La libertad de la excomisionada del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Datos Personales (IVAI), Yolli García Álvarez, podría estar vinculada a la exigencia del Contralor Interno, Alfonso Velázquez Trejo, quien pidió un presupuesto de tres millones de pesos para hacer operativa el área responsable de vigilar el correcto manejo de los recursos públicos.

Yolli García Álvarez es maestra en Derecho Electoral, y saltó a la fama pública en 2013 cuando en calidad de Magistrada de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TSJE), invalidó el intento del PAN-PRD de formar una alianza contra el PRI. A su llegada al IVAI, los excesos en viajes y viáticos, así como su alto salario, fueron motivo de crítica.

Es egresada en la Licenciatura de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), se desempeñó por más de dos décadas en el ámbito electoral. Fue Secretaria de Estudio y Cuenta del TRIFE; fundadora del Centro de Capacitación Judicial Electoral; Secretaria Instructora de la Sala Superior.

Para 2005, el Senado de la República la nombró magistrada de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TRIFE), por un periodo de ocho años.

En ese lapso apoyó la resolución de impugnaciones por la calificación de elecciones de diputados y alcaldes, y validó el acuerdo del entonces Instituto Electoral Veracruzano (IEV), subordinado al PRI, que calificó de improcedente la coalición Gran Alianza Por Ti, que integraron los partidos PAN-PRD, eso en 2013, cuando venció el nombramiento del Senado.

Al año siguiente, en marzo 2014, el entonces gobernador Javier Duarte de Ochoa, hoy internado en el Reclusorio Norte por los delitos de abuso de autoridad y peculado, entre otros, la incluyó en la terna de potenciales candidatos a Consejeros del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información.

La oposición denunció desde tribuna que su llegada al IVAI era un pago político, por validar en el pasado el acuerdo del OPLE que echaba abajo la coalición PAN-PRD, luego de que un grupo de disidentes quitaran la dirigencia a Rogelio Franco, quien había firmado el acuerdo de alianza.

Solo 36 de los 50 diputados avalaron su nombramiento. Luego de rendir protesta, defendió su decisión sobre la coalición: “Efectivamente, a mí me tocó armar la resolución de ese asunto, pero la votación no sólo me correspondió a mí, sino que fue de manera colegiada donde participamos tres magistrados. Después de eso el asunto se turnó a la Sala Superior del Trife, donde se pudo haber ordenado resolver en sentido contrario, pero fue en el mismo sentido”.

Ya como comisionada del IVAI, se le acusó de fraguar un golpe de estado contra el entonces presidente José Luis Bueno Bello, que dejó el instituto el 22 de julio de 2015. Su salida abrió la posibilidad al priista José Rubén Mendoza de llegar como nuevo comisionado, rindió protesta el 8 de julio y este 27 de marzo presentó su renuncia formal ante el Congreso local.

Tras la salida de Bueno Bello y hasta el año pasado, Yolli Álvarez asumió la Presidencia del colegiado. En reiteradas ocasiones defendió su elevado salario y los bonos semestrales que se autoasignó.

En 2017 se hizo público que los dos comisionados recibían bonos bimestrales y semestrales por 30 mil pesos, además de su salario y algunas otras prestaciones de ley.

Ante ese hecho, la Comisionada defendió su salario al señalar que tenían mucha carga de trabajo, tras la salida de Fernando Aguilera de Hombre, quien renunció para irse al gobierno de Javier Duarte, pues de trabajar seis horas, su horario se extendió por 9 horas al día.

Para julio de 2018, tras la creación del Sistema Estatal Anticorrupción, se estableció la obligación de crear contralorías internas en órganos autónomos, una persona designada por la Cámara local debía revisar y auditar el correcto manejo de los recursos públicos.

El Congreso local dio varios nombramientos, entre ellos el de Alfonso Velázquez Trejo, quien en un lapso de año y medio presentó cuatro denuncias penales contra los Comisionados, entre ellos la Presidenta Yolli García Álvarez, por irregularidades administrativas, que van desde incumplimiento de un deber legal, hasta abuso de autoridad en agravio al patrimonio público.

Además de las querellas hay una solicitud de juicio político contra los integrantes del Pleno de IVAI, de parte de la organización civil Racimos, que se queja, entre otros temas, del retraso en la resolución de los recursos de revisión que tardan hasta dos años.

Por ese hecho, los comisionados incurren en incumplimiento de un deber legal, por lo que existen elementos para separarlos del cargo e inhabilitarlos, luego de enjuiciarlos.

Las denuncias

Al inicio del año se filtró a los medios de comunicación las cuatro carpetas de investigación contra los comisionados, que son los expedientes 349, 357, 372 y 452, todas fueron integradas a lo largo de 2019.

La primera denuncia fue presentada por la asignación de personal del Órgano de Control Interno, cuando no es su facultad legal de acuerdo con el expediente 349/2019; a esa denuncia se le sumó la 452, el Contralor Interno se quejó que no se había nombrado a un tercer colaborador para el área a su cargo.

En las denuncias con folio 357/2019 y 372/2019, se señaló a Yolli García Álvarez de desvío de recursos por la supuesta contratación de personal que cobraba jugosos salarios sin desempeñar su trabajo.

Se señaló a Mildref Guevara y Rogelio Torres de cobrar como auxiliar administrativo y Director de Transparencia, 12 mil y 17 mil pesos mensuales, respectivamente, sin presentarse a trabajar.

La denuncia 452/2019, se denuncia el delito de incumplimiento de un deber legal, al no integrar debidamente al órgano de Control Interno, cuyo titular es nombrado por el Congreso, incumpliendo las leyes que dan origen al Sistema Nacional Anticorrupción, vigente desde el 2017.

Excomisionado acusa chantaje

En su comparecencia, el pasado 22 de enero, el hasta hoy Comisionado Presidente, José Rubén Mendoza, aseguró que todas las querellas que presentó el Contralor Interno surgieron a raíz de su exigencia de tener un presupuesto de 3 millones de pesos, para operar la unidad a su cargo.

Ante diputados locales, aseguró que el Pleno podría cometer una irregularidad administrativa si se le daba ese recurso, por lo que solo se limitaron a acondicionar un espacio y nombrar a funcionarios para apoyarlo en su responsabilidad legal.

“En el oficio detalla que quiere tener control total de los tres millones de pesos. De esos un millón 200 mil pesos es para la nómina de tres personas y 200 mil pesos para rentar un espacio, además exigió pagos de luz y agua”, denunció ante los legisladores.

Acusó que el Contralor interno participó en el proceso de selección del titular del Órgano de Fiscalización Superior (Orfis), y usó la información de las denuncias para hacer campaña, violando la presunción de inocencia de los implicados.

AVC/Isabel Ortega

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