El coronavirus (Covid-19) ya está teniendo un extraordinario uso político y electoral en Veracruz. Y no solo eso: ante la inminencia del proceso electoral de 2021, el gobierno de Morena no solo tratará, en el Congreso local, de limitar las actividades de los partidos políticos mediante una arbitraria “reforma electoral” que solo apuesta a reducir en casi 500 millones de pesos el presupuesto destinado a partidos políticos, mientras el gobierno estatal y federal mantienen el dispendioso uso de recursos públicos para programas sociales con una aviesa intencionalidad proselitista.

El presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho que seguirá en su permanente campaña electoral, reuniendo a miles en plazas públicas, abrazando a seguidores, besando a niñas y tomándose selfis  en atiborrados auditorios y plazas públicas, sin importar el doble mensaje que invalida las medidas de confinamiento y distanciamiento social que, por otra parte, han sido postergadas una semana más.

¿A qué acude el presidente Andrés Manuel López Obrador a actos masivos? A repetir frases torpes sobre su muy particular análisis de la realidad nacional e internacional, a inflar el espíritu de sus seguidores, a alertarlos de que vienen tiempos electorales en que hay que votar por Morena. Lo hace derrochando recursos públicos cada vez más necesarios para, al menos, la atención en salud, sobre todo en tiempos tan impredecibles y difíciles por la inminencia del contagio masivo por Covid-19.

En la aldea, ante la desesperación porque parece hundirse el apoyo popular a la fórmula morenista, han saltado signos de autoritarismo que quienes hoy gobiernan por mucho tiempo dijeron combatir, y se cierne sobre la convivencia democrática la amenaza de maniatar a los opositores quitándoles dinero que supuestamente se destinarán al combate de la pandemia en puerta.

El año pasado, la Secretaría de Salud no tuvo empacho en “ahorrar” 600 millones de pesos gracias a decisiones de un troglodita como el pediatra Roberto Ramos Alor, titular de la SS, derivado de lo cual miles de veracruzanos fueron infectados por el dengue y al menos 50 fallecieron, según el registro oficial de la Secretaría de Salud federal. En diciembre pasado, el propio Ramos Alor dijo que había logrado un ahorro de 600 millones de pesos en 2019 debido a una política de austeridad y transparencia.

Mientras el recomendado de Rocío Nahle, quien quiere ser gobernadora de Veracruz, se desentendía de la atención del mortal dengue, hoy quiere más dinero para atender la emergencia del Covid-19, pero parece que la orden de López Obrador es quitar a todo (partidos, universidades públicas, programas productivos, infraestructura) para atender una crisis que no quisieron prever, para no disminuir la sangría presupuestal destinada a financiar programas clientelares crecientes.

Y digo autoritarismo porque, aunque todo indicaba que debían suspenderse eventos masivos como Cumbre Tajín en el ámbito local, se prefirió reprimir salvajemente a campesinos que demandaban atención, algo que no está en la capacidad de los actuales funcionarios, para que iniciara un festival que, dos días después, debió ser cancelado por el minúsculo aforo de que tiene memoria este festival, ya echado a perder por el gobierno actual, bajo el pretexto del Covid-19.

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El autoritarismo de Zenyazen

Luego ha venido la torpeza de las autoridades educativas encabezadas por Zenyazen Escobar, quien se promueve para que sus más abyectos seguidores lo alaben como el mejor Secretario de Educación porque, según dicen, tiene el proyecto de postularse a gobernador en 2024.

Obligado a seguir las órdenes de Esteban Moctezuma, titular de la SEP (también señalado de una licenciatura fraudulenta), de suspender labores escolares en todos los niveles del 20 de marzo al 20 de abril, como si el problema del contagio pudiera ser postergado, el titular de la SEV no ha podido explicar por qué esperar y por qué los maestros deben seguir acudiendo aún sin estudiantes.

Por una extraña razón, los municipios de Veracruz, Boca del Río, Medellín de Bravo y Alvarado fueron declarados en suspensión desde este martes 17, posiblemente porque los alcaldes panistas de la zona conurbada amenazaron con antelación de que lo harían unilateralmente.

Vamos, hasta el Poder Judicial, por decisión unánime del Pleno del Tribunal Superior de Justicia, determinó este martes la suspensión de labores a partir del miércoles 18 de marzo, “como medida para salvaguardar la integridad de todos los integrantes”, según reza el Comunicado 02/2020 firmado por la Magistrada Sofía Martínez Huerta, Presidenta del TSJ.

Este martes, sin embargo, para que nadie más se saliera del control, el titular de la SEV ha advertido a los alcaldes de Orizaba y Lerdo de Tejada de que no están facultados para adelantar la suspensión de clases y, olvidando su etapa de bloqueador de escuelas y calles cuando se montó en el movimiento magisterial, dijo que el patrón de los maestros es el Gobierno del Estado, por lo que sólo Cuitláhuac García podía ordenar dicha suspensión.

