Seguramente el Presidente no lo sabe –tampoco le interesa averiguarlo- pero en México se han cometido un promedio de cinco secuestros al día durante su administración. Entre diciembre de 2018 y enero de 2020, se reportaron 2 mil 174 secuestros en México, 60.3 por ciento de ellos se concentraron sólo en cinco estados. Veracruz sigue siendo la entidad donde más se comete este delito.

Pero estas son las cifras oficiales, las que resultan de las indagatorias que se reportan al Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), sin embargo, la cifra negra indica que sólo se denuncia uno de cada diez secuestros en el país, lo que arroja más de 20 mil eventos al año.

Todavía hay una tercera cifra que es verdaderamente dramática: 81 mil 291 mexicanos contestaron que, en el último año, ellos o algún familiar fueron secuestrados, según lo revelado en la Encuesta Nacional de Victimización (Envipe) 2018 publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Esto representaría que todos los días ocurrieron 200 secuestros en las calles de México.

Estas cifras confirman que contrario a lo que el Presidente cree –que el objetivo de los secuestradores es gente adinerada y con recursos-, las víctimas están en todos los estratos sociales. No hay distinción. En las cientos de carpetas de investigación están documentadas denuncias presentadas por casos de pequeños comerciantes, plomeros, herreros, vendedores ambulantes, peluqueros y hasta estudiantes, como sucedió recientemente en Xalapa.

En México –y particularmente en Veracruz- el secuestro es un fenómeno delictivo transversal. Es un problema que no distingue entre clases sociales ni el tamaño del patrimonio de las personas. Esa es la razón por la que muchas víctimas pierden la vida cuando sus familiares no logran reunir el dinero del rescate, por pequeña que pudiera parecer la cantidad para algunos.

La próxima semana se cumple un año de un crimen que sacudió a Xalapa. La familia de Carlos, un estudiante de secundaria, sólo pudo reunir 3 mil de los 6 mil pesos que habrían pedido de rescate por el menor, quien había sido enganchado por una compañera de escuela y entregado a su padrastro y un tío. El dinero no fue suficiente y por tres mil pesos le quitaron la vida al estudiante.

La opinión del Presidente es una bofetada para las víctimas. Es un insulto clasista que muestra su ignorancia e indolencia sobre el tema. Implica de paso, una miserable insinuación de que las víctimas lo merecen a causa de su riqueza. ¡Cuánta ruindad!

Veracruz tiene semáforo verde, pero en el Sistema de Alertas de la SHCP

Pese a la pandemia y la crisis económica, las finanzas públicas de Veracruz siguen campeando el temporal, según las cifras de la Secretaría de Hacienda. Al dar a conocer los avances en el Sistema de Alertas correspondiente al primer trimestre de 2020, Veracruz ha logrado mantener la tendencia en el buen manejo de las finanzas, y particularmente, de su deuda pública.

El Sistema de Alertas de la SHCP mide el nivel de endeudamiento de instituciones públicas que tengan créditos contratados y las obligaciones que se encuentren inscritos ante la Secretaría y cuya garantía son ingresos de libre disposición, es decir, una parte de sus participaciones federales.

La medición de este sistema se realiza con información de la Cuenta Pública, la cual es vinculante, así como con las actualizaciones trimestrales las cuales sólo tienen fines informativos y de seguimiento.

Ya en el tercer trimestre de este año, Veracruz mostró un avance significativo en el Servicio de la Deuda y de Obligaciones, pasando de 8.8% en el cuarto trimestre de 2019 a 7.9% en el primer trimestre de 2020. En este indicador se requiere estar en 7.5% para pasar a semáforo verde, lo que seguramente se reflejará en el próximo reporte correspondiente al segundo trimestre, en el que podría obtener un semáforo verde para los tres indicadores.

Comparando con otros Estados de la república, Veracruz ya se encuentra mejor que Tamaulipas, Sonora, Nuevo León, Michoacán, Durango, Chihuahua, Coahuila y Baja California. Como hecho dicho antes, la deuda de Veracruz ha dejado de ser nota de escándalo.

Ahora debe llegar el momento en el que buen manejo de las finanzas públicas también se refleje en un ejercicio eficiente del presupuesto y en un gasto público de inversión que reactive la economía. Algunas áreas del gobierno estatal deben dejar de hacer negocios para no manchar el buen historial financiero del estado.

Las del estribo…

  1. El pasado 4 de marzo, a puerta cerrada, el Congreso aprobó el desafuero del alcalde de Actopan, Paulino Domínguez y la Síndica, Jazmín Barradas, acusados por el presunto desvío de más de 22 millones peso Sin embargo, ayer la SCJN ordenó suspender de manera inmediata la ejecución de la resolución del Congreso dentro del procedimiento de suspensión y revocación de mandato. Deberán salir de prisión y ser reinstalados en sus cargos. Sería lamentable que el Congreso veracruzano se vuelva cliente frecuente de la Suprema Corte. La historia continuará.
  2. Ayer el sindicato de electricistas en Laguna Verde ya matizó lo que había sido una acusación de suyo criminal: el contagio deliberado de Covid en contra de trabajadores. Resulta que no hubo tal intención y que se trató de «burocracia, malas decisiones, falta de liderazgo y negativas» de la Gerencia de la Central Nuclear de Laguna Verde las que dispararon los contagios. De todos modos debe hacerse una investigación antes que los intereses sindicales siembren más pánico.