Poco antes de dejar su malhadado gobierno, Javier Duarte desmanteló las policías de varios municipios al conque de que sus elementos no habían cumplido con los exámenes de confianza y varios estaban metidos en el narco. Y la verdad sea dicha no le faltaba razón.
Una de esas policías fue la Intermunicipal de Poza Rica-Tihuatlán-Coatzintla, pero es de justicia decir que no todos sus elementos andaban en malos pasos, por lo que exigieron sus finiquitos como lo marca la ley por despido injustificado.
El gobierno de Duarte anunció 20 millones de pesos de liquidación y… ese dinero se evaporó.
Por casi cinco años cuatrocientos trabajadores entre ex policías y personal administrativo esperaron en vano ese dinero, hasta que el año anterior descubrieron que sujetos poco escrupulosos falsificaron firmas en los cheques del finiquito, los cobraron y anda vete.
¿Quién o quiénes fueron?
El asesor jurídico de los trabajadores, Ader Óscar Juárez Téllez, dijo que sus representados interpusieron varias denuncias el pasado 24 de octubre que se encuentran asentadas en el expediente 808/2019.
Estas denuncias son contra el ex gobernador Javier Duarte y contra el ex secretario de la SSP, Arturo Bermúdez Zurita. Pero además contra el ex jefe de la Unidad Administrativa de la SSP, Alejandro Contreras Uscanga; el ex jefe de Recursos Humanos, Aurelio Lazcano Guerrero; el ex jefe de Finanzas, José Luis Navarrete Ortega; el ex director Jurídico, Luis Rafael Sánchez Infante; contra Ulises Rodríguez Landa, actualmente en la Unidad Administrativa, contra José Luis Villa Sánchez y contra la actual encargada de Administración de Recursos Humanos de la Unidad Administrativa de la SSP, Noemí Liliana Lozada Hernández.
Estamos hablando de nueve personas entre funcionarios y ex funcionarios. Y alguno debe saber dónde quedó la bolita.
“Pedimos justicia para estos despidos injustificados. Es una demanda social de más de 400 trabajadores. No sé si hay omisión de las autoridades que nos representan, pero seguimos con la lucha que ha sido un calvario y un cansancio. (Mis representados) son personas de la tercera edad, algunos ya han muerto y si en vida no les pagaron, finados menos”, dijo Juárez Téllez.
El representante agregó que en lo que va de esta administración es la novena vez que vienen a Xalapa en busca de una solución y no han obtenido respuesta.
Veinte millones de pesos entre 400 personas tocan de a 50 mil pesos para cada una. Una bicoca en estos tiempos que corren (sobre todo para quienes tenían más de 20 años laborando) pero que les ayudarían a solventar sus necesidades más apremiantes.
En cambio 20 millones entre nueve, toca de a 2 millones 200 mil pesos aproximadamente por persona. Y esa sí es una cantidad respetable.
Ojo, ni por asomo estoy sugiriendo y mucho menos insinuando que estos nueve denunciados se quedaron con el dinero, sobre todo Duarte y Reyes Zurita que son dos finísimas personas. Yo simplemente hice un par de divisiones matemáticas.
Esta es una oportunidad para que la Fiscal Estatal, Verónica Hernández Giadáns y la Fiscal Anticorrupción, Clementina Salazar Cruz, hagan justicia y se cubran de gloria haciendo una investigación a fondo que dé con los presuntos responsables.
¿Lo harán? Está en chino pero la esperanza es lo último que se pierde.
Y a eso se aferran estos 400 hombres y mujeres despedidos injustamente; a una esperanza de justicia que por su edad, quizá nunca vean llegar.