El pasado jueves 26 de marzo, hace ya tres semanas, aparte de designar a la comunicadora Naldy Patricia Rodríguez como comisionada del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales en sustitución de Yolli García Álvarez –la cual fue detenida ese mismo día por elementos de la Policía Ministerial para que respondiera por los presuntos delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de un deber legal en agravio del patrimonio del IVAI que la Fiscalía Especializada Anticorrupción le imputó según la carpeta de investigación número FGE/FECCEV/357/2019 y su acumulada FGE/FECCEV/372/2019–, el pleno de la LXV Legislatura local aprobó también en esa misma sesión el acuerdo para separar definitivamente a Jorge Winckler Ortiz de la Fiscalía General del Estado “por el incumplimiento del mandato constitucional de contar con certificación, revalidación y registro correspondientes, como elementos del acto condición de su nombramiento y necesarios para el ingreso y permanencia en el cargo.”

Pero a diferencia del órgano autónomo encargado de procurar justicia –a cuyo cargo quedó provisionalmente desde el 3 de septiembre de 2019 la ex directora Jurídica de la Secretaría de Gobierno, Verónica Hernández Giadáns, luego de que la Diputación Permanente aprobó separar inicialmente a Winckler de la FGE–, en el IVAI quedó desintegrado el pleno ya que tras la detención de Yolli García de inmediato renunciaron los comisionados José Rubén Mendoza Hernández, quien fungía como presidente, y Arturo Mariscal Rodríguez, dejando un rezago de alrededor de 5 mil recursos jurídicos en trámite, además de juicios laborales por los que el ente autónomo deberá destinar aproximadamente 20 millones de pesos en el pago de laudos a ex trabajadores que desde finales del sexenio duartista demandaron legalmente al instituto por despidos injustificados.

En el IVAI podría darse una parálisis institucional ya que como órgano colegiado, la nueva comisionada Naldy Rodríguez Lagunes está legalmente impedida para tomar decisiones que deben pasar por la aprobación del pleno. Uno de estos casos sería el del nombramiento del nuevo Secretario Ejecutivo, ante la dimisión de Miguel Ángel Apodaca Martínez, vinculado a los comisionados renunciantes.

De Apodaca dependían a su vez otras áreas administrativas, las que estarían por ser auditadas ya que existen indicios de presuntas irregularidades, desde pagos a “aviadores”, excesivos gastos en viáticos y hasta sueldos “rasurados” de algunos empleados.

Sin embargo, por el momento, en el Congreso local no parecen tener urgencia de reintegrar el pleno del IVAI, pese a que está facultado constitucionalmente para nombrar a comisionados provisionales en tanto expiden la convocatoria para nombrar a los consejeros permanentes.

Pero con el pretexto del “distanciamiento social” impuesto por la pandemia del coronavirus, la Diputación Permanente no va a sesionar en breve para reparar esta situación inédita desencadenada por los operadores legislativos y políticos de Palacio de Gobierno que se precipitaron al encarcelar a Yolli García, forzando también la renuncia “voluntaria” de Rubén Mendoza y Arturo Mariscal al IVAI.