Nunca, en Veracruz, se había dado una situación en un ente constitucionalmente autónomo como la que acaba de acontecer en el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IVAI), donde tras la detención y el procesamiento penal de Yolli García Álvarez, cuyo periodo legal acababa de concluir el pasado 25 de marzo, renunciaron inmediatamente después los otros dos consejeros.

Así, pues, la única comisionada que queda momentáneamente a cargo del Instituto es Naldy Patricia Rodríguez Lagunes, una comunicadora que hasta febrero venía desempeñándose como titular de la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Gobierno y la cual fue designada apenas este jueves 26 por la LXV Legislatura local para tomar el asiento que durante seis años ocupó García Álvarez, quien una semana antes, tras su suspensión de funciones por el Órgano Interno de Control del IVAI, se quejó públicamente de “los constantes embates” de los que ha sido objeto la institución y sus comisionados, señalando que a partir de que el pleno del IVAI negó al titular del OIC “el incremento de salario y los millones de pesos que, argumenta, son necesarios para el desarrollo de sus funciones y que él debe administrar dada su autonomía, éste ha llevado a cabo diversos procedimientos en nuestra contra y ha filtrado a medios de comunicación documentación interna.”

La ex comisionada denunció que el interés de desestabilizar al IVAI “justo ahora” era porque en este momento comenzaba “el relevo de una vacante y se quiere construir un instituto a modo, que no sea incómodo, que no los obligue a entregar información, que les confirme sus reservas”, refiriendo que “hace meses que se viene manejando el nombre de la pieza clave, de la encargada de dirigir al Instituto para usarlo solo cuando sea necesario y solo contra los adversarios.”

García Álvarez afirmó que “el IVAI ha sido incómodo para este gobierno” porque “ha abierto procedimientos oficiosos contra servidores públicos por usar fotos de niños, por exhibir datos personales, y eso tampoco les gustó”, refiriéndose obviamente a los casos del secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos, y del titular de la Secretaría de Seguridad Pública del estado, Hugo Gutiérrez Maldonado.

Y dijo que “el ataque a los comisionados, orquestado desde el OIC, y ayudado por quien tiene interés en llegar y algunos otros aliados, no es más que una agresión a su autonomía, un movimiento para tomarlo por asalto y hacer de este un organismo manejable.”

Sin embargo, a la par de estos señalamientos, también trascendió que García Álvarez y los comisionados renunciantes José Rubén Mendoza Hernández y Arturo Mariscal Rodríguez heredaron un desastre financiero y administrativo, pues no sólo habrían dejado pendiente el pago de laudos laborales por aproximadamente 20 millones de pesos, sino también del arrendamiento del edificio que ocupa el IVAI en la zona norte de Xalapa, cuya deuda ascendería a 2.5 millones de pesos, además de los procesos jurídicos rezagados desde cinco años atrás, algunos de los cuales habría resuelto recientemente el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI).

Ahora, tal como deberá hacerse también con la Fiscalía General del Estado –tras la suspensión definitiva del ex titular, el abogado yunista Jorge Winckler Ortiz–, la LXV Legislatura local deberá emitir una nueva convocatoria para designar a otros dos comisionados del IVAI para ocupar las vacantes que dejaron Mariscal Rodríguez y Mendoza Hernández, éste último presidente del Instituto que, al igual que Yolli García, había sido suspendido de sus funciones por el Órgano Interno de Control.