Aunque hay varios ex priistas con cargos menores en la administración estatal de MORENA, pero la mayoría de los funcionarios del Gobierno del Estado -comenzando por el gobernador Cuitláhuac García Jiménez- proviene de esa persistente oposición que durante los más de 70 años que ininterrumpidamente gobernó el PRI en Veracruz y en el país tuvo que padecer todo tipo de fraudes electorales, coacción y abusos de su aparato represivo de poder.

Por eso cuesta trabajo creer que en el proceso electoral de 2021 –en el que aparte de renovar los 212 ayuntamientos del estado y la Legislatura local serán electos 20 diputados federales de mayoría relativa–, el nuevo partido gobernante pudiera recurrir a los mismos excesos y triquiñuelas del pasado para imponerse en las urnas, tal como empiezan a denunciar sus adversarios, como Rogelio Franco Castán, ex secretario de Gobierno y ex dirigente estatal del PRD.

Sin embargo, hasta ahora, se vienen dando malos indicios que abonan a esa preocupante percepción.

Y es que ha trascendido que Esteban Ramírez Zepeta, quien hasta diciembre de 2019 se desempeñó como Jefe de la Oficina del Gobernador y luego pasó a ser coordinador de asesores del mandatario veracruzano, está por asumir formalmente la dirigencia estatal de MORENA.

La promoción de este joven politólogo nativo de Las Choapas es natural por ser uno de los hombres de confianza de Cuitláhuac García.

Pero quien en realidad se encargará de la «operación política» para asegurar el avasallamiento en el proceso electoral de 2021 será el diputado Juan Javier Gómez Cazarín, quien como líder del grupo legislativo de MORENA y presidente de la Junta de Coordinación Política de la LXV Legislatura local ha puesto en marcha ya, coludido con la Fiscalía Anticorrupción, una estrategia persecutoria para intimidar a la oposición.

Los primeros casos fueron los del diputado local independiente de Misantla, Erik Iván Aguilar López, y el del alcalde y síndica de Actopan, ambos del PAN, José Paulino Domínguez Sánchez y Lucero Jazmín Palmeros Barradas, desaforados y sujetos a proceso penal la semana pasada.

Pero a diferencia del suplente del desaforado ex legislador nativo de Alto Lucero, el cual fue llamado de inmediato para que rindiera protesta y ocupara la curul en esa misma sesión legislativa, en el caso del ayuntamiento actopeño aún no han tomado posesión los suplentes de los ediles panistas destituidos. Inclusive José Alfredo López Carreto, quien debía suceder a Paulino Domínguez en la alcaldía, renunció anticipadamente al cargo «por motivos personales» al enterarse que la Fiscalía procedería también en su contra.

¡Cómo da vueltas la vida! ¿Acaso al diputado Gómez Cazarín ya se le olvidó que hace menos de cuatro años, en diciembre de 2016, el tesorero municipal de Hueyapan de Ocampo, su tierra natal, renunció luego de que cuatro de los cinco regidores del ayuntamiento lo denunciaron ante el ORFIS y el Congreso local por presuntos desvíos? El tesorero era Juan «Yona» Gómez Martínez, su papá.

‘Resuelve’ FGE crimen de periodista

Ayer, el gobernador Cuitláhuac García dio a conocer que se libró otra orden de aprehensión contra el desaforado alcalde de Actopan, José Paulino Domínguez Sánchez, pero ahora por la presunta autoría intelectual del crimen del periodista Jorge Celestino Ruiz Vázquez, asesinado en agosto del año pasado.

A ver si al mandatario veracruzano no lo está embarcando la Fiscalía General del Estado, pues todo hace suponer que el ex munícipe, quien desde la semana anterior, tras su desafuero por los delitos de peculado e incumplimiento de un deber legal, se dio a la fuga, podría resultar ser mero «chivo expiatorio».

Y es que resulta extraño que Domínguez Sánchez no haya sido detenido antes  por este homicidio, si desde hace más de cuatro meses fue aprehendido Facundo «N», uno de los presuntos autores materiales del crimen del periodista.

Sin embargo, en Actopan casi nadie cree que haya sido el ejecutor del alevoso asesinato, pues Facundo «N», de 54 años de edad y quien es vecino de la congregación de Ídolos, donde atiende una tienda de abarrotes, padece artritis reumatoide-deformativa, sus pies están deformados, camina cojeando y con sus manos artríticas difícilmente podría manipular una arma.

¿Si su detención se dio desde el 8 de noviembre pasado, por qué no procedieron de inmediato en contra del ex alcalde? ¿Acaso el cargo de homicidio se lo están imputando por la presión que comenzó a hacer el Comité Ejecutivo Nacional del PAN por el polémico proceso de revocación de mandato que la Fiscalía Anticorrupción le instrumentó al ex munícipe y a la ex síndica Lucero Jazmín Palmeros Barradas, a la que no les han permitido ver en el reclusorio de Pacho Viejo?

Ojalá que tampoco se trate de una «caja china» para distraer a la opinión pública por el reciente atentado que acaba de sufrir la directora editorial del diario La Opinión de Poza Rica, Mireya Ulloa.

El crimen del reportero Celestino Ruiz se debe esclarecer, pero de manera impecable, con pruebas fehacientes, sin dudas ni suspicacias de índole política.