Prefacio.
Aún antes de que concluyera el período para el que fue elegida Yolli García como comisionada del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IVAI), ya los conflictos en ese organismo autónomo se habían salido de control. *** Hoy el IVAI está desmantelado y de los tres comisionados que lo integran, sólo una -la que apenas rindió protesta la semana pasada- está en funciones. *** La actuación del titular del Órgano Interno de Control (OIC), Alfonso Vázquez Trejo, ha puesto en duda la pertinencia de dotar a esa oficina con más autoridad de la que se requiere y generó tal clima de confrontación, que el Instituto quedó desmantelado. *** Los propios comisionados del IVAI presentaron una demanda de inconstitucionalidad en contra de la reforma al Artículo 115 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, luego de que el Congreso del Estado dotara de “autonomía técnica y de gestión” a los órganos internos de control (OIC) de este y otros organismos. *** Desde su óptica el Congreso no revisó el marco normativo, pues tal reforma vulnera distintas disposiciones, ya que establece la autonomía de un área del Instituto, lo que contraviene de manera directa la autonomía constitucional conferida al IVAI. *** “Esto supondría la coexistencia de dos autonomías distintas en un mismo ente, lo que debe ser motivo de estudio por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la autonomía y la naturaleza jurídica de los órganos autónomos”, argumentaron. *** La Ley de Transparencia establece en los artículos 89, 90 y 98, que el Instituto estará integrado por tres comisionados, que el Pleno es el órgano superior de dirección que ratificará los nombramientos realizados por el comisionado presidente de los servidores públicos de la estructura orgánica y que entre las áreas administrativas que dependerán de la presidencia se encuentra, justamente, el Órgano Interno de Control. *** Hay quienes aseguran que los comisionados (hoy ya fuera del Instituto) incurrieron en derroches y otras irregularidades, nada de lo cual ha sido comprobado ante las instancias correspondientes. *** La percepción que deja hasta el momento, es que hubo un “asalto político” del Instituto, por parte de autoridades de muy alto nivel en el gobierno estatal, que se sintieron en riesgo ante la exigencia, por parte del IVAI, de revelar información que las afectaba. *** ¡Cuidado! Se corre el riesgo de ceder ante el autoritarismo de grupos facciosos en el gobierno.
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Fue uno de tantos negocios ilícitos nacidos bajo la sombra de gobiernos corruptos. Floreció por la segunda mitad del gobierno de Fidel Herrera, cuando el apogeo económico (conseguido esencialmente con la bursatilización del impuesto a la tenencia vehicular) fue a la baja. Muchos de los compromisos que tenía la administración estatal con proveedores y contratistas empezaron a rezagarse.
Esa situación obligó a los responsables de las finanzas en la entidad a cumplir de manera aleatoria algunos de los pagos y postergar los restantes.
Se daba preferencia, por supuesto, a los que encargaba el gobernador. Algunos de esos “encargos” los hacía personalmente, pero otros los hacía a través de sus auxiliares, de sus secretarios o de servidores públicos que en ese momento se encontraban cerca.
-¡Fulano! Ven. Te encargo el tema de nuestro amigo. No le han pagado desde hace varios meses y él siempre ha sido nuestro aliado. Llévalo con el Tesorero y dile que por instrucciones mías se le liquide lo más pronto posible.
Así empezaron a surgir los “gestores”, funcionarios cercanos al gobernador que se dejaban pedir, en principio “el diezmo”, pero luego lo cambiaron por “la quinceañera”, e incluso “el ventilador”. Esto es, el 10, el 15 y hasta el 20 por ciento de lo que se pretendía cobrar.
-Es un encargo del Jefe. Está juntando recursos para las elecciones. Pero yo le informo de tu disposición para apoyar y seguramente ya no tendrás más retrasos en tus pagos.
Y si los acreedores tuvieron problemas para cobrar con Fidel Herrera, en el gobierno de Javier Duarte fue el colmo. Por lo tanto, los “gestores” crecieron en número y las comisiones igual.
En el bienio de Miguel Ángel Yunes Linares esta práctica continuó, aunque con algunas variantes. Si el acreedor era señalado de ser “cómplice” del duartismo o el fidelismo, entonces la cuota de recuperación era astronómica, impagable y, por añadidura, se iniciaba una persecución judicial que prácticamente obligaba a los empresarios a cerrar sus negocios y abandonar la entidad.
No todos los empresarios que tienen cuentas por cobrar con el gobierno, votaron por Cuitláhuac García, es cierto, pero sí una buena parte, en especial cuando percibieron que Pepe Yunes se iba rezagando en las encuestas.
Votaron por Cuitláhuac García porque creyeron en la historia de la “cuarta transformación”, en el discurso contra la corrupción y contra la “mafia del Poder”, y sin embargo, desde los primeros meses de gestión se dieron cuenta que el panorama no se había modificado ni un ápice.
Fidel Herrera regateó el pago a proveedores de facturas del gobierno de Miguel Alemán, con el argumento de que revisarían caso por caso para confirmar que se trataba de operaciones lícitas. Javier Duarte hizo lo propio con los acreedores del fidelismo; Miguel Ángel Yunes Linares tambipen sometió a exhaustivas revisones todas las cuentas por pagar y amenazó con meter a la cárcel a quien pretendiera engañarlo.
Hoy, para explicar las razones por las que no han cumplido los compromisos de pago, Cuitláhuac García advierte que “se sigue revisando la validez de los contratos”.
En la actualidad, si un empresario quiere recuperar los pagos que están pendientes, “se tiene que formar” con un funcionario de alto nivel en la Secretaría de Finanzas. Los “moches” son de las mismas dimensiones que antes.
Muchos de los empresarios vieron con buenos ojos el anuncio del secretario de Finanzas, José Luis Lima, en el sentido de que se contrataría un servicio de factoraje con una institución bancaria para liquidar esas deudas. Ya la gestión se hizo con el grupo financiero Afirme, que abrió una línea de crédito hasta por 300 millones de pesos y ha sido la contingencia del Covid-19 lo que ha impedido que ese acuerdo se aterrice.
¡Ah! Por cierto. El banco se queda con 25 centavos por cada peso que recuperan los acreedores.
Nomás cambian de antifaz, pero todos –sin excepción- son unos rateros.
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Epílogo.
Y distraídos por las medidas para hacer frente a la pandemia, poco se ha escuchado de los militantes de Morena sobre la ya próxima renovación de su directiva estatal. Suena fuerte la dupla que integran Esteban Ramírez Zepeta y Juan Javier Gómez Cazarín. Ojalá con ellos ese partido salga de la parálisis en el que lo ha mantenido el “encargado del despacho”, Gonzalo Vicencio Flores. *** El Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) se sumó a las acciones de los gobiernoe federal y estatal para evitar la propagación del virus Covid-19. Delia González Cobos, auditora general, suspendió las actividades laborales desde el pasado viernes, hasta el 17 de abril. También anunció que se aplaza para el 30 de abril la fecha límite de presentación del Programa General de Inversión para el Ejercicio 2020. *** La presentación que deben hacer los Ayuntamientos y entidades paramunicipales del Primer Reporte Trimestral de Avances Físico-Financieros se podrá realizar de manera conjunta con el Segundo Reporte Trimestral, a más tardar, el 25 de julio. *** Para la entrega de las Cuentas Públicas 2019, la fecha límite, que era el 30 de abril, se cambió para el 15 de junio. Todas estas medidas fueron autorizadas por el Congreso del Estado, debido a la emergencia sanitaria nacional. *** También se concedió al Orfis una prórroga para la entrega de los Informes Individuales y el Informe General Ejecutivo de la Cuenta Pública 2019, mismos que deberán remitirse al Congreso, para su estudio y dictamen, a más tardar el 15 de noviembre y no el primero de octubre.