Durante la sesión de este lunes por la tarde, el Congreso local conocerá de dos importantes documentos que modificarán sustancialmente las reglas del juego del próximo proceso electoral: la reforma constitucional en materia electoral y la iniciativa para sancionar la violencia política contra las mujeres.
Por un lado, se notificará de la aprobación por parte de 126 cabildos veracruzanos de la polémica reforma constitucional que reduce las prerrogativas a los partidos políticos y desaparece la figura de los consejos municipales. Según se dio a conocer el viernes, 193 Ayuntamientos han enviado al Congreso del Estado sus Actas de Cabildo respecto a la reforma constitucional en materia electoral, de los cuales, 126 la han ratificado, 2 ratificaron con observaciones, 63 no las ratificaron y 2 Cabildos se observan como indefinidos.
Por el otro, se presentará la iniciativa de reforma de diversas leyes para prevenir, sancionar y erradicar la violencia política en contra de las mujeres, así como establecer medidas de protección y reparación del daño. Esta en realidad es una armonización de la reforma federal publicada el 13 de abril en el DOF sobre Paridad y Violencia Política Contra las Mujeres por Razón de Género, sólo que con algunas adiciones por parte de Veracruz.
Sin embargo, a pesar de que las dos tienen un contenido electoral estratégico, la primera de ellas terminará en una controversia constitucional, mientras que la segunda ya alcanzó el consenso –como sucedió en las Cámaras de Diputados y de Senadores- y será presentada a nombre de todos los partidos políticos.
La iniciativa que se presentará en la sesión de hoy incluye diversos ordenamientos jurídicos estatales que son equiparables con la reforma federal, entre ellos, la Ley de Acceso de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley de Responsabilidades Administrativas, el Código Electoral –lo que obligará a los partidos políticos a la modificación de sus documentos básicos-, la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado, todas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
En el documento que se presentará a nombre de todos los partidos políticos, en principio, la violencia política contra las mujeres en razón de género ha sido conceptualizada, en la iniciativa, tanto en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LAMVLV) como en el Código Electoral como: “la acción u omisión, incluida la tolerancia, basada en elementos de género y ejercida dentro de la esfera pública o privada, que tenga por objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos político-electorales de una o varias mujeres, o el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo, labor o actividad, el libre desarrollo de la función pública, la toma de decisiones, la libertad de organización, así como el acceso y ejercicio a las prerrogativas, tratándose de precandidaturas, candidaturas, o su función en el ámbito público”, descripción que se armoniza con la reforma a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
La violencia política contra las mujeres puede expresarse al restringir o anular su derecho al voto libre y secreto, obstaculizar sus derechos de asociación y afiliación a todo tipo de organizaciones, impedir su registro como candidatas, realizar o distribuir propaganda política o electoral que calumnie, degrade o descalifique a una candidata, basándose en estereotipos de género, entre otras prácticas.
Aunado a ello, se describe el tipo penal de violencia política en razón de género y establece las penas correspondientes. Tocará al OPLE promover la cultura de la no violencia, e incorporar la perspectiva de género al monitoreo de transmisiones sobre las precampañas y campañas electorales en los programas de radio y televisión que difundan noticias.
Además, contempla sanciones administrativas para quienes cometan violencia política en razón de género. Precisa que cuando se acredite esta circunstancia el OPLE ordenará que el infractor ofrezca disculpa pública para reparar el daño, utilizando el tiempo concerniente, con cargo a las prerrogativas de radio y televisión del partido político.
Se incluyen medidas cautelares y de reparación del daño en casos de violencia política de género, con el objetivo de garantizar la mayor protección a las mujeres. Establece también la obligación de los partidos políticos de garantizar la paridad de género en sus candidaturas, así como la igualdad de condiciones entre mujeres y hombres, en sus órganos internos de dirección y espacios de toma de decisiones.
Esta iniciativa fue votada por unanimidad en el Congreso federal y se espera que suceda lo mismo en los congresos estatales. Hoy será una tarde de consensos y disensos.
Las del estribo…
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- Y mientras el director general del IMSS, Zoé Robledo, regresó a la actividad tras 15 días de aislamiento por haber contraído el Covid19, cientos de sus trabajadores deben recurrir al amparo para garantizar medidas de seguridad y derechos laborales que no tendrían por qué suspenderse a causa de la pandemia. Por desgracia, el semáforo está pasando de rojo a negro.