A pesar de contar con la asesoría jurídica y política de un abogado experto como el pozarricense Ignacio Morales Lechuga –exprocurador general de la República y exembajador de México en Francia, cargos en los que fue jefe de la xalapeña Patricia Ortega Pardo, quien hasta abril se desempeñó como Administradora Central de Modernización Aduanera–, Ricardo Ahued, como titular de la Administración General de Aduanas (AGA), no pudo durante diez meses hacerse siquiera de mejores herramientas legales para combatir la corrupción en ese “monstruo de cien cabezas”, como llamó el presidente López Obrador a esa fangosa área del Servicio de Administración Tributaria (SAT) de la Secretaría de Hacienda.
Y es que a la semana siguiente de la renuncia de Ahued, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación por el SAT un Acuerdo que dotará al nuevo Administrador General de Aduanas de facultades para autorizar, cancelar e inhabilitar a agentes y agencias aduanales, así como imponer sanciones a todos los involucrados en esta actividad, las cuales corresponderá ejecutar ahora al exsubsecretario del Trabajo, Horacio Duarte Olivares, un abogado mexiquense experto en derecho electoral, quien será el tercer titular de la AGA en estos primeros 17 meses del sexenio lopezobradorista.
Duarte, a diferencia de Ahued, tendrá más facultades en la vigilancia de comercio exterior y movimiento de mercancías al interior del país, según el Acuerdo del SAT recién publicado, el cual establece que “(el administrador general de aduanas) podrá otorgar o cancelar las autorizaciones de agencia aduanal, de agente aduanal incorporado a la agencia aduanal y de mandatario de agencia aduanal, así como inhabilitar a las referidas agencias; tramitar, resolver y notificar los actos o resoluciones concernientes a los asuntos relacionados con dichas autorizaciones o con la inhabilitación”.
Y es que a través de los agentes aduanales se realiza todo el despacho de mercancías que entra y sale del país por los recintos fiscales. Estas figuras operan bajo una patente que otorga la Secretaría de Hacienda y que les permite formar una agencia aduanal como empresa, la cual pueden operar con socios.
Actualmente, para cancelar una patente, es el SAT el que abre el procedimiento de investigación, pero esa facultad no está delimitada a un puesto en particular como actualmente se hace.
Además, el Presidente instruyó al Ejército y la Marina apoyar al nuevo administrador general en la vigilancia de las aduanas, pues en su conferencia del miércoles antepasado dijo que el influyentismo y el hampa son las “dos fuerzas” que impulsan la corrupción en esa área. “O sea, para decirlo con claridad: por un lado, la delincuencia de cuello blanco y por el otro la delincuencia común. A eso hay que enfrentarse en aduanas, en puertos”, expresó.
Por eso, envalentonado, Horacio Duarte acaba de advertir que enfrentará “al monstruo de mil cabezas”, y que “no nos va a temblar la mano ni tendremos miedo” para echarlo “si descubrimos que el enemigo está adentro…”
Ahora se entiende por qué, al confirmar públicamente el pasado 23 de abril la renuncia de Adued, el presidente López Obrador dijo que en Aduanas había faltado también coordinación para enfrentar la corrupción de ese “monstruo de cien cabezas”.
De hecho, la presunta confrontación del exalcalde xalapeño con la Jefa del SAT la evidenció el propio Morales Lechuga al anticipar en su cuenta de Twitter: “El director de Aduanas Ricardo Ahued, excelente servidor público, ha renunciado. No aguanta a Raquel Buenrostro, el verdadero poder tras el trono, en su lugar va un subsecretario de Trabajo”, refiriéndose a Horacio Duarte, primicia que el exprocurador y exembajador salinista dio un día antes de que inclusive el Presidente oficializara públicamente la dimisión del senador con licencia y anunciara que propondría al Congreso el nombramiento del abogado originario de Texcoco, Estado de México, para ser el tercer titular de la AGA en lo que va de su administración.