El domingo antepasado, 1 de marzo, fue reportada una caravana de casi 500 vehículos que transitaban por la autopista La Tinaja-Cosoleacaque hacia Las Choapas.

A bordo iban alrededor de mil ganaderos, empresarios y ciudadanos de seis municipios veracruzanos –Acayucan, San Juan Evangelista, Minatitlán, Santiago Sochiapa, Hidalgotitlán y Jesús Carranza–, quienes ese día, en las instalaciones de la Asociación Ganadera de Las Choapas, se reunieron con productores de otras cuatro localidades oaxaqueñas, limítrofes con Veracruz, para anunciar la formación de un grupo de autodefensas.

De acuerdo con un video que circuló, los ganaderos y ciudadanos de esa región istmeña, «ante la falta de acciones del gobierno», acordaron unirse para no permitir más que la delincuencia les quite sus recursos que sólo fortalecen a esos grupos criminales.

Los productores, en voz de Adrián Carreño, ganadero de Las Choapas, dijeron estar hartos del robo de ganado, de las extorsiones y secuestros.

En dicha reunión se denunció que la violencia en Veracruz ya es insostenible, señalando que hay pueblos que han sido casi exterminados, en referencia a las fosas halladas recientemente en Playa Vicente, en las que aseguran había hasta 500 cuerpos.

Sin embargo, mandos de la Secretaría de Seguridad Pública del estado consideraron este evento como «propagandístico».

Y es que aducen que desde a mediados de diciembre de 2019 ya había sido reportada en esa misma región limítrofe de Veracruz y Oaxaca la formación de un grupo de autodefensas que se hace llamar «Pueblos Unidos Contra la Delincuencia», (PUCD), y que está integrado principalmente por ganaderos, mujeres e indígenas, el cual surgió para enfrentar desde entonces a los grupos criminales de Tierra Blanca, Las Choapas, Hidalgotitlán, Playa Vicente, Uxpanapa y Jesús Carranza, en territorio veracruzano.

De hecho, el secretario de Seguridad Pública de Oaxaca, Ernesto Salcedo, declaró el 18 de diciembre pasado que tenía conocimiento de este grupo de autodefensa, cuya actividad, dijo, era analizada en las mesas de seguridad del gobierno federal y puntualizando que sólo operaba en Veracruz.

Casualmente, el 12 de febrero, después del ataque a la base de la Guardia Nacional y Fuerza Civil en Ciudad Isla por la supuesta «base social» del Cártel Jalisco Nueva

Generación (CJNG), el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, se reunió con su homólogo de Oaxaca, Alejandro Murat, con el cual suscribió un acuerdo de seguridad para blindar la región fronteriza de ambos estados.

Los resultados de este blindaje comenzaron a verse dos semanas después –luego de la ejecución de un ganadero, su esposa y dos hijos–, al ser abatido el 29 de febrero Reynaldo «N», alias «El Quemado» o «El Pelón de Abasolo del Valle», jefe de plaza del CJNG tras la muerte de Leonardo Hernández, (a) El Brujo, asesinado el 27 de abril de 2018 en un palenque de gallos en Playa Vicente.

Y un día antes, el 28 de febrero de este año, también fue detenido, pero en Palenque, Chiapas, José «N», (a) El Chepe o La Chepina, jefe de plaza en Tuxtepec, Oaxaca, en los límites con Veracruz, el cual era hermano de «El Brujo», un poderoso capo protegido por influyentes funcionarios y líderes priistas en las administraciones de los ex gobernadores Fidel Herrera Beltrán y Javier Duarte de Ochoa, hasta que el Cártel Jalisco Nueva Generación se deshizo de él en el segundo año del corto mandato del mandatario panista Miguel Ángel Yunes Linares, quien a su vez encubrió a «El Quemado» como jefe regional del CJNG.