Por diferentes motivos, en los años recientes siete alcaldes veracruzanos han sido desaforados por el Congreso local.

El pasado jueves, tanto el presidente municipal como la síndica de Actopan, José Paulino Domínguez y Yazmín Palmeros respectivamente, perdieron la protección que representa el fuero; el alcalde está prófugo, en tanto que la mujer fue detenida el mismo día en que el Congreso local determinó separarla del cargo.

En sesión extraordinaria, la mayoría calificada de los diputados locales aprobó el dictamen de la Comisión Instructora, que valoró las pruebas presentadas por la Fiscalía Anticorrupción de Veracruz contra dichos ex funcionarios, señalados por presuntas irregularidades que van desde el abuso de autoridad hasta el daño patrimonial y el desvío de recursos.

Previamente, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción turno al Congreso del Estado la petición para revocar el mandato del alcalde y la síndica.

Posterior a ello, una vez que fue votado el desafuero, las autoridades en materia de procuración de justicia quedaron en la posibilidad de actuar, es decir detener, a los señalados.

El alcalde intentó articular una defensa, pero ello no fue suficiente.

En el caso de José Paulino Domínguez, el mayor problema no es el desaseo en el manejo de los recursos de su ayuntamiento (él culpa por ello a quienes ocuparon la Tesorería Municipal), sino los asuntos de carácter penal. Recordemos que el edil desaforado es mencionado en otras carpetas de investigación de la Fiscalía General del Estado.

Al final, el presidente municipal panista de Actopan se suma a una lista de siete ediles que han perdido el fuero en Veracruz en los años recientes:

Martín Padua Zúñiga era alcalde de Chinameca cuando en 2012 fue detenido en Minatitlán, acusado por haber participado en actividades de la delincuencia organizada. En el Congreso de Veracruz dictaron su desafuero y revocación de mandato. Aunque un par de años después logró resolver su situación legal, su periodo como al frente de dicho Ayuntamiento había concluido.

En octubre de 2013, Sara Luz Herrera Cano, alcaldesa de Alvarado, también panista, fue desaforada por el Congreso; a ella le acusaron por el presunto homicidio de su secretario particular; fue sentenciada a 30 años de cárcel, condena que sigue purgando.

Un par de años después, en 2015, la Legislatura de Veracruz desaforó a otro alcalde, en este caso el de Coatepec, Roberto Pérez Moreno, priista, a quien atribuían nexos con el crimen organizado. Jualeno, como le conocen en su tierra, era investigado por su presunta participación en el asesinato de su extesorero. Estuvo prófugo unos tres años y después reapareció aparentemente sin problemas.

Ese mismo año, 2015, el entonces presidente municipal panista de Medellín de Bravo, Omar Cruz Reyes, perdió la protección del fuero; al ex edil lo vinculan con el homicidio del periodista Moisés Sánchez Cerezo. Tras cinco años, no ha sido detenido.

Reveriano Pérez Vega, alcalde de Coxquihui, fue acusado por desobediencia y resistencia de particulares, abuso de autoridad y robo de vehículo. Fue desaforado por el Congreso local en octubre de 2017. Al líder de la banda conocida como “Los Pelones” lo detuvieron en Puebla, pero sólo estuvo una semana preso.

A esa lista de alcaldes que perdieron el fuero se suma José Paulino Domínguez, de Actopan, también panista; veremos si logra evadir la cárcel, como Juanelo o como Omar Cruz; o si, por el contrario, corre con la misma suerte de la alvaradeña Sara Luz Herrera, quien de cumplir toda la sentencia que le dictaron saldría de prisión en el lejano año de 2044.

@luisromero85

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