Hace una semana, Gabriela Gómez Cervantes, una humilde vendedora de tlacoyos y quesadillas, de 26 años de edad, madre de dos niñas y oriunda del municipio de Xalatlaco, Estado de México, tuvo la mala fortuna de estar a la hora y en el lugar equivocados: murió por una bala perdida en el fuego cruzado durante el fallido atentado contra el secretario de Seguridad Ciudadana de la CDMX, Omar García Harfuch.

Las autoridades capitalinas, a través de la Comisión de Atención a Víctimas a cargo de Armando Ocampo, contactaron a los familiares de la difunta, a los cuales ofrecieron una indemnización de 60 mil pesos, además de una beca para la hija mayor, de apenas 9 años de edad.

El asesor jurídico de la familia de Gabriela consideró ese monto insuficiente y les aconsejó pedir 2 millones de pesos, pues además Tania, hermana de la víctima, recibió un balazo en la mano.

Obviamente el interlocutor del gobierno de la CDMX se resiste a pagar tal cantidad.

¿En cuánto se debe tasar una vida como la de esta madre que prácticamente dejó en la orfandad a sus dos pequeñas hijas, ante la enfermedad que tiene postrado a su esposo José García?

Otro caso data de hace 11 años: el de la guardería ABC, de Hermosillo, Sonora, que se incendió el 5 de junio de 2009 provocando la muerte de 49 niños.

Las investigaciones revelaron que el inmueble había sido subrogado por el entonces director del IMSS, Juan Molinar Horcasitas, a Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo, prima de Margarita Zavala, esposa de Felipe Calderón, Presidente de la República en funciones.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) acaba de autorizar que se revise la indemnización otorgada a los familiares de una de las víctimas del incendio de dicha guardería, quienes demandan una compensación de alrededor de 10 millones de pesos.

Los ministros de la primera Sala de la SCJN señalaron, por mayoría de cuatro votos contra uno, que en este caso existieron violaciones graves a los derechos humanos de los afectados por parte de autoridades federales, por lo cual procede una reparación integral por el daño causado.

En el caso resuelto por la SCJN, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) ya había autorizado una primera indemnización, sin embargo, los familiares consideraron que era insuficiente pues no contemplaba una compensación por la afectación sicológica que sufrió el hermano de la víctima directa, también menor de edad, y demandaron además cubrir el pago de las costas judiciales y de transporte que erogaron para litigar el caso.

Los ministros señalaron que la resolución de la CEAV fue poco clara y, además, omisa en determinar la procedencia o improcedencia de algunas de las medidas complementarias que componen la reparación integral del daño por violaciones a derechos humanos, esto en términos de la Ley General de Víctimas.

En la sentencia aprobada, elaborada por el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, se advierte que la autoridad judicial sí está facultada para revisar una indemnización otorgada por la CEAV, si es que la encuentra insuficiente: los órganos del Poder Judicial de la Federación, efectivamente, están facultados para la recuantificación de los montos indemnizatorios, previa y erróneamente calculados por las autoridades competentes para ello.

Sobre este asunto, la CEAV adelantó en mayo pasado que acataría la sentencia de la SCJN, pero pidió que se comprenda que su presupuesto es limitado y no puede aplicar los criterios de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que en litigios parecidos otorga compensaciones millonarias.

Este caso fue uno de los varios que venía arrastrando la CEAV desde la administración del expresidente Enrique Peña Nieto, y cuya acumulación originó la falta de recursos denunciada por Mara Gómez, antes de renunciar a presidir esta comisión.

El martes pasado, en el fraccionamiento Colinas de Santa Fe, del puerto de Veracruz, Jonathan Antonio N. F., un joven de 27 años de edad, empleado de una empresa gasera, murió por un supuesto disparo accidental de un policía municipal, versión que la familia de la víctima se niega aceptar ante los testimonios de algunos vecinos que temen declarar ministerialmente porque habrían sido amedrantados.

El alcalde porteño Fernando Yunes Márquez, del PAN, salió en defensa del elemento policiaco y anunció que la familia de la víctima recibiría apoyo para gastos funerarios. ¡Cuánta “generosidad”!