Aunque la respuesta que dio ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre si su gobierno procedería penalmente contra Miguel Ángel Yunes Linares como exdirector del ISSSTE muchos la interpretaron como un “indulto” del tabasqueño al exgobernador de Veracruz, mal haría el panista en echar las campanas al vuelo y darse por exonerado, ya que lo mismo decía el tabasqueño de Rosario Robles, la extitular de la Sedesol y Sedatu actualmente presa por la “Estafa Maestra”, y del expresidente Enrique Peña Nieto, al que la Fiscalía General de la República (FGR) tiene actualmente en jaque con la inminente extradición del exdirector general de Pemex, Emilio Lozoya Austin, implicado en los millonarios sobornos que el consorcio brasileño Odebrecht entregó para la campaña presidencial priista de 2012.

Y es que lo que AMLO respondió, ante la insistencia de Judith Sánchez Reyes, reportera de Imagen del Golfo, es que hasta ahora su gobierno no ha presentado ninguna querella penal en contra de Yunes, pero que si acaso existiera alguna interpuesta anteriormente, eso “va a corresponder a la Fiscalía informar sobre el estado que guarda esta denuncia.”

“Eso podría responderlo el Fiscal, el doctor Alejandro Gertz Manero. Él puede informar sobre eso. Nosotros no tenemos elementos, o sea, no hay ningún dato del gobierno federal en contra del exgobernador. Es posible que el gobierno actual de Veracruz haya presentado denuncia y otras que se hayan presentado que vengan de tiempo atrás. Nosotros no hemos presentado, en especial, ninguna denuncia”, reiteró el mandatario mexicano, al que hace tres años Yunes, como gobernador, llamó “loco”, “corrupto” y “mentiroso” previo a la sucesión presidencial de 2018, retándolo a debatir  públicamente tras advertirle que “aquí vas a encontrar la horma de su zapato”.

Pero AMLO sabe que Yunes sí fue denunciado ante la FGR, pues en su campaña le fue entregada la llamada “Carpeta Azul”, que detallaba todos los bienes muebles e inmuebles que el panista y su familia posee en Veracruz, la Ciudad de México, Estados Unidos y España.

En 2013, el exdirigente nacional del PAN, Manuel Espino Barrientos, lo denunció ante la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), de la entonces Procuraduría General de la República (PGR), por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, atribuyéndole desde esa fecha al exdirector del ISSSTE un patrimonio de más de 3 mil millones de pesos.

Una denuncia similar a la de Espino –actual titular del Servicio de Protección Federal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana– presentó también ante la misma instancia de la PGR, en febrero de 2016, el aún gobernador Javier Duarte de Ochoa en contra de Yunes.

 

De igual manera, ese mismo año, en agosto de 2016 –después de las elecciones que ganó el panista–, la Sección 32 del SNTE presentó otra querella penal contra Yunes Linares por apropiarse presuntamente de más de 230 millones de pesos de “comisiones” y “retenciones” indebidas descontadas a miles de maestros afiliados al ISSSTE, que según la averiguación previa FED/SEIDO/VEIORPIFAM-DF/0000445/2016 eran transferidas de forma ilegal a cuatro sociedades mercantiles, entre cuyos accionistas figuraban sus tres hijos y su esposa.

Y sí, tal como lo sugirió el propio presidente López Obrador, el gobierno de Cuitláhuac García también lo denunció ante la FGR por pagar anticipadamente cerca de Mil 100 millones de pesos por 6 mil 476 cámaras de videovigilancia que no funcionaban en su mayoría y cuya instalación tampoco concluyó la empresa contratista propiedad del dueño de un diario financiero de la ciudad de México.

Van sobre Téllez Marié

Por cierto, anoche se informó que el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito está por determinar como improcedente un recurso de queja que promovió el exsecretario yunista de Seguridad Pública, Jaime Téllez Marié, en contra de la nueva revisión a las cuentas públicas del ejercicio fiscal del año 2018 realizada por el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) del estado.

Según se precisó, en esta nueva revisión realizada por el ORFIS las observaciones por presunto daño patrimonial serían por más de mil 051 millones de pesos, el cual puede generar responsabilidad penal al exfuncionario del gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares.

Y es que un juez federal desechó un amparo que promovió Téllez Marié contra la nueva revisión a la Cuenta Pública del año 2018 realizada por el ente fiscalizador a solicitud de la LXV Legislatura local, sin embargo, el extitular de la SSP optó por interponer un recurso de queja que está por ser desechado nuevamente.

El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, en sesión realizada vía videoconferencia, ordenó dejar en lista el asunto señalado, toda vez que de oficio se estima la posible causa de improcedencia prevista en la Ley Federal de Amparo.

Las autoridades determinaron lo anterior en virtud de que del contenido del decreto 295 a través del cual no se aprobó la Cuenta Pública 2018 y se ordena al Órgano de Fiscalización Estatal (ORFIS) efectuar una nueva valoración sobre las aclaraciones y documentación justificatoria y comprobatoria presentada por los entes fiscalizables.

El Tribunal estima que Téllez Marié no acredita un interés jurídico por parte del quejoso para activar el juicio de amparo, pues el hecho de que no se haya aprobado la Cuenta Pública 2018 no le causa un agravio personal y directo en su esfera jurídica, además de que el decreto no se encuentra dirigido a una persona en particular, sino que habla de entes fiscalizables del gobierno.

Por consiguiente, se concluye que carece igualmente de legitimación para activar la instancia de amparo, pues del acto reclamado no se advierte que se transgreda interés difuso alguno en su perjuicio.

Al exsecretario yunista se le concedió un plazo de 3 días  para que manifieste lo que a su interés legal convenga, lo cual deberá desahogar mediante el Portal de Servicios en Línea.

A finales de noviembre de 2019, el extitular de la Secretaría de Seguridad Pública intentó ampararse ante la justicia federal en contra de la decisión del Congreso del Estado de revisar nuevamente los pliegos de observaciones y las cuentas públicas del año 2018, sin embargo, el Juzgado Primero de Distrito desechó su demanda.

Hay que recordar que por probables irregularidades en el gasto público los diputados locales optaron por no aprobar la Cuenta Pública de dicho ejercicio (2018) en los entes fiscales, y se ordenó al Órgano de Fiscalización a que en un plazo no mayor a noventa días efectuara la nueva revisión.

Posteriormente, en febrero de este año el Poder Legislativo aprobó las Cuentas Públicas, y en lo referente a la revisión del Suministro e Instalación de las Cámaras que integran el Sistema Estatal de Videovigilancia, se determinó la existencia de un presunto daño patrimonial por un total de Mil 051 millones 975 mil 896.57 pesos.