No sabemos qué pasa en Lerdo de Tejada, pero sí hemos conocido las acciones emprendidas por el ayuntamiento de Orizaba, que encabeza Igor Fidel Rojí López (postulado por el PRI), para adelantarse en la protección de su población ante la amenaza de la pandemia, con acciones que ninguna autoridad estatal o federal había tenido la precaución de asumir.

De Orizaba nos han llegado videos de cómo los autobuses de pasajeros son desinfectados antes de iniciar la prestación del servicio, mientras el gobernador Cuitláhuac García Jiménez esperaba obediente la orden de su jefe López Obrador para empezar a hacer declaraciones sobre lo que haría su gobierno, aunque la suspensión de clases parece lo único visible hasta el momento.

¿Qué les ha dicho Zenyazen? Que no. ¿Por qué? “Lo digo porque el estado es el patrón de los maestros y el alcalde no ve el pago de la nómina; no puede ningún Ayuntamiento suspender clases”. ¿Y si las suspende mediante la obstrucción de los accesos a las escuelas mediante elementos de la policía municipal, qué hará el gobierno estatal?

Y otra pregunta necesaria en el contexto del Covid-19: ¿Qué va a hacer su gobierno para apoyar, en su momento, a quienes deban cerrar temporalmente sus negocios para que no quiebren, o para respaldar a quienes se dedican a actividades económicas o remunerativas en espacios públicos para que no se mueran de hambre una vez instaurado el distanciamiento social? No se ha escuchado nada.

Tampoco de parte del gobierno federal. Este martes, el presidente Andrés Manuel López ha dicho muy claramente que no tiene ningún propósito de instaurar medidas como incentivos fiscales o apoyos directos a las empresas, y solo ha repetido una monserga que no ha cumplido en lo que lleva de presidente: que destinará recursos a la inversión pública en infraestructura? ¿Alguien sabe, a casi 16 meses de gobierno, qué obra de infraestructura ha inaugurado en el país?

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El programa de obras de la 4T, ¿qué tiene para Veracruz?

En noviembre pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó la primera parte del Plan de Infraestructura que se realizaría de la mano con la Iniciativa Privada (IP) y que alcanzaría los 859 mil millones de pesos con 147 proyectos.

De las 147 obras, 72 se tienen contempladas para que se inicien y terminen en el 2020 mientras que 41 serán para el lapso 2021-2022 y 34 para el 2023-2024.

Como en todos los anteriores sexenios, prácticamente nada está diseñado para el estado de Veracruz. Una de las obras contempladas es el libramiento periférico de la zona conurbada de Córdoba–Orizaba–Ciudad Mendoza, con una inversión de 5 mil 568 millones de pesos a ejercerse en 2023-2024.

Pese a la insistencia del gobernador Cuitláhuac García Jiménez, el gobierno federal no contempla el tren interurbano de Xalapa, y tampoco ha incorporado la modernización del aeropuerto El Lencero.

Al menos en ese paquete de obras los veracruzanos prácticamente nada podemos esperar como para reactivar la economía estatal, tan tirada al desastre y con riesgo de irse cada vez más en picada por la crisis que extenderá la pandemia.

Si acaso, en 2020, para el Puerto de Veracruz la Terminal Multimodal “El Dorado” 5, con una inversión de mil 706 millones de pesos, y las Nuevas Terminales Especializadas: de granel agrícola, granel mineral, fluidos, multipropósito en API Veracruz, con una inversión estimada en 4 mil 800 millones de pesos.

Además, una inversión de 16 mil 500 millones pesos para el Sistema de Terminales Sirius Tuxpan–Hidalgo para la importación, almacenamiento y distribución de petrolíferos, programada para 2023-2024.

De manera que no se ve la gestión de nuestro gobernador ante un gobierno federal supuestamente muy cercano, pero que más bien parece cargarle la mano para que pague deudas heredadas que si al SAT, que si al ISSSTE, y nos da la impresión que también para ahorrar (ahora en prerrogativas a partidos políticos) y colaborar con los 3 mil 500 millones de pesos que el subsecretario Hugo López-Gatell ha dicho que necesitará México para afrontar la emergencia de salud por el coronavirus.

Es una cifra que, amargamente, contrasta con los 200 mil millones de euros (más de 5 billones de pesos) que el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ha anunciado para amortiguar el impacto de la crisis del coronavirus, y que representan casi el 20% del PIB del país ibérico.

Pinche desgracia de vivir en un estado que el presidente López considera su segunda patria, y al que trata como su letrina.

Frases sin disfraces

“En los momentos de crisis, solo la imaginación es más importante que el conocimiento”. Albert Einstein

Comentarios: belin.alvaro@nullgmail.com

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