El Gobernador Cuitláhuac García y el Presidente de la Jucopo, Juan Javier Gómez Cazarín fueron informados con oportunidad. Se los advirtieron una y otra vez: al menos en el caso de Marco Antonio Lezama Moo había un amparo federal en su favor y su Magistratura no se podía declarar vacante, mucho menos nombrar a un nuevo togado.

No hicieron caso, se empecinaron en violentar la ley, y contra viento y marea, sacaron un dictamen ilegal –al menos en una parte- que designó a nuevos magistrados, como parte del capricho para acotar a la magistrada presidenta Sofía Martínez Huerta, quien en un principio se había mostrado en contra de cumplir el acuerdo de la Legislatura. Luego de ser llamada a cuentas a Palacio de Gobierno, su posición fue otra: “nada podemos hacer por el magistrado Lezama”, aceptó.

Pero como estaba previsto, la justicia federal les enderezó la plana. Ayer se dio a conocer que por orden de un juez federal, el Congreso de Veracruz deberá regresar su cargo al magistrado Lezama Moo, gracias a la protección de un amparo federal que impide aplicarle indebidamente el retiro forzoso previsto en la ley.

El dictamen del Congreso -aprobado incluso por la mayor parte de los grupos parlamentarios, particularmente por algunos diputados del PAN- violó la Ley de Amparo. Hoy justifican que no tuvieron tiempo para respetar la protección federal concedida para reponer al magistrado y ahora piden que no haya sanción. Que a la brevedad repondrán el procedimiento.

En realidad, el magistrado no ha ganado la guerra. El juez determinó que la suspensión se otorgó “para el efecto que las cosas se mantuvieran en el estado que guardaban” y, que no se separará o cesará a Marco Antonio Lezama Moo del cargo de magistrado del PJE hasta que no haya una sentencia definitiva.

Ante el descalabro, los autores del desacato pretenden ahora que el hilo reviente por lo más delgado, por lo que han enviado a la subdirectora de Servicios Jurídicos del Congreso del Estado, Georgina Maribel Chuy Díaz para que presente la absurda excusa ante el juez del Décimo Octavo de Distrito, José Ezequiel Santos Álvarez.

Una apanicada Chuy Díaz justificó que no pudieron dar cumplimiento a la suspensión definitiva que el juez otorgó a favor de Lezama Moo en los 3 días que lo ordenó y comunicó a sus jefes “las medidas tendientes a dar cumplimiento a la suspensión otorgada”, solicitando al presidente de la Junta de Coordinación Política que el asunto sea incluido en la celebración de la próxima sesión de la Diputación Permanente, lo cual sucederá el próximo martes 18 de agosto.

La funcionaria del Congreso también pidió al juez que “se deje sin efectos” el apercibimiento con el que se le conminó a cumplir con la medida, luego de que la designación de la magistrada suplente por parte de la Legislatura violentó la Ley de Amparo y se puede proceder ante la Fiscalía General de la República.

Por ello, algunos morenistas están verdaderamente apanicados porque podría tratarse de un delito federal cuya onda expansiva alcanzaría a los tres poderes. La responsabilidad y la sanción -destitución e inhabilitación de 3 a 9 años para desempeñar otro cargo público- podrían no sólo caer sobre integrantes del Congreso sino también del Consejo de la Judicatura, que fue la instancia que emitió el acuerdo de vacancia y la remitió al Congreso.

El juez José Ezequiel Santos Álvarez ordenó al Congreso reinstalar al magistrado en su cargo en un plazo máximo de 10 días; en su respuesta, Chuy Díaz solicitó al juez que se especifiquen las acciones que debe realizar a fin de que, “sin que se varíen los efectos de la suspensión, se cumpla con la orden emitida.”

Y no es que no sepan lo que tienen que hacer, sino que hay dos caminos abiertos: que se deje sin efecto la parte del dictamen en que se nombra a María Lilia Viveros Ramírez en sustitución de Lezama Moo y se mantengan el resto de los nombramientos o invalidar todo el dictamen, lo que implicaría que se anulen el resto de los nombramientos y se reponga la totalidad del procedimiento.

Ayer al mediodía, humillada y sometida, la magistrada presidenta hizo lo que siempre se resistió a hacer: recibir instrucciones de Palacio de Gobierno de lo que tiene que hacer para reincorporar al magistrado, quien hasta hace algunas semanas había sido uno de sus pocos aliados políticos al interior del TSJE.

Pero la historia del desacato por parte de los tres poderes -el Gobernador propuso a la magistrada suplente aún sobre un amparo, el Congreso elaboró el dictamen, lo aprobó y le tomó protesta; y el Judicial elaboró por la vía del Consejo de la Judicatura el acuerdo de vacancia, le dio posesión y le asignó sala- no termina aquí.

Falta esperar la resolución en los amparos promovidos por los magistrados Víctor Manuel César Rincón y Gladys Pérez Maldonado –en este último caso, obtenido el mismo día de la sesión del Congreso-, así como el de Roberto Dorantes Romero, quien está en el mismo supuesto de Lezama Moo. El carnaval judicial está en su apogeo.

Las del estribo…

1. Veracruz magia y encuentro. Resulta que una buena parte de la población sigue sin creer en la existencia del Covid y su devastadora estela de muerte pero salen en turba y con antorchas encendidas a echarle de tiros al nahual o a perseguir chaneques, como sucedió hace un par de noches en el municipio de Soledad de Doblado. ¡Así, cómo!

2. Desde el lunes, el Coordinación General de Comunicación Social Iván Luna Landa, anda más ocupado en desmentir que deja el cargo que en difundir las actividades del gobernador, quien ayer participó en el Foro Regional donde se abordó el reto del corredor interoceánico como pilar de la 4T, lo que apenas mereció un pie de foto. En efecto, a sus malquerientes le sobran razones para promover su cese, sin embargo no está en los planes del mandatario despedirlo.