La historia no siempre es como la cuentan los vencedores, sin embargo, tirios y troyanos al interior del Poder Judicial celebraron el asalto orquestado desde del Consejo de la Judicatura para deponer la estructura administrativa que había impuesto la magistrada Presidenta, distinguida por el nepotismo y la persecución laboral al personal de todas las áreas.

Si bien a la magistrada Presidenta le podría asistir la razón jurídica en el caso del acuerdo tomado por el Congreso del Estado para la remoción de dos magistrados y la conclusión de su periodo de otros cuatro –algo que tendrán que resolver los tribunales por la vía de los amparos–, su situación política y administrativa era insostenible.

Como aquí mismo se documentó, en estos meses, el TSJE se llenó de familiares y amigos de quien siempre ocupó un modesto espacio de secretaria, algo que no le demerita pero tampoco le calificaba para el cargo. Sofía Martínez no había sido siquiera juez, sólo conocía el Coliseo desde la muchedumbre de la burocracia. Sin embargo, abrazada por su entorno personal y afectivo intentó utilizar al Poder Judicial para su reivindicación y la de otros.

Una vez caída en desgracia, salen a la luz decenas de historias de maltrato, discriminación y prepotencia de sus colaboradores más cercanos, entre ellos, su propia nuera y el menor de sus hijos, así como el manejo administrativo poco transparente y del uso discrecional de los recursos públicos y humanos del Tribunal. Tal vez eso se lo hubieran perdonado –como a tantos otros en este gobierno–, pero lo que no se toleró fue la arrogancia y la deslealtad.

Por esto, parada en medio de un campo minado que nunca observó, la caída política y administrativa de la magistrada presidenta fue relativamente fácil. Además, su falta de oficio de facilitó la tarea a sus adversarios. Hoy sólo le queda el camino que ayer fue un rumor creciente: la renuncia.

En el bando de enfrente demostraron que han adquirido oficio político. No tuvieron que quebrantar reglas para deponer materialmente a la magistrada Presidenta, sino que utilizaron los propios recursos jurídicos del Tribunal. Si en el caso de los magistrados que se resisten al retiro, los tribunales no les dan la razón, será una derrota pírrica frente al control que han tomado del TSJE, algo que quedará muy claro para quien eventualmente releve a la magistrada Martínez Huerta.

Pero si el conflicto entre el Poder Judicial y el Congreso del Estado no fue aún mayor, fue por una decisión prudente y estratégica: entregar los cargos a los integrantes del Consejo de la Judicatura –lo que garantizó su voto en contra de la Presidencia– para que estos a su vez promovieran al personal del propio Tribunal en reconocimiento al trabajo de algunos vienen realizando de administraciones atrás.

Así, los operadores del Congreso evitaron no sólo el señalamiento de que la pugna era por el reparto vil y arrabalero de las “chambas” para sus alfiles, sino que permitió una mejor distribución de poder y equilibrio de fuerzas, y la tranquilidad de la burocracia al tener a nuevos funcionarios de casa. Falta que no repitan los vicios, el maltrato y las amenazas de quienes se fueron por la puerta de atrás.

Al final de esta historia, la magistrada presidenta no tiene siquiera con quien compartir la derrota.

El rescate del IPE

Por muchas administraciones, el Instituto de Pensiones del Estado fue ejemplo de corrupción y despilfarro. Sueldos millonarios, partidas secretas a los miembros del Consejo de Administración y transferencias irregulares al gobierno estatal fueron algunas prácticas recurrentes, incluso durante la administración de Hilario Barcelata, un académico que presumía de conocer al IPE como nadie. Y casi lo quebró.

En enero de este año, la directora Daniela Griego –a quien se le considera la más seria candidata de Morena a la alcaldía de Xalapa- anunció la recuperación de más de 620 millones de pesos de cuotas de instituciones que por años dejaron de hacer sus aportaciones. Ayer se informó que la Fiscalía del Estado cubrió más de 42 millones de pesos de aportaciones, producto de omisión en la entrega de las retenciones y también de los recargos que se generaron entre abril de 2015 hasta septiembre de 2016.

El convenio se logró a iniciativa del Secretario de Finanzas, José Luis Lima Franco, mediante un esquema que ya se venía aplicando a otros organismos como el CECyTEV, con lo que se han recuperado en total 668 millones a favor de las arcas del IPE. Ahora, como se ha planteado, se requiere de nuevas fuentes de ingresos además de continuar celebrando convenios con los entes deudores. De recuperarse la autosuficiencia, sería tal vez el logro financiero más importante del gobierno de Cuitláhuac García.

En realidad, más que rescatar al IPE, se está rescatando la pensión de miles de trabajadores del estado.

Las del estribo…

  1. Una vez más, el Presidente anuncia la reducción salarial a la burocracia federal, como lo hizo en abril –cuando incluso habló de cancelar los aguinaldos-, confirmando que se trata de un gobierno mentiroso compulsivo. Habla de que se trata de “donaciones voluntarias”, pero aplica porcentajes de descuento de acuerdo al cargo, algo prohibido en la Constitución. Una pluma más al ganso.
  2. El problema del cierre de las vialidades y sus protestas es un problema menor para el gobierno estatal. Lo verdaderamente grave está en la duración de la pandemia –cada vez más municipios están en rojo- y el impacto electoral que esto tendrá. En las encuestas van en caída libre y en Palacio Nacional lo saben.