Para nadie es un secreto que la polémica reforma constitucional propuesta por Morena para reducir las prerrogativas de los partidos políticos y desaparecer los consejos municipales del OPLE fue elaborada desde el gobierno federal. Forma parte de una intrincada estrategia para debilitar a los organismos electorales, en aras de que las decisiones se tomen en Palacio Nacional y no en el Consejo General del INE.

La reforma –hoy cuestionada por el supuesto aval de 111 cabildos veracruzanos cuyas actas nadie ha visto-, no es obra de la casualidad. Los Congresos estatales con mayoría de Morena han empezado a plantearse la misma reforma, a fin de ir a las elecciones de 2021 con organismos locales sometidos a la voluntad del gobierno federal y de los gobernadores morenistas.

Así, el miércoles pasado, el gobernador de Tabasco, Adán Augusto López Hernández, envió la Comisión Permanente del Congreso local una iniciativa para modificar la Ley Electoral del Estado, misma que propone la desaparición de las 17 juntas y consejos municipales, sugiriendo que con esta propuesta se podrán ahorrar más de nueve millones de pesos en la renta de 17 inmuebles en el proceso electoral. Ya en marzo pasado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló la reducción de 50 por ciento en el presupuesto para los partidos políticos en el estado de Tabasco.

Es decir, la reforma que estaría por promulgarse en Veracruz es copia fiel de lo que se estará promoviendo en otros estados gobernados de Morena, a poco más de tres meses de que inicien los procesos electorales locales; hay que recordar que 90 días antes del inicio del proceso, no es posible hacer reformas a las normas que lo rigen.

Sin embargo, en el caso de Veracruz, las cosas no serán tan fáciles. A pesar de que el Presidente de la Junta de Coordinación Política, Juan Javier Gómez Cazarín aseguró que será el próximo lunes 22 de junio cuando sesione el Congreso para informar de la aprobación de los Ayuntamientos y se remita al gobernador para la publicación del Decreto, los dirigentes de los partidos políticos –PAN, PRI y PRD- cuestionaron la autenticidad de las actas de cabildo.

Y es que las cuentas nomás no les dan y quieren saber quiénes fueron sus alcaldes que promovieron la aprobación de la reforma al interior del cuerpo edilicio. Los dirigentes que el viernes visitaron el Palacio legislativo suponen que podría tratarse de un madruguete para garantizarle al Presidente López Obrador –durante la visita que realiza hoy a Xalapa- que Veracruz ya cumplió con la reforma que ahora se intenta imponer en Tabasco.

La desaparición de los Consejos Municipales representa para el OPLE un problema mayúsculo no sólo por la logística de la jornada electoral, sino por el riesgo de violencia a consecuencia de que el conteo y cómputo de las actas se realice en un municipio distinto, aquél donde estaría el Consejo Distrital. Difícilmente la población permitirá que sean personas ajenas al municipio las que decidan la elección de sus autoridades. Se trata de una verdadera bomba de tiempo.

En su oportunidad, el presidente del OPLE Alejandro Bonilla Bonilla advirtió que desaparecer los consejos municipales generaría fuertes problemas técnicos y políticos. Con la reforma, los Consejos distritales serán los encargados de realizar entre 10 o 20 cómputos municipales, además de que no se consideró la representación de cada municipios en estos Consejos.

En general, el propósito de desaparecer los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES) ha estado en la agenda de Morena desde el inicio del gobierno de López Obrador. Al Presidente no le gustan los organismos electorales a pesar de que gracias a la fuerza de su autonomía, él mismo logró alcanzar el triunfo en su tercer intento. Hoy el contrapeso que representan resulta un agravio.

En mayo del año pasado, el diputado federal morenista Sergio Carlos Gutiérrez Luna revivió la iniciativa para suprimir los Organismos Públicos Locales Electorales (Oples) y concentrar sus funciones en el INE, con lo que se dejarían de erogar más de nueve mil millones de pesos. Puso como ejemplo el Estado de México, donde si no existiera el Ople, este año se ahorrarían 1,100 millones de pesos (mdp); o el estado de Veracruz donde dejaría de gastar 600 mdp.

Sin embargo, lo que el personero morenista no explica es que más de la mitad de esos recursos va a parar a las arcas de los partidos políticos en cada entidad federativa. Por eso la estrategia del gobierno federal es que la reducción de las prerrogativas y la desaparición de los órganos auxiliares vayan de la mano.

En el Congreso federal, la iniciativa por reducir las prerrogativas a los partidos políticos naufragó apenas en el mes de diciembre; la desaparición de los OPLES no sucederá en la víspera del inicio del proceso electoral 2021. ¡Cuánta añoranza de los años en que el árbitro electoral era la Secretaría de Gobernación!

Las del estribo…

1. AMLO no tiene porqué irse. Llegó al poder por la vía de los votos y por la misma vía se tendrá que ir; muchos de quienes hoy marchan en sus autos fueron los mismos cuya indolencia permitió la llegada del tabasqueño al poder. Si quieren que el Presidente se vaya tendrán que salir a las urnas, no sólo a las calles. Sin embargo, las marchas de los últimos días envía un mensaje contundente: las calles y las protestas ya no son una franquicia exclusiva de López Obrador y Morena.
2. Mientras algunos hospitales privados trabajan las 24 horas del día realizando pruebas de Covid19, los hospitales del estado lo hacen sólo algunos días y las pruebas sólo se reciben en el CAE de Xalapa los días martes y jueves. Por eso el número de casos confirmados permanece tan bajo. Miles de veracruzanos están atrapado entre el negocio de la salud privada y la negligente omisión de la salud pública.