Aun cuando el Centro Federal de Readaptación Social en Villa Aldama tiene 5 casos confirmados y 7 sospechosos de Covid-19 y un interno fallecido, los protocolos de actuación ante la contingencia no se respetan, señaló la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
En su informe especial sobre las medidas adoptadas por los centros penitenciarios para la atención de la emergencia del Covid-19, detalla que en la visita al Cefereso, las personas internas no usaban cubrebocas, no conservaban la sana distancia en pasillos, comedores y talleres, y no se advirtió la colocación o ubicación de dispensadores o botellas con gel antibacterial en estos lugares.
“El personal refirió que algunos de ellos no tenían conocimiento del “Protocolo de Actuación para la Atención del COVID-19 en el centro” ni del “Plan Operativo para la atención de Covid-19 al interior de Centros Federales de Reinserción Social”, detalla el informe.
También se documentó que algunas personas servidoras públicas y trabajadores de empresas no utilizaban adecuadamente el cubrebocas, portándose recogido bajo la barbilla, o en su defecto, no lo usaban, al igual que la careta facial.
Funcionarios del Cefereso, indicó que diariamente se tomaba temperatura a las personas mayores, grupos de riesgo o de quienes manifestaran algún tipo de padecimiento o síntoma. Mediante comunicación telefónica y electrónica se tenía seguimiento de aquellos casos sospechosos con un epidemiólogo, quien daba las indicaciones precisas que debían adoptar el personal médico y los pacientes.
Además tienen una “camilla encapsulada”, la cual fue elaborada por el personal del centro.
Durante las visitas se mostró resistencia y obstaculización de las autoridades penitenciarias para el ingreso y desarrollo de la diligencia.
En ceresos estatales 35 % de los internos son vulnerables
En marzo, la Secretaría de Salud y el INSABI emitieron el Protocolo de Actuación para la Atención de Covid-19 al interior de Centros Federales de Reinserción Social (CEFERESOS), en la que se contemplan dos vertientes de acción para la población penitenciaria, por una parte para la prevención y, otra, para la atención de la emergencia en dichos centros.
Sin embargo, en el informe se detalla que se observaron sensibles deficiencias estructurales -previas a la declaratoria de la emergencia sanitaria de la pandemia por el COVID-19- que complica la situación.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a través de su Tercera Visitaduría General, realizó el Mecanismo de Monitoreo Nacional por COVID-19 en los Centros Penitenciarios, Estatales, Federales y Militares del país.
En el caso de los penales estatales, se revisaron en el mes de abril, 17 en Veracruz. El resultado fue solo un caso positivo de Covid-19.
La población penitenciaria de Veracruz es de 6,284 internos mujeres y hombres, la capacidad instalada es de -6946- personas.
Se documentó la sobrepoblación en ocho centros penitenciarios, lo que podría ser una alerta para el contagio de Covid-19. Del total de la población, 2,025 – el 35%-, son población vulnerable por ser indígenas, tener padecimientos mentales e inimputables, adultos mayores, discapacidad o ser extranjeros.
En cuanto al seguimiento de los protocolos, los 17 centros penitenciarios estatales aplican las medidas de cuidado ante el Covid-19, en los internos, el personal y los familiares de los internos.
AVC/Flavia Morales
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