), cuando ahora ha sido puesta en evidencia la subdirectora de Servicios Jurídicos del Congreso, Georgina Maribel Chuy Díaz, quien en su  intento por frenar la reincorporación de Jorge Winckler a la Fiscalía General de Veracruz –seguramente presionada por una autoridad superior– contestó a nombre de los 50 legisladores el amparo indirecto 330 /2020 que el abogado yunista interpuso ante el Juzgado Segundo de Distrito reclamando el acto ilegal que lo destituyó de la FGE.

Chuy Díaz presentó la queja sobre el acuerdo que había admitido a trámite la demanda de amparo indirecto promovida por Winckler. Sin embargo, los diputados yunistas del PAN que obviamente apoyan la reincorporación del ex fiscal, anunciaron que procederán contra la funcionaria del Congreso por usurpar sus nombres al interponer una queja para que el juez desechara la demanda de amparo promovida por el ex titular de la FGE.

La abogada del Congreso, por cierto, acababa de solicitarle también a otro juez federal “se deje sin efectos” el apercibimiento con el que se le conminó al Legislativo cumplir con la medida cautelar otorgada a Lezama Moo, pues con la designación de María Lilia Viveros Ramírez para ocupar la magistratura vacante se violentó la Ley federal de Amparo.

Resulta absurdo que el Congreso, que es el encargado de legislar, viole no sólo las leyes fundamentales sino que atente además contra la división de poderes.

Hace  una semana, el Colegio de Abogados de Veracruz, A.C. rechazó públicamente la iniciativa de decreto que pretende modificar la forma de tomar decisiones por parte del Pleno del TSJE y la creación de la figura de Vicepresidente de dicho Pleno, pues consideran que contradicen lo establecido en el artículo 57 de la Constitución.

Señalan que “es completamente inconstitucional que se pretenda permitir que la figura del Pleno que se forma por 9 miembros, sea integrada por sólo 3 integrantes, lo que atenta a la mayoría relativa que fuera creada con el fin de que las decisiones de gran importancia para la vida jurídica de nuestro Estado esté avalada por el mayor número de expertos en impartición de justicia, como son los magistrados de nuestro Poder Judicial.”

Y tras reiterar su rechazo a esta iniciativa de Decreto, exigen respetar “la división de poderes que nuestra Constitución establece para su buen funcionamiento”, señalando que “en este momento, lo que se necesita, es una modificación que le permita al Poder Judicial transitar a la modernidad y digitalización de los procedimientos judiciales.”