El pasado 6 de abril, alrededor de las 8 de la noche, compareció en calidad de “testigo” Pedro Manuel Martínez Castillo, delegado de la Fuerza Civil de la cuarta región con sede en Papantla, ante el Fiscal Especializado en Delitos Electorales y en Delitos Contra la Libertad de Expresión, Lauro Ramos Olmos, quien requirió al jefe policiaco por el crimen de la periodista María Elena Ferral Hernández, sucedido siete días atrás.
Quienes han tenido acceso al expediente, se dicen sorprendidos por la negligencia manifestada por el propio Martínez Castillo ante algunas denuncias que la desaparecida periodista le hizo llegar sobre crímenes, abusos y amenazas de grupos delincuenciales que operan en su circunscripción, lo que de hecho terminó costándole la vida a la comunicadora.
El colmo es que el delegado de la Fuerza Civil, quien llegó a Papantla desde octubre de 2019, no pudo identificar siquiera con nombre y apellido a la mayoría de los alcaldes de los 12 municipios de la sierra y costa totonaca que corresponden a la cuarta región de la SSP. Únicamente dijo haber tratado al de Papantla, “del cual no recuerdo el nombre, solo sé que es Romero; Gutiérrez Zamora solo sé que Wilman; Espinal que solo conozco como ‘El Chulo’; Filomeno Mata no recuerdo su nombre, y el de Coyutla creo que se llama Francisco Picazo”, declaró.
Sin embargo, al hablar de su relación con la periodista asesinada –a la que conoció en noviembre de 2019, al mes siguiente de su arribo a Papantla, por intermediación del líder de taxistas de la UTEV y representante distrital del PVEM, Martín Villanueva Cortés, quien posteriormente, en febrero de este año, aparecería ejecutado en un Tsuru blanco, de Nissan–, refirió que en una ocasión Ferral Hernández le informó que en Tecolutla había unas personas a las que les quitaban sus ranchos, y que lo llevó con una de ellas que le mostró la que fue su propiedad, cuyo nombre no pudo recordar. “Nos dijo ese rancho era mío pero un abogado junto a un Notario me lo quitó y nos tienen amenazados, pero es la forma de operar en aquella zona, falsifican papeles con un Notario y se quedan con los ranchos”, declaró el jefe regional de la Fuerza Civil.
Sin embargo, tal parece que hasta la fecha nadie ha procedido contra los delincuentes ni ha investigado a estos fedatarios que se han prestado a legalizar ilícitamente ese tipo de despojos. ¿Acaso los altos mandos de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Secretaría de Gobierno –de quien depende directamente la Dirección General de Registro Público de la Propiedad y de Inspección y Archivo General de Notarías– desconocen esta situación porque no han sido debidamente informados por sus subalternos? Sería absurdo, ya que sus titulares, Hugo Gutiérrez Maldonado y Eric Cisneros Burgos, participan casi todas las mañanas en la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz junto con el gobernador Cuitláhuac García, la encargada de la Fiscalía General del Estado, Verónica Hernández Giadáns, y los representantes de la Fiscalía General de la República y de las Fuerzas Armadas en la entidad.
Pero el delegado de la corporación de la SSP se exhibió aún más cuando el fiscal le inquirió si la periodista le dijo si tenía problemas con alguna persona de su jurisdicción, a lo que Martínez Castillo respondió que “sí, con Basilio Picazo, que tenía problemas políticos y que también la quisieron matar y señalaba a Basilio Picazo, mencionaba que eran asesinos, que eran malos…”
Y cuando le preguntan que “si alguna vez hizo algo por investigar con los que tenía problemas María Elena Ferral”, el jefe policiaco respondió que “no”, dizque “porque ella me decía que Basilio Picazo la había mandado a ‘tumbar’ y por eso ya no le moví.”