El acuerdo tomado por la Secretaría de Energía para frenar el desarrollo de energías limpias en el país no debería sorprender a nadie. Desde el inicio del sexenio, el gobierno federal manifestó su rechazo a las plantas de energía renovable por varias razones: desafiaban la rectoría del Estado en materia de energía, representaban una dura competencias a las empresas estatales y había la sospecha de que había muchos negocios detrás de ellas.

La última daba la justificación para resolver las dos primeras. El acuerdo está creando para que Sener tome el control de la política eléctrica del país, en un mercado donde las energías convencionales de restos fósiles que opera el sector público son 600 por ciento más caras que las energías limpias en manos del sector privado, muchas de ellas empresas extranjeras.

Sin embargo, la estridencia del debate entre quienes critican una decisión oficial que nos excluye de la iniciativa de generar energías limpias, que viola acuerdos internacionales y pone en riesgo miles de millones de dólares en inversiones, y las autoridades que señalan que se trataba de negocios sucios al amparo del poder, ha ocultado de lo que realmente está pasando, y que no es más que la onda expansiva de la situación financiera de Pemex y la CFE.

La explicación de algunos expertos y asociaciones vinculadas al sector energético es más simple. En México, la energía se despacha siguiendo una regla clara y obvia: la energía más barata se despacha primero. Esto garantiza competencia para eficientizar costos y garantiza un mercado de energía lo más barato posible. Eso ha favorecido la expansión de la energía renovable porque tiende a ser más barata.

Un botón de muestra: mientras las plantas eléctricas que producen electricidad con sol o viento tienen un costo de 400 pesos por MWh, el carbón y combustóleo que utiliza la CFE para generar electricidad registran costos de 2,400 y 1,700 pesos por MWh, de acuerdo con datos de la Comisión Reguladora de Energía en abril de 2020. Entonces, es obvio que CFE queda relegado hasta al final para despachar: es más caro, es más sucio y más ineficiente.

Según Luis González, matemático y estratega financiero, la decisión del gobierno federal responde a una norma internacional que entró en vigor el 1 de enero del 2020. La norma IMO 2020, entre otras cosas, dice que el combustóleo usado en el mar debe tener un % menor de azufre al que se usaba anteriormente.

Eso saca a México del mercado internacional de combustibles marinos pues el combustóleo que arrojan nuestras refinerías es malo y lleno de azufre. Entonces, ya no lo podemos vender al extranjero. Obviamente, al seguir refinando, el combustóleo se ha ido acumulando en México.

Entonces, si no se puede vender en el extranjero, el único mercado posible es el interno, donde el Estado ya tiene varios competidores. Y el único cliente capaz de comprar esos volúmenes es la CFE, quien realiza la quema de combustóleo para generar energía. El tema es que la energía limpia le ha ganado terreno a CFE y la demanda actual ha bajado, por lo que CFE no puede quemar tanto como le gustaría.

Por lo tanto, el gobierno decidió que hay que sacar a las energías limpias como primeros proveedores de energía para poder quemar el combustóleo que se ha ido acumulando. Esto genera varios problemas ambientales, pues están quemando combustible de muy baja calidad; mayores costos, lo que encarecerá el sistema eléctrico pues se está despachando energía cara; y reduce la confianza al saltarse las reglas de funcionamiento del mercado eléctrico. Pero todo es culpa de la corrupción.

Sin embargo, lo que sorprende es que las empresas y los países acusen que se trató de un madruguete. El acuerdo aprobado por la Sener no fue un acto de urgencia ante la necesidad de deshacerse del combustóleo acumulado, sino una política sostenida por controlar el sector energético, una de las obsesiones del Presidente.

A principios de año, la Comisión Federal de Electricidad canceló la licitación de una línea de transmisión directa de alto voltaje, a través de la cual se transportaría la energía generada en las centrales eólicas y de cogeneración del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, hacia Yautepec, Morelos. Con la línea de transmisión se pretendía incentivar la generación de energía renovable e integrar al Sistema Eléctrico Nacional una mayor capacidad de energía eléctrica derivada de fuentes limpias.

La decisión del Presidente de recuperar el monopolio del sector eléctrico y ponerlo en manos de Rocío Nahle y Manuel Bartlett confirma que efectivamente, tras las energías limpias hay muchos negocios sucios en juego, no sólo de las empresas extranjeras sino también de la cuarta transformación.

Las del estribo…

1. Ayer iniciaron las entrevistas de quienes son los aspirantes a Fiscal General del Estado. La presentación del abogado Tomás Mundo Arriasa lo pone como un verdadero competidor al cargo. Al ser litigante –incluso a favor de indígenas presos por las propias deficiencias del sistema-, conoce en carne propia la crisis que atraviesa la institución y no el escenario de autocomplacencia que difunden las autoridades. Los diputados sólo conocen lo segundo, por eso la suerte está echada.

2. Vergonzosa la respuesta de los diputados locales de Morena a quienes se les prohibió seguir entregando despensas del DIF. Acusan venganza del OPLE por reforma electoral, cuando en realidad se trata de delitos electorales tipificados en la ley. Como antaño, el DIF sigue siendo la caja chica para hacer grandes negocios; el asistencialismo lo olvidó hace muchos gobiernos.