Este martes, uno de los más influyentes diarios capitalinos publicó que “bajo el grito de ‘tengan para que aprendan’, nos comentan que la Oficina de la Presidencia de la República dio curso a la primera querella contra una de las 15 empresas ‘machuchonas’ que deben impuestos a la hacienda pública y que, en su conjunto, según el propio presidente Andrés Manuel López Obrador, suma 50 mil millones de pesos.”

Por lo que se remarca en el resto del comentario filtrado, se presume que se trataría de un amago para sofocar una supuesta rebelión empresarial en ciernes: “Nos detallan que la querella fue presentada por el delito de defraudación fiscal. Esta acción, nos dicen, no toma por sorpresa a los implicados, pues la semana pasada el Presidente dijo que si no pagaban o abonaban se procedería penalmente. La decisión, aseguran dentro del mismo gobierno, debe ser leída como un mensaje para los otros 14 de la lista.”

La primera vez que AMLO se refirió a estas 15 grandes empresas deudoras fue en su conferencia mañanera del jueves 9 de abril. Posteriormente la relación se la envió al presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Carlos Salazar Lomelí, quien literalmente le respondió así al mandatario: “Recibo con asombro una carta en donde usted me pide ayuda para cobrar supuestos adeudos de compañías al Servicio de Administración Tributaria. Eso escapa a mis atribuciones y representaría una violación de la ley que, por principio personal, no puedo hacer”.

El empresario regiomontano le precisó a AMLO que él no es político y que tampoco tiene otra aspiración más que la de ayudar a México, por lo que le pidió que ojalá pudieran conjuntamente echar a andar un plan de tres meses para reactivar la economía frente a la amenaza de la pandemia.

Esta tibieza de Salazar Lomelí ha decepcionado a la mayoría del empresariado mexicano, principalmente al del centro y norte del país –los de Jalisco fueron los primeros en desconocerlo públicamente–, los cuales han comenzado a explorar cómo pueden hacerle contrapeso a López Obrador ante su negativa de otorgar estímulos fiscales y financiamientos a las pequeñas y medianas empresas que generan el 80 por ciento del empleo formal del país y las cuales están al borde de la bancarrota por la emergencia sanitaria y económica de la pandemia del coronavirus.

Ante esta situación, el líder patronal que está creciendo es Gustavo de Hoyos, de la Coparmex, a quien consideran un “valiente” por confrontar al tabasqueño, tal como en su momento lo hizo Juan Sánchez Navarro, primer dirigente del CCE, cuando este organismo empresarial fue creado en 1976 ante las políticas económicas populistas del presidente Luis Echeverría.

Precisamente existe un documento elaborado por Coparmex denominado “Proyecto Alternativo de Nación”, en el que en 39 páginas detalla cómo este organismo patronal piensa poner toda su maquinaria en acción para explorar 22 estados de la República con el objeto de encontrar líderes potenciales que serán los agentes de cambios políticos para el año 2021.

Mediante una alianza estratégica con el Instituto Tecnológico de Monterrey, estos “líderes potenciales” recibirán una formación política para vincularlos en un proyecto de nación de largo plazo.

Según se detalla, el plan de la Coparmex “tiene siete grandes objetivos que son: 1) Dirigir al país hacia su pleno desarrollo; 2) Defender la libertad; 3) Defender la democracia; 4) Defender el Estado de Derecho; 5) Defender la economía de mercado; 6) Promover la integración global, y –muy importante– 7) Promover la responsabilidad social.”

Además, en un video que han hecho circular para promover este proyecto de país, se destaca que “Gustavo Hoyos, el valiente presidente de Coparmex, anuncia que al terminar su presidencia continuará en la actividad política como lo hicieron hace años los Clouthier, los Abascal y los Sada Zambrano, y no descarta asumir ninguna responsabilidad que le pueda demandar ese nuevo papel.”

“Hemos visto a lo largo de casi un año la destrucción de la economía, la democracia, el aparato gubernamental, la lucha de clases, y vivimos la incertidumbre de decisiones tomadas por resentimiento.

“Querámoslo o no, la brújula mexicana apunta más a Venezuela o a Cuba que a los países nórdicos. En estas circunstancias es refrescante el plan de Coparmex ya que propone formar líderes y crear contrapesos en las elecciones del 2021, y por otra parte el ofrecimiento de Gustavo de Hoyos es especialmente interesante porque llenaría el vacío de líderes y porque será un punto de referencia ético y valioso. De nosotros depende”, concluye el video.

Por eso es que habrían filtrado al diario El Universal que no tarda el Presidente en dar el primer manotazo en contra de una de las 15 grandes empresas que adeudan 50 mil millones de pesos al SAT.

Sin embargo, uno de los grandes empresarios mexicanos más favorecidos por la administración lopezobradorista, Ricardo Salinas Pliego, litiga actualmente en tribunales y ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para evitar el pago de 32 mil 460 millones de pesos de impuestos que adeuda Grupo Elektra, de su propiedad.

La compañía minorista y de servicios financieros reveló en su último informe financiero ante la Bolsa Mexicana de Valores que en estos momentos mantiene 7 litigios con el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

De acuerdo con una nota publicada hace un par de semanas por el diario REFORMA, el juicio principal corresponde a un crédito fiscal por Impuesto Sobre la Renta (ISR) del año 2013, equivalente a 18 mil 455 millones de pesos.

Asimismo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público considera que la compañía de Salinas Pliego –concesionario de TV Azteca y dueño también de Banco Azteca– dedujo de manera incorrecta pérdidas por ventas de acciones entre los años 2006 y 2011, por lo que ahora la SHCP le exige que cubra dichos créditos fiscales.