Turquía prepara una ley para reducir las condenas y liberar de las cárceles a unos 90 mil presos para limitar los contagios por coronavirus, una medida que ha despertado polémica porque no incluye a periodistas y presos políticos detenidos.
El Partido Justicia y Desarrollo (AKP), que gobierna el país euroasiático desde 2002, ha entregado al Parlamento el proyecto de ley por el que se busca reducir el hacinamiento en las prisiones ante la pandemia de la COVID-19.
El sistema carcelario turco tiene capacidad para 200.000 convictos, pero lleva años sobrecargado, al acoger a 280.000 personas, aproximadamente la quinta parte de ellas acusados en prisión preventiva.
La Covid-19, que ya se ha cobrado 214 muertes en Turquía y sigue en fase de propagación, ha acelerado los esfuerzos de reforma legal para acortar sentencias y liberar espacio, que lleva desde 2018 en la agenda de los partidos políticos.
“Unas 45.000 personas se beneficiarán de estas enmiendas, y el número subirá a 90.000 contando a quienes pasarán del régimen de prisión a arresto domiciliario durante la pandemia”, explicó a la prensa Cahit Özkan, diputado del AKP.
Agregó que la reforma jurídica propuesta para acortar el cumplimiento de las penas no incluye a personas condenadas por delitos sexuales, violencia contra la mujer, crímenes relacionados con las drogas, asesinatos o terrorismo.
El principal partido de la oposición, el socialdemócrata CHP, está a favor de una reforma para aligerar el sistema de prisiones, pero denuncia que la propuesta no permita liberar a periodistas o políticos encarcelados bajo acusaciones de “terrorismo”, indicó a Efe el diputado de la formación Seyit Torun.
Desde hace días, varias organizaciones civiles promueven una campaña para que la amnistía parcial se extienda a las decenas de reporteros, activistas o políticos que están siendo juzgados bajo la acusación genérica de terrorismo, sin relación con delitos violentos.
Inicialmente, la propuesta legal solo se aplica a personas ya sentenciadas, si bien también prevé liberar a acusados en prisión preventiva si son enfermos, mujeres embarazadas o personas que no pueden mantenerse solas en prisión, detalló a Efe el exfiscal Ilhan Cihaner, miembro del CHP.
Hoy mismo, un tribunal de Diyarbakir decretó arresto domiciliario para una acusada que llevaba desde noviembre en prisión preventiva y que ha dado ahora positivo en una prueba de coronavirus.
Se trata de Nalan Özaydin, exalcaldesa del partido izquierdista y prokurdo HDP, acusada, como muchos políticos de su formación, de ser “miembro de una organización terrorista”, en referencia al proscrito Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), la guerrilla kurda en Turquía.
En los últimos 15 años, la población carcelaria de Turquía se ha cuadruplicado, alcanzando unos 340 presos por cada 100.000 personas, más del triple de la media europea.
El Medio Tiempo