En los próximos días podría darse un choque de trenes entre el Poder Judicial y el Congreso del Estado, a raíz de la decisión del legislativo de no aprobar la ratificación de cuatro magistrados, pero principalmente, por la remoción de otros dos que estaban a resguardo gracias a una suspensión de amparo definitiva y un acuerdo del pleno de la Judicatura.

Lo que parecía ser un asunto de mero trámite – la aprobación del acuerdo de la Junta de Coordinación Política-, podría terminar en una controversia constitucional donde el Poder Judicial exhiba la pretensión intervencionista de los diputados de Morena en el Congreso local para hacerse ilegalmente de las seis magistraturas.

Por lo pronto, la presidenta Sofía Martínez Huerta, confirmó a sus pares que no acatará el acuerdo del Congreso y defenderá la autonomía del Poder Judicial del intento golpista que promueven desde el Congreso a través de algunos magistrados que entraron en funciones en octubre pasado y quienes han venido a sembrar la discordia al interior del Tribunal.

En reunión de trabajo, los magistrados vieron a una magistrada presidenta hasta ahora desconocida, firme y decidida a enfrentar al grupo político que desde el Congreso y el Tribunal intentan removerla del cargo. “No pasarán” ha dicho al analizar la situación que prevalece tras la decisión del Congreso y el cabildeo de algunos de los nuevos magistrados.

De hecho, expresó su malestar de que la Legislatura no haya cuidado las formas y no hayan mantenido una comunicación institucional para sacar el acuerdo de la Junta de Coordinación Política. De haberlo hecho, los diputados se habrían enterado que Marco Antonio Lezama Moo y Roberto Dorantes Romero –quienes ya cumplieron 70 años y tendrían que haber dejado el TSJE desde el 7 de julio pasado- gozan de la protección de un acuerdo del pleno de la Judicatura y de una suspensión definitiva frente a la retroactividad que intentan imponerles de la reforma yunista.

La propia magistrada Presidenta ha dicho que solicitará un amparo y ha exhortado a los magistrados afectados a que hagan lo mismo ante la decisión del Congreso. En los casos mencionados, por no acatar el acuerdo y la suspensión; en cambio, Víctor Manuel César Rincón lo haría por no haber considerado sus méritos, a pesar de que el dictamen del Consejo de la Judicatura resultó a su favor, pese a la mancha de su inexistente cédula profesional.

Tampoco se descarta que los hagan los magistrados Gladys Pérez Maldonado y Fernando Charlestón Salinas, ya que si bien fue el Consejo de la Judicatura quien no los consideró aptos para seguir en el cargo –fundamento que utilizó la Congreso para emitir su dictamen-, no se les notificó de su negativa como establece el procedimiento, sino que se informó directamente a la Junta de Coordinación Política, y con ello, se canceló su derecho a la revisión.

Para Sofía Martínez en este momento el Poder Judicial no tiene vacantes. O no las tiene de la manera en que el Congreso asume que las decidió en su acuerdo del pasado 7 de julio. Y esto porque contrario a lo que piensan los legisladores morenistas, el Poder Judicial no debe informar de las vacancias al Poder Legislativo sino al Gobernador para que sea este quien elabore la propuesta correspondiente.

Y la Presidenta no puede informar de vacantes al gobernador hasta que estas sean firmes, es decir, que no estén sujetas a amparos o procesos administrativos como actualmente lo están algunas de ellas. Por eso, sólo Edel Álvarez Peña ha dicho que se retira a fin de mes que se cumple su periodo y el resto podría estar en veremos, por lo que hasta entonces se hará del conocimiento del mandatario estatal.

De hecho, esta ignorancia jurídica se plasmó en el acuerdo de la Junta de Coordinación Política, donde se señala que el Poder Judicial debió informarle de las vacantes que en realidad no existen, no todavía. Erigidos en un poder sobre otro, desde el grupo parlamentario de Morena intentan decidir sobre la vida interna del Poder Judicial, ante la aparente indiferencia del Gobernador.

Por esa razón la magistrada Presidenta ha dicho que no ejecutará el acuerdo del Congreso porque esto incluso le resultaría en responsabilidad penal. Los propios diputados locales habrían incurrido en un delito al haber quebrantado la disposición de un Juez de Distrito y desconocer los alcances de una suspensión en materia de derecho constitucional.

De resultar responsables, los diputados de la Junta de Coordinación Política podrían ser acreedores a una pena de 5 a 10 años de prisión, multa de 100 a mil días, en su caso destitución e inhabilitación de cinco a diez años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos a la autoridad que dolosamente, por repetición de un acto reclamado, como ayer lo explicó la magistrada Concepción Flores Saviaga.

El asunto es grave. Por lo pronto, Sofía Martínez ya ha llevado al caso ante la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia, la cual estaría por expresar su apoyo a la magistrada presidenta de Veracruz. Quienes creían que sería presa fácil, se han llevado una sorpresa, sobre todo quienes desde dentro del TSJE –con el apoyo de una horda de diputados morenistas- intentan derrocarla.

Cuando la magistrada Presidenta aseguró a sus magistrados que sería traicionada, el primero en alzar la voz fue Sergio Jiménez Maraboto. “¿Acaso será yo, Presidenta?”

Las del estribo…

1. La declaración del Presidente López Obrador de que su gobierno no tiene información ni ha presentado denuncia alguna en contra del ex gobernador veracruzano Miguel Ángel Yunes tomó por sorpresa a muchos. Seguramente no al ex mandatario, luego de que en Veracruz, el gobierno actual no ha podido encontrarle siquiera una nota de gasolina apócrifa. Todo ha quedado en el “show” de las denuncias públicas.
2. Entre las cifras dadas a conocer por López-Gatell el lunes por la noche y el martes por la mañana en Palacio Nacional hay una diferencia nada más de ¡2 mil muertos! Y luego se preguntan por qué la gente no les cree y salen irresponsablemente a la calle. Por cierto, los ventiladores mexicanos son mérito de los científicos, no de quien le ha quitado presupuesto a la ciencia y la investigación.