Hace un par de semanas, la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) turnó a los organismos públicos locales electorales (Oples) presuntos casos de promoción personalizada en la que habrían incurrido legisladores y funcionarios al entregar diversos bienes con motivo de la pandemia del Covid-19, para que determinen si se cometió la irregularidad y aplicar posibles sanciones.

También revocó el acuerdo de la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE), por medio del cual dictó medidas cautelares contra servidores públicos que habrían caído en el ilícito.

Los magistrados determinaron lo anterior al resolver impugnaciones al acuerdo del INE, interpuestas por ocho legisladores y funcionarios que presuntamente hicieron uso indebido de recursos públicos para realizar promoción personalizada, entre los cuales se encuentran la senadora Sylvana Beltrones, hija del ex dirigente priista Manlio Fabio Beltrones, la cual es candidateada para la gubernatura de Sonora en 2021; el diputado federal Sergio Gutiérrez Luna, aspirante de Morena a la presidencia municipal de Minatitlán, y Horacio Duarte Olivares, a quien Gutiérrez Luna sustituyó en la Cámara baja del Congreso de la Unión ya que el legislador mexiquense solicitó licencia para separarse de su cargo al ser designado a principios de mayo titular de la Administración General de Aduanas tras la renuncia de Ricardo Ahued, quien decidió retornar a su escaño como representante de Veracruz en el Senado de la República.

En sesión privada no presencial, los magistrados del TEPJF estimaron que la Comisión de Quejas del INE no tiene competencia para conocer de presuntas irregularidades electorales a partir de elementos probatorios que únicamente revelan una incidencia en el ámbito local.

¡Cómo da vueltas la vida! Y es que el caso del diputado Gutiérrez Luna ha sido turnado al órgano electoral de Veracruz que preside el consejero José Alejandro Bonilla.

Lo que algunos quizá no recuerden es que este legislador de Morena fue el principal promotor de la reforma electoral que pretendía eliminar a los 32 Oples del país con el argumento de generar ahorros de 5 mil millones de pesos con proceso electoral, y de entre 7 mil y 9 mil millones de pesos en un año sin comicios, aseverando que con estas medidas de “austeridad que ha marcado el presidente Andrés Manuel López Obrador” no se pondría en riesgo la efectividad y certeza de los procesos electorales.

Sin embargo, en uno de los Foros de Parlamento Abierto para el Análisis y Discusión de la Reforma Electoral organizados a mediados de junio de 2019 en la Cámara de Diputados, Gutiérrez Luna –nativo de Minatitlán pero desarraigado de este municipio petrolero a cuya alcaldía pretende postularse en 2021– recibió respuesta del consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova, quien manifestó que “desaparecer los Oples y sustituirlos por consejos locales del INE, nombrados desde la Cámara de Diputados, no sólo se generarían problemas operativos, sino que habrá una vulneración directa a la autonomía del sistema electoral y una cooptación política de las autoridades electorales”.

Indicó que desaparecer los Oples implicaría que el INE organice todo y para ello es necesario que el INE “se transforme o se refunde ampliando sus estructuras en los estados, incrementando sus capacidades operativas y, por lo tanto, necesitará más recursos”.

Córdova Vianello, en cambio, propuso modificar la Ley General de Partidos Políticos “para establecer que se multiplique el padrón de cada estado por el 30 por ciento, y no el 65 por ciento como ocurre”, con lo cual, puntualizó, “se estarían reduciendo en el plano local casi 2 mil 500 millones de pesos al año”.

Además se pronunció por el uso de la urna electrónica ya que, dijo, “ahorraría recursos en el trabajo de campo, capacitación electoral, integración de casillas, documentos y materiales electorales, el PREP, así como en cómputos distritales y recuentos”, resumiendo que “sólo en elecciones federales serían ahorros de 4 mil 500 millones de pesos”.

El consejero presidente del INE señaló que en estas dos propuestas el órgano electoral federal se podría ahorrar alrededor de 7 mil millones de pesos.