Sin contar con las observaciones que deriven del manejo de los recursos federales, los funcionarios del gobierno de Miguel Ángel Yunes en Veracruz deberán responder por dos centenas de denuncias por presuntas irregularidades.

Este lunes, diversos medios informativos locales, como el portal de noticias Al Calor Político, dieron cuenta del documento divulgado por el Órgano de Fiscalización Superior del Estado, ORFIS, sobre las denuncias derivadas de las auditorías a los ejercicios 2017 y 2018.

El ORFIS dio a conocer que hay 19 denuncias que corresponden a las auditorías practicadas a diversas dependencias durante el ejercicio 2017; esos procesos representan un presunto daño patrimonial por más de 330 millones 666 mil pesos.

Ese año, en la lista de las dependencias con más irregularidades detectadas se encuentran el Ayuntamiento de Cosamaloapan, que enfrenta observaciones por 121 millones 245 mil pesos; el Instituto de Espacios Educativos, con observaciones por más de 71 millones; y los Servicios de Salud en el Estado, con dos denuncias, una por 71 millones 654 mil pesos y la otra, por 10 millones 322 mil.

También se encuentran los ayuntamientos de Papantla, Tierra Blanca, Citlaltépetl y Cuichapa, así como los institutos tecnológicos de Pánuco, Perote y Las Choapas, la Universidad Tecnológica del –Sureste de Veracruz y la Politécnica de Huatusco.

Entre todas esas instancias, las denuncias superan los 330 millones de pesos.

Esas denuncias se suman a la presentada por el ORFIS ante la Fiscalía Nacional Anticorrupción de la Fiscalía General de la República, por el tema de las cámaras de videovigilancia, más de mil 44 millones de pesos.

No es todo: ha trascendido que en el seguimiento a las auditorías al ejercicio 2018, están en proceso otras 180 denuncias; 47 corresponden a dependencias del Poder Ejecutivo; y 132 a igual número de ayuntamientos veracruzanos; además, hay dos procesos contra entes paramunicipales.

Exceptuando a los 132 ayuntamientos en problemas, sólo en el Poder Ejecutivo de Veracruz se detectó un presunto daño patrimonial de más de 3 mil millones de pesos, por los que deberán responder tanto en ex gobernador como sus funcionarios y responsables del manejo de los recursos, de tal manera que los ex titulares de las secretarías de Finanzas, Educación, Desarrollo Social, Infraestructura y Obras Públicas, Seguridad, y Gobierno, así  como de la Coordinación de Comunicación, Contraloría y Programa de Gobierno durante 2018, tendrán que aclarar el tema del manejo de los recursos.

De esa manera, se habla en total de casi 200 denuncias penales: 19, que corresponden al presunto daño patrimonial de 2017; y 180, que tienen su origen en las revisiones al ejercicio 2018.

Con esos señalamientos  por presuntos actos de corrupción terminó el bienio de Yunes Linares, quien llegó a la gubernatura en 2016, generando expectativas tras las reiteradas denuncias contra su antecesor, Javier Duarte.

Quién lo hubiera dicho en 2016; Miguel Ángel Yunes, quien ganó la elección asumiéndose como el justiciero, terminó su periodo en un mar de acusaciones, señalamientos y denuncias por presunto daño patrimonial. @luisromero85