La permanencia de la magistrada Sofía Martínez Huerta como Presidenta del Tribunal Superior de Justicia ya no es un tema a discusión. En el mes de agosto se reunirá el Pleno para elegir al nuevo titular del Poder Judicial, lo que marcaría una administración tan desastrosa como efímera.
En medio de una soterrada lucha legal y política, el grupo parlamentario de Morena propuso ayer reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado y modificar la forma en que sesionan el Tribunal Superior de Justicia y el Consejo de la Judicatura, eliminando la necesidad de que la Presidenta esté presente. La iniciativa presentada por el diputado Raymundo Andrade Rivera plantea que tanto las sesiones del Tribunal como del Consejo sólo requieren la presencia de tres integrantes, “cuya mayoría sería suficiente para la legalidad de sus acuerdos», eliminando de la ley que la actual presidenta deba estar presente. La podrán correr en ausencia, pues.
Es lamentable que Morena recurra a reformas de ley para resolver sus conflictos internos, convirtiendo a la Presidencia del Tribunal –que no a la Presidenta, que estará acaso unas semanas más- en una figura decorativa. Al parecer, en palacio de gobierno no han podido controlar al monstruo que ellos mismos crearon.
Durante el fin de semana corrió con fuerza la versión de la renuncia de la magistrada presidenta. Sin embargo no se trata de un cargo administrativo que baste la simple manifestación escrita de la dimisión sino que esta tiene que presentarse ante el Pleno del Tribunal, algo que hasta ahora no ha sucedido, ni para lo cual ha sido convocado.
Como dije, ello ocurrirá durante el mes de agosto, incluso bajo las reglas de la reforma propuesta ayer en el Congreso. ¿Qué parte de la expresión “te tienes que ir” no logra entender Sofía Martínez Huerta? ¿Hasta dónde permitirá que llegue la humillación pública? ¿Hasta dónde son capaces de convertir al Poder Judicial en una simple rémora de sus intereses políticos?
Mientras tanto, ayer mismo el Gobernador del Estado envió al Congreso su propuesta de seis candidatos a magistrados que deberán ocupar las vacantes decretadas por el legislativo en su última sesión, si bien la ley establece que debe ser la Presidencia del Tribunal quien notifique al mandatario y solicite presente sus propuestas. Si Cuitláhuac García ya las envió significa que hace suyas las decisiones tomadas lo mismo por la bancada morenista que por el Consejo de la Judicatura. Sólo Sofía Martínez no lo ha entendido.
En la sesión del Congreso de este martes se dio a conocer que el mandatario ha propuesto a María Lilia Viveros Ramírez; Alma Rosa Flores Ceballos; Ailett García Cayetano; Lizbeth Aurelia Jiménez Aguirre; Itzel Castro Castillo y Antonio Sobrevilla Castillo para ocupar las seis vacantes, incluida la del magistrado Lezama Moo quien habría ganado el amparo para permanecer en el cargo al no serle retroactiva la reforma de retiro por edad. Como fuere, las propuestas del Ejecutivo serán votadas este jueves durante la última sesión del actual periodo ordinario.
Y siendo que la permanencia de la magistrada Sofía Martínez Huerta como Presidenta del Tribunal Superior de Justicia ya no está a debate, ahora el problema es elegir a quien habrá de sustituirla, previniendo que no repitan el desvarío de poder y el vergonzoso nepotismo, además de sacudir a un Tribunal paralizado por la pandemia, la ambición y la incompetencia.
Paradójicamente, mientras los juzgados han detenido miles de asuntos que urgen a los ciudadanos resolver, la alta burocracia judicial no ha perdido tiempo en sostener una encarnizada lucha por el poder y por el dinero, que los ha llevado incluso a la pretensión de modificar las leyes.
Es evidente que el gobernador no tiene magistrados afines con capacidad y experiencia para sustituir a la presidenta, por eso buscan prácticamente desaparecer esa figura. No hay perfiles adecuados ni entre los magistrados que ingresaron a finales del año pasado, ni en los que lo harán a partir del mes de agosto. En la mayoría de los casos, se trata de personas con formación jurídica pero nula experiencia en la impartición de justicia, sin trayectoria, acaso simpatizantes de un movimiento que hoy encabeza el poder del estado.
Las circunstancias obligarían a que el gobierno pacte con los actuales magistrados para encontrar consenso en la designación de un nuevo Presidente. Elegir un perfil que si bien no sea una expresión pura de Morena, sí garantice la urgente gobernabilidad y eficiencia al interior del Tribunal. El TSJE requiere de un Presidente respetado y reconocido por sus pares luego de que son públicas las descalificaciones de la mayor parte de los togados en contra de quien fue impuesta en la Presidencia.
Pero, ¿quién quería ser un Presidente (a) de membrete, con las barbas todo el tiempo bajo el agua?
Las del estribo…
- El Gobernador presenta su propuesta de magistrados del TSJE para ocupar seis vacantes, a pesar de que algunas de ellas están en litigio. El Congreso tampoco respeta los amparos en favor de los magistrados que se resisten a dejar el cargo -ni su propio Decreto para que el suplente asuma la Presidencia Municipal de Actopan-. La Presidenta del Tribunal tampoco reconoce los acuerdos del Consejo de la Judicatura que buscan nulificarla. Así andan los tres poderes en eso del respeto al Estado de Derecho.
- Ayer el PAN ganó una bandera electoral a Morena. La Comisión de Hacienda dictaminó en contra la iniciativa albiazul de desaparecer la tenencia vehicular; el argumento de Morena fue que esto representaría una merma de 145.6 millones de pesos al presupuesto estatal, además de que el mandatario ya había emitido un Decreto para subsidiar este impuesto, no así los derechos y otros conceptos. Eliminar la tenencia vehicular suele ser una oferta muy atractiva en elecciones