Cuando a finales de mayo pasado el presidente Andrés Manuel López Obrador le pidió a Ricardo Ahued que aceptara encargarse de la Administración General de Aduanas (AGA), el senador por Veracruz sabía claramente el tamaño del reto y el peso de la responsabilidad y compromiso que ello implicaba.
Inclusive, al comparecer ante las comisiones legislativas del Congreso de la Unión para ser ratificado en este cargo, Ahued tuvo que apechugar que el diputado Tonatiuh Bravo, de Movimiento Ciudadano, lo cuestionara por no tener título de licenciado, mientras que la panista Verónica Sobrado le preguntó si creía tener capacidad de encabezar esta delicada área del SAT, a pesar de no contar con estudios necesarios.
El ex alcalde xalapeño justificó que el Artículo 13 de la Constitución no le exigía ningún título universitario para ocupar dicho puesto, afirmando además que aspiraba a este cargo por el “profundo amor” que le tiene a México.
Sin embargo, el jueves de la semana anterior renunció. No aguantó siquiera un año. Ahued no pudo cumplir con la instrucción presidencial de “limpiar de corrupción la Administración General de Aduanas”, a la que AMLO definió como “un monstruo de cien cabezas”.
Un pésimo mensaje que el senador de MORENA manda a quienes lo ven con simpatía y candidatean para gobernar Veracruz en 2024, pues los índices de corrupción y de delincuencia en esta entidad de más de 8 millones de habitantes no son menores a los que encontró en esa área del SAT, donde trabajan solamente alrededor de 7 mil 175 servidores públicos repartidos en nueve administraciones centrales y las 49 aduanas del país.
Pero ha trascendido también que su renuncia se debe además a las diferencias que habría tenido con Raquel Buenrostro, la poderosa jefa del SAT, su superiora.
Este domingo, por ejemplo, el columnista Roberto Rock, de El Universal, aludía al caso del Fideicomiso FCLA, que desde 2004 administra cobros por servicios de particulares autorizados para usuarios de las aduanas, y que al cierre de 2019 sumaba más de 50 mil millones de pesos. Ese dinero, dice el periodista, estaba presupuestado por Ahued para dotar de tecnología de punta para evitar corrupción en las aduanas, pero fue congelado por órdenes de Palacio Nacional para destinarlos a la atención de la epidemia del coronavirus.
Esos recursos los iba a manejar una gente de absoluta confianza de Ahued: Patricia Ortega Pardo, Administradora Central de Modernización Aduanera, pero Buenrostro, aprovechando una leve afección respiratoria “enfermó” a don Ricardo y mediante oficio lo mandó a descansar a su casa hasta que concluyera la cuarentena decretada por las autoridades sanitarias. Y en vez de proponer a la ex directora de Finanzas de la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento de Xalapa como enlace provisional de la AGA con el SAT, le impuso a Martha Patricia Hernández Gutiérrez, Administradora Central de Apoyo Jurídico de Aduanas.
Pero si Ahued aspira a gobernar Veracruz, también se va a enfrentar a este tipo de situaciones. Y si no que vea cómo la están pasando la mayoría de los gobernadores que piden más apoyo del gobierno federal para enfrentar el desastroso impacto sanitario y económico del Covid-19 en sus respectivas entidades